Escribe Claudio Funes

La situación de ajuste permanente a los trabajadores estatales de Chubut, que ya lleva varios meses, se agrava exponencialmente con la pandemia del coronavirus. 

Es por ello que, a través de los secretarios generales de diferentes sindicatos, se le envió una nota al gobernador peronista Arcioni el 26 de marzo. A continuación reproducimos los párrafos centrales:  

“[…] en virtud de la pandemia de COVID 19 que afecta a todos los pueblos de nuestro planeta, solicitamos a usted arbitre todos los medios posibles para suspender el pago de la deuda y sus intereses a los acreedores externos, privilegiando de este modo la salud y la alimentación del pueblo chubutense y el salario de los trabajadores estatales. […] Ante la situación de fragilidad en que nos encontramos inmersos los trabajadores estatales de Chubut, activos y jubilados, el constante retraso en el pago de nuestros salarios y la incertidumbre cotidiana de no saber en qué fecha podemos pagar nuestras deudas y realizar la compra de víveres para nuestras familias, que hoy más que nunca tiene el carácter de supervivencia frente a la cuarentena”. 

Los trabajadores estatales de Chubut cobran sus salarios en forma escalonada. Las fechas de depósito de sus haberes están en función del monto de sus ingresos. Recién el 27 de marzo el gobierno peronista confirmó el depósito de haberes de febrero al sector Salud (primer rango), mientras que a los integrantes del rango 2 -los que perciben entre 40.000 y 65.000 pesos- solo les acreditaron 10.000 pesos del sueldo que debieron haber cobrado hace tres semanas. Esta práctica del gobierno de Arcioni, de hambrear a los trabajadores estatales para pagar puntualmente la deuda externa de la provincia, lleva más de un año. 

Izquierda Socialista en el FIT-Unidad se solidariza con los trabajadores chubutenses y los acompaña en la exigencia del no pago de la deuda. 

Escribe José Castillo   

El primer paquete de medidas ante el coronavirus incluyó 700.000 millones de pesos. De ellos, la mitad se destinó a subsidiar a las empresas, supuestamente para que puedan pagar los sueldos y no despidan personal.

Así, se pusieron recursos del Banco Central como garantía para que los bancos ofrezcan créditos a tasas bajas a las empresas para que puedan financiar hasta el 100% de los salarios de este mes. Traducido: si luego esas empresas no pagan los créditos, lo hará el Estado, que sale de “garante”. Al mismo tiempo, las empresas quedan exceptuadas de pagar contribuciones y aportes patronales. Nuevamente la contrapartida es una mayor desfinanciación de la Anses. También hay exenciones y corrimientos de plazos para pagar impuestos y subsidios.

Además se facilitaron los trámites para masificar un mecanismo que se había inventado durante el kirchnerismo en 2009, los “repo”. De acuerdo con esto, una empresa puede pedirle al Estado que directamente le pague una parte del sueldo de sus trabajadores a cambio de no despedirlos.

En concreto, las patronales están recibiendo enormes “incentivos” (léase dinero del Estado para que cubran lo que dejan de ganar en estas semanas). Pero, como ya vimos en el caso de Techint esto no alcanza para que las patronales no estén planificando toda una ola de suspensiones y despidos en cuanto les resulte posible, así como una baja generalizada de salarios.

Estamos ante una auténtica emergencia sanitaria. Necesitamos todo el dinero posible para resolverla. No estamos de acuerdo con que una parte sustancial se despilfarre entregándosela a grandes empresas con la promesa de que así no se despedirá personal, cosa que, como vemos, luego no se cumple.

Las grandes empresas no deben ser subsidiadas. Al contrario, ellas deben aportar en la crisis con un impuesto especial a sus superganancias de años anteriores.

Escriben Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

La cuarentena impuesta por el gobierno nacional está siendo cumplida de buen grado por la enorme mayoría de la población. Esta medida es, sin embargo, insuficiente. El sistema de salud es el otro pilar donde se apoya la lucha contra la epidemia y es éste, precisamente, el punto débil de la política oficial pues presenta severos déficits de infraestructura, tecnología, insumos y recursos humanos en todas las especialidades debido a años de abandono y bajos presupuestos y que este gobierno no está dispuesto a resolver.

Tomemos como muestra las unidades de cuidados intensivos que se han vuelto tan necesarias en esta epidemia para tener cabal conciencia de las carencias. Los datos duros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) revelan que en el país hay 8.560 camas para adultos y 1.778 pediátricas, o sea 0,25 cama cada mil habitantes, exactamente la cuarta parte de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es una cada mil. De estas camas, solo el 60/70% poseen respirador, monitores y bomba de infusión, mientras que hay solo 1.900 médicos intensivistas para adultos. 

Lo mismo sucede con la enfermería: hay una cada tres o más camas y no una cada dos camas, como aconseja la OMS. Del total de camas, el 90% están siempre ocupadas por pacientes con enfermedades habituales pero complejas. Queda un 10% para ser utilizado en la pandemia. Claramente insuficientes.

Frente a este panorama de brutales carencias que abarca a la totalidad del sistema Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, convocó solamente a doscientos enfermeros jubilados, o sea, llamó a trabajar a una población de riesgo en plena pandemia. Ofreció solamente cincuenta cargos temporarios por tres meses de médicos intensivistas.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia, dice que incorporará 3.700 profesionales, también temporarios, de los cuales dos mil serán enfermeros, quinientos médicos intensivistas y el resto de otras profesiones. Muy alejado de lo que reclama la Cicop: restitución de las 2.500 vacantes profesionales perdidas con los sucesivos gobiernos, más el personal de enfermería faltante, que es, por lo menos, otro tanto.

La Cicop reclama también la protección integral del personal de salud: insumos como guantes, barbijos y protectores oculares adecuados, licencia para mayores de 60 años y embarazadas y otras medidas. Propicia la creación de comités de crisis en cada establecimiento -ya se han instalado en varios hospitales- para monitorear la emergencia, como la distribución de insumos.

La intención, tanto del gobierno nacional como de los de las distintas provincias, es cargar sobre las espaldas de los trabajadores de la salud la lucha contra la pandemia. Por eso se han negado a recomponer el valor de los salarios degradados por la tremenda inflación del año pasado y han ofrecido una especie de propina de 5.000 pesos durante tres meses, ligada al presentismo. Mientras que algunos sindicatos, como ATE, han presentado este bono como una conquista, Cicop lo ha denunciado como una maniobra y sigue reclamando paritarias para recomponer el salario.

1.      Triplicación del presupuesto en salud en todo el país

2.      Recomposición salarial de todo el personal a partir de un sueldo inicial igual a la canasta familiar fijada por el personal del Indec. Rechazo a los bonos temporarios por la duración de la pandemia

3.    Reposición de todas los vacantes existentes en el sistema público, que solo en la provincia de Buenos Aires alcanzan a 2500 profesionales. Incorporación automática a la planta permanente hospitalaria de la última promoción de residentes en todas las especialidades de salud. Rechazo a los contratos temporarios por la duración de la pandemia

4.      Provisión en calidad y cantidad de los insumos médicos necesarios para atender a la población en la actual pandemia

5.      Cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Especial cuidado del personal de salud que dispondrá en todo momento de los elementos protectores correspondientes.

6.      Cumplimiento estricto del licenciamiento de los mayores de 60 años, embarazadas y portadores de patologías de riesgo.

7.      Incorporar la infección por COVID 19 a la lista de enfermedades profesionales y su cubrimiento estricto por parte de las ART.

8.      Creación de comités de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores que entienda en los problemas de gestión de la emergencia, monitoree las necesidades y distribución de recursos y elabore protocolos donde no los hubiera.

9.      Nacionalización de clínicas, sanatorios y laboratorios privados bajo gestión estatal y control de sus trabajadores

10.  Nacionalización de la producción y distribución de insumos médicos, medicamentos, sueros y vacunas para enfrentar la epidemia. Suspensión de la vigencia de patentes internacionales que cubren insumos necesarios para enfrentar la epidemia.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo pasado la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios privados aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal 2.000 camas, 9 laboratorios y varios miles de trabajadores de salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el COVID 19 habían sobrepasado la barrera de los 1.000 casos entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.

La drástica medida tomada por el gobierno irlandés pone en primer plano un tema crucial: la escasez de recursos para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en Italia a fines de marzo había 26.000 internados de los cuales 3.800 estaban en terapia intensiva. Mandar a los más ancianos a morir en su casa es la triste solución implementada ante el ajuste económico que en diez años sustrajo a la salud 37.000 millones de euros.

Nuestro país después de años de desinversión y ajuste no escapa a esta degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja 8 camas cada 1.000 habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5 pero, La Matanza solo 1 cama cada 1.000 habitantes.

Esta falta de camas debe solucionarse como en Irlanda. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios. Este enorme aflujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado permitiría encarar acciones que hoy parecen imposibles como la extensión del testeo y la internación y aislamiento de infectados.

El Hospital Italiano niega la cuarentena a sus trabajadores, de los cuales ya hay 10 infectados; el Sanatorio Güemes obliga a trabajar sin protección a sus empleados. En plena pandemia, la Confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrontar los gastos”, silenciando que en conjunto deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses. Nacionalizarlos bajo control de sus trabajadores será un gran beneficio.

Asistimos, por otra parte, a un encarecimiento de insumos en todo el mundo, incluida la Argentina. En Inglaterra una empresa fabricante de kits para test rápido de COVID 19 aumentó en días el precio en un 70%. Cepheid, la principal productora mundial, vende el test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares.

Entre nosotros los precios de insumos médicos en general subieron en el primer trimestre 22%, pero los insumos para coronavirus lo hicieron en un 83% en promedio; en el podio del aumento especulativo se ubican los barbijos con un incremento del 255%. En cuanto al alcohol en gel, que subió un 34%, se supo hace dos semanas de una maniobra de acaparamiento y especulación por parte de la cadena Farmacity que desabasteció sus locales de venta del producto y los ocultó en un galpón de acceso cerrado a las autoridades.

Frente a estas maniobras patronales el gobierno debe nacionalizar la producción y distribución de insumos médicos y, además, suspender la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que lo impidan, de todas los tests, vacunas, medicamentos e insumos necesarios para enfrentar la pandemia.