Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

A la Marcha Federal le siguieron los nuevos paros docentes y no docentes y la toma de los colegios preuniversitarios de la UBA, Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. El camino es continuar y profundizar la movilización. Mientras tanto, sin ningún mandato de nadie, los rectores del CIN buscan “negociar” con el gobierno. 

La masividad de la cuarta Marcha Federal Universitaria fortaleció la lucha contra el gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la pelea continúa. La docencia universitaria paró masivamente del 26 al 30 de mayo, convocada por las federaciones de Conadu Histórica y Conadu. En la misma semana, Fatun llevó adelante un paro nacional de 24 horas. Tenemos que seguir este camino: el de los paros masivos y la organización hasta que se aplique la ley, porque se le puede torcer el brazo al gobierno ultraderechista. No podemos aceptar migajas como busca el gobierno negociar con los rectores y las conducciones sindicales. 

El paro docente fue acompañado por las tomas estudiantiles de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, que tuvieron un importante impacto y mostraron a una juventud que lucha en defensa de la educación pública. Es que allí la situación es crítica: las y los docentes cobran un 30% menos que los ya miserables sueldos de la docencia de nivel medio de CABA y, desde que asumió el facho de Milei, renunciaron 260 personas a sus cargos.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se mantiene un paro indeterminado desde el 16 de marzo, que compromete el cuatrimestre de algunas materias y carreras, como Ciencias de la Computación. Es una huelga que tiene como protagonistas tanto a las y los trabajadores como a estudiantes, ante el ataque al Conicet y a la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT), que profundiza día a día el cientificidio. En esa facultad ya renunciaron 438 docentes e investigadores.

Desde el punto vista judicial, dos fallos obligan al gobierno a cumplir con la ley, frente a lo que Milei presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema para suspenderla que, procedimentalmente, no tiene plazo para expedirse. Táctica con la que busca dilatar la aplicación y conseguir un acuerdo por arriba para cerrar el conflicto. 

En este contexto,  funcionarios del gobierno y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comenzaron a negociar a espaldas de docentes, no docentes y estudiantes, para llegar a “un acuerdo razonable”. Desde el CIN dijeron: “Vamos a escuchar toda propuesta razonable que empiece realmente a recomponer la situación y que empiece a cumplir lo que la ley establece” (Página 12) y que “los sindicatos docentes y no docentes universitarios conocen la oferta y estarían dispuestos a firmar un acuerdo” (La Nación, 02/06/26). Pero, ¿Cuál es la propuesta “razonable” del gobierno? La oferta del Subsecretario de Políticas Universitarias es un aumento salarial del 24%, ¡Menos de la mitad de lo que deberían pagar por ley! 

Encima, en la reunión que se hizo entre los funcionarios de Milei y los rectores del CIN, los primeros exigieron que previo a cualquier acuerdo, los rectores retiren la demanda legal de cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Una auténtica provocación que cortó, por ahora, las negociaciones. 
Somos claros: no podemos confiar en los rectores ni en las conducciones de las federaciones. No se trata de “negociar” o “llegar a un acuerdo razonable” con un gobierno que está en la completa ilegalidad y quiere destruir la educación pública.

Tenemos que seguir profundizando el plan de lucha, porque tenemos el apoyo social para ganar y lograr que se aplique la ley tal cual fue votada cuatro veces. Exigimos el 52% de recomposición salarial que nos deben para las y los trabajadores universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales.

La universidad pública no se vende, se defiende. Ni un paso atrás.