Las grandes patronales se aprovechan de la crisis para despedir, suspender, subir precios y conseguir mayores subsidios del gobierno. Son los “vivos” a los que hay que castigar. Las medidas del gobierno.

Escribe José Castillo

Una parte mayoritaria de la clase trabajadora cumple en su casa la cuarentena por el coronavirus. Otro sector sale diariamente a atender en hospitales, servicios comunitarios, a producir o distribuir mercaderías básicas como alimentos o artículos de limpieza. Se multiplican las muestras de solidaridad en los barrios, visibles en los masivos aplausos a los trabajadores de la salud, que se repiten cada noche.

Del otro lado, la conducta de las patronales empresarias es exactamente la opuesta. Desde los casos más aberrantes, como el de Techint, que intentó despedir 1.450 trabajadores, hasta los que aprovechan para bajar los sueldos (planteando que no pueden pagar el 100%). Y ni qué hablar de aquellos que no les dan a sus propios trabajadores los elementos mínimos de seguridad e higiene, poniéndolos en serio riesgo ante la pandemia. Se da el caso, incluso, de empresas que hacen pasar por “actividades esenciales”, que no lo son, tareas de montones de trabajadores, obligándolos a concurrir a sus lugares de trabajo y, una vez más, poniéndolos en riesgo a ellos y a sus familias.

A esto sumémosle las cadenas de híper y supermercados que aprovechan para aumentar indiscriminadamente los precios, burlándose abiertamente de los “precios máximos”, o acaparan productos de primera necesidad, como se descubrió que hacía la cadena Farmacity con el alcohol en gel.

El gobierno de Alberto Fernández ha minimizado todos estos casos planteando que se trataría de excepciones. “Hay que castigar a los vivos”, afirmó.

Los verdaderos “vivos” son los grandes empresarios que hacen todas esas cosas que citamos más arriba. Y a los que el gobierno no sólo no castiga, sino que les destina la mayor parte del dinero que teóricamente debe dirigirse a la emergencia, con la excusa de que “así se cuidan los puestos de trabajo”. Ahí termina yendo el grueso de la plata, en subsidios estatales para que paguen salarios, en créditos “blandos”, en exenciones al pago de aportes patronales, en moratorias impositivas. Y ni qué hablar de los más grandes “vivos” de todos, los acreedores de la deuda externa, que esta semana cobrarán 250 millones de dólares en efectivo.

Mientras tanto los trabajadores de la salud reclaman más elementos básicos, para lo que se requiere una inyección enorme de nuevos recursos con destino a atender la pandemia, tal como bien denuncia la Cicop. Amplios sectores populares que vivían al día trabajando en negro o haciendo changas ahora deben esperar para terminar sobreviviendo todo el grupo familiar con una “ayuda de 10.000 pesos”. Y el grueso de la clase trabajadora sigue viendo cómo se pulverizan los salarios con el nuevo salto de los precios.

No alcanza con apelaciones a la supuesta buena voluntad, como hizo el gobierno con Techint. La solución es otra, esta crisis la tienen que pagar los capitalistas, no los trabajadores. la indignación popular ante el caso Techint obligó al gobierno a prohibir por 60 días las suspensiones y lo despidos: un importante triunfo para el pueblo trabajador. Hay que obligar a las patronales a pagar el 100% de los salarios. Las grandes empresas, los bancos, todos los que hicieron superganancias en el pasado inmediato deben aportar con impuestos especiales ante la emergencia. Y, sobre todo, debe suspenderse inmediatamente el pago de la deuda externa poniendo todos esos recursos al servicio de lo requerido para atender la pandemia.  

Escribe Guido Poletti

Con la excusa de la crisis del coronavirus, cada vez son más las empresas que empiezan a plantear rebajas salariales. Lo hacen con distintos mecanismos, que van desde pagar “ahora” el 50% del salario y el resto más adelante, suspender personal pagando una sola parte del sueldo, no cumplir con los adicionales o bonificaciones, o directamente “rebanar” un porcentaje del salario. 

Es el caso de las automotrices, que se amparan en planes de suspensiones. O Latam, que informó que parte de sus trabajadores cobrarán apenas el 50% de su salario. Las empresas de medios audiovisuales Polka y América también anunciaron que van a pagar el sueldo en dos cuotas. La situación empieza a generalizarse. Incluso entre los estatales se empieza a hablar de recortes salariales: La Voz del Interior anunció que en Córdoba se estudian bajas de hasta 30%. En la provincia de Buenos Aires, municipios como Ituzaingó y Exaltación de la Cruz ya “picaron en punta” anunciando que no pueden pagar los sueldos. 

Se está lanzando una auténtica campaña desde las patronales para que se bajen los salarios con la vergonzosa complicidad de la burocracia sindical (el propio Daer llegó a aceptar que el tema “está en estudio”, aunque  después debió desdecirse por el repudio que ello ocasionó). 

Cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos

En ese marco, el pasado lunes 30 de marzo se produjo un cacerolazo en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires pidiendo que los políticos se bajen los sueldos. También se sintió en algunos lugares del interior, como en Córdoba. El cacerolazo se monta en la bronca popular contra los altos salarios de los políticos frente al robo a los jubilados y la miseria creciente. Todo esto agudizado por la pandemia del coronavirus. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando desde siempre que todos los legisladores y demás funcionarios del gobierno deben cobrar el salario de un docente.  En eso no hay debate con nosotros. Pero debemos advertir que el cacerolazo fue organizado por sectores reaccionarios que responden a los intereses de las grandes empresas y multinacionales. Y que forma parte de toda esa campaña lanzada con el objetivo de que se plantee un recorte generalizado de los salarios, con la excusa que de otra forma lo que seguirá serán despidos en masa.  

Nueva ola de despidos

El caso de los 1.450 trabajadores que intentó despedir la multinacional Techint puso sobre la mesa una cuestión que venía sobrevolando desde días anteriores: empresas que aprovechan la crisis para despedir personal (en algunos casos, la mayoría de su plantel). Amparándose en la excusa legal de una situación de “fuerza mayor”.

No se trató nada más de Techint. La semana pasada la cadena Cinemark Hoyts (empresa que el año pasado reconoció ganancias por 3.300 millones de dólares) avisó por teléfono el despido a sesenta de sus trabajadores. También se verificaron despidos masivos en Norcenter y GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas que llegó a echar a trabajadores que hasta el día anterior estaban en la primera línea de la exposición al coronavirus. A esto hay que sumarle otros en el personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de quioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet del aeropuerto de Ezeiza. 

¡Ninguna rebaja salarial! ¡Que se pague el 100% de los salarios! ¡Prohibir suspensiones y despidos!

Las empresas ganan millones a costa del sacrificio de sus trabajadores. Ahora el gobierno llama a “su buena voluntad” para que “colaboren”. Pero deja correr que se empiecen a rebajar los salarios o a pagarlos en cuotas. Las crisis deben ser pagadas por las patronales, que acumulan millonadas, y no por los trabajadores. No hay que aceptar ninguna rebaja salarial. Se le debe garantizar a cada trabajador el 100% de sus salarios de bolsillo, ya de por sí más degradados que nunca por el aumento de los precios de las últimas semanas. La presión popular obligó al gobierno de Fernández a decretar la prohibición de suspensiones y despidos por 60 días. ¡Todos los trabajadores despedidos en estos días deben ser reincorporados! La crisis no deben pagarla los trabajadores, sino los capitalistas, por medio de impuestos a sus super-ganancias y el no pago de la deuda externa.

El 28 de marzo se dio a conocer la noticia de que en medio de la crisis mundial por el coronavirus, Techint despidió a 1.450 trabajadores y le redujo el sueldo a otros tantos. Estos despidos se sumaban a las 191 cesantías que realizó la empresa en enero en su planta de Campana, donde trabajan unos cuatro mil empleados, la mitad de ellos precarizados. Sin embargo, el repudio popular obligó al gobierno a dictar la conciliación obligatoria y retrotraer la medida.

Escribe Diego Martínez

Techint “sorprendió” con su anuncio de los 1.450 despidos. Se trató de la señal de largada, para que otro montón de empresas, salieran también a amenazar, o directamente concretar, despidos, suspensiones y planteos de rebajas salariales. La empresa de la familia Rocca, una de las principales fortunas argentinas, increíblemente argumentó que “no tenía dinero” para seguir pagando esos sueldos, debido a la detención de diversas obras de infraestructura. Una auténtica caradurez por parte del principal grupo económico argentino. 

¿Quién es Techint?

Tenaris-Techint es, por lejos, el grupo empresarial más poderoso del país; posee sedes en cien países e intereses millonarios en Vaca Muerta. Su dueño y principal accionista, Paolo Rocca, cuenta con una fortuna personal que asciende a los 9.800 millones de dólares.

El grupo liderado por la familia Rocca construyó su fortuna sobre la base de su amistad con los sucesivos gobiernos. En sus orígenes el Estado argentino fue su principal contratista. Los Rocca mantuvieron excelentes relaciones con el gobierno militar y luego con el alfonsinismo y el menemismo, que le entregó en bandeja la privatización de Somisa a un precio irrisorio y que además dejó a más de 8.000 trabajadores en la calle. Sus negocios continuaron durante el kirchnerismo, período en el que llegaron a amasar su mayor fortuna.

Techint recibe también a través de su empresa Tecpetrol, que opera en Vaca Muerta, millonarios subsidios de parte del Estado. En 2019 esa cifra ascendió a 700 millones de dólares (El Cronista, 13/5/19).

Alberto Fernández, quien se pronunció hace un par de días en la TV pública a favor de un sistema más igualitario y criticó a quienes “con avaricia buscan una ganancia desmedida” (Télam, 26/3/2020), no ha movido un dedo para anular estos subsidios otorgados por el macrismo a la empresa más rica del país, dueña del monopolio del acero.

Como si esto fuera poco, Techint tiene sede legal en Luxemburgo, paraíso fiscal donde sus ganancias están exentas de cualquier impuesto. El mismo Paolo Rocca está implicado en la "causa de los cuadernos”. A él se lo involucra en el pago de coimas a funcionarios kirchneristas para que intercedan ante Hugo Chávez para lograr que Venezuela pagara una indemnización por la nacionalización de Sidor, una filial de Techint que opera en ese país, por la suma de 1.900 millones de dólares. El empresario ya acumulaba en su haber la citación de la Justicia italiana por el pago de coimas en Brasil por 9 millones de dólares para quedarse con obras de Petrobras en ese país. Hasta el momento no ha sido citado por ninguna de estas causas.

¡Reincorporación definitiva de los 1450 despedidos! ¡Ninguna reducción de sueldos!

Techint es la empresa más importante de la Argentina. En un contexto de profunda crisis social y económica, que afecta profundamente a los trabajadores desde hace tiempo incrementó en el primer semestre 2019 sus ganancias un 20% con respecto a 2018 (Diario El Cronista, 1/8/2019). Lejos está de tratarse de una empresa en crisis. Lo que pretenden hacer Rocca y compañía es una “avivada” aprovechando la crisis por el coronavirus para reducir personal y seguir así incrementando sus ganancias. Debido a la masiva indignación que generaron los despidos en este marco de crisis, el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria que pone en suspenso los despidos por dos semanas.  Luego la presión popular, obligó a Alberto Fernández a dictar la prohibición general de suspensiones y despidos por 60 días, todo un triunfo para la clase trabajadora. Ahora hay que exigir que sean las patronales como Techint quienes paguen la crisis, con impuestos especiales a sus superganancias. ¡Que la crisis la paguen los patrones, no los trabajadores!

Escribe Juan Carlos Giordano,diputado nacional electo, Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno sigue con su plan de pago de la deuda en medio de la emergencia vía una oferta que se se le hará a los bonistas. Desde Izquierda Socialista venimos diciendo que esa deuda usurera no hay que pagarla, mucho más ahora con la emergencia y la terrible crisis social. ¿Cómo se va a privilegiar el pago de una deuda usuraria cuando hay que destinar esos millones de dólares a combatir la pandemia?

Siempre se nos contesta que la Argentina podría sufrir tremendas consecuencias si se deja de pagar. Es la campaña que hacen los usureros, precisamente porque serían ellos quienes perderían si nuestro país tomara esa medida soberana. Líbano acaba de suspender los pagos. 

Lo importante es que otras voces comparten nuestra postura. El pasado 22 de marzo se publicó una nota con el título “¿Qué pasaría si Argentina deja de pagar su deuda?” firmada por Julián Zícari, economista y doctor en Ciencias Sociales -BA/UNDAV/Conicet- (suplemento Cash, Página12, 22/3/2020). Allí el autor señala que “un nutrido grupo de voceros de los acreedores asustan a la población si se declara el default. Amenazan con que se desataría una profunda crisis económica. 

En realidad, las crisis en los últimos cuarenta años, desde la dictadura hasta la actualidad, han irrumpido como consecuencia de pagar la deuda, no por dejar de pagarla”. Y agrega que “quienes se preocupan por no cobrar en caso de default (bancos, el capital concentrado, especuladores, fondos de inversión) son los que buscan asustar a la población […]

“Lo más cercano a un argumento con respecto a dejar de pagar la deuda es decir que nuestro país ‘se caería del mundo’, sin dar luego mayores precisiones al respecto o explicar qué significa eso. Otras veces invocan que podría aumentar la pobreza o que el país podría sufrir una terrible crisis por dejar de pagar”.

 Y agrega: “La crisis de la deuda de 1982, la hiperinflación de 1989, el final de la convertibilidad en 2001 y la reciente crisis macrista tuvieron como epicentro el pago de la deuda. Las devaluaciones, corridas y posteriores disparadas de la inflación y de la pobreza, con sus respectivas licuaciones salariales, respondieron en todos los casos a seguir con los pagos más que al haberlos interrumpido. La situación entonces está muy lejos de ser el infierno tan temido que muchos anuncian”.

En otra parte de la nota el economista Zícari señala: “Los beneficios de dejar de pagar podrían ser muchos. El más palpable sería que la gran cantidad de recursos que utiliza el Estado para atender la cuestión deuda se podría volcar a otras prioridades como reactivar la economía, distribuir ingresos, aumentar los presupuestos en salud, educación, jubilaciones o la obra pública”. Y finaliza: “Solo evitando el dogmatismo ciego de cumplir con la deuda la Argentina puede recuperar grados de autonomía y pensar así un destino soberano y nacional”.

Estos argumentos refuerzan lo que venimos postulando, que la Argentina debe dejar de pagar ya esa deuda mafiosa y utilizar esos fondos para combatir la crisis del coronavirus.

Escribe Guido Poletti

Casi en el mismo momento en que el propio presidente Alberto Fernández afirmaba, en el reportaje con el músico René Pérez, que “no pagaría más deuda a costa de los argentinos”, el Banco Central autorizaba el trámite para que se abonaran 248 millones de dólares de un nuevo vencimiento de deuda externa.

Se trata del vencimiento de bonos Par, surgido en los canjes kirchneristas de los años 2005 y 2010, muchos de ellos hoy en manos de fondos buitres. El próximo vencimiento de pagos de deuda será dentro de veinte días, esta vez por 503 millones de dólares. Y luego, en mayo, los pagos se acumulan, superando los 3.000 millones. ¡Esta es la plata concreta que hoy mismo debe destinarse a la emergencia del coronavirus, en vez de regalarse a los pulpos especuladores! Se impone, más que nunca, suspender ya mismo todo pago de deuda.