Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista Tierra del Fuego

Javier Milei avanza en la carrera por someter la soberanía de nuestro país al servicio de las exigencias de Donald Trump, quien busca controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo, profundiza sus compromisos geopolíticos con el gobierno de Estados Unidos, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y la colonización de Gaza. Por eso puso el pie en el acelerador para avanzar sobre Tierra del Fuego, en función de esos compromisos con el imperialismo.

En la madrugada del 21 de febrero, fuerzas de la Prefectura Naval ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), suspendiendo su habilitación por un año, con posibilidad de prórroga. La excusa fue una fallida ley del Consejo Provincial que pretendía disponer fondos del puerto, superavitario, para pagar deudas de la obra social. La reacción en contra evitó que esos fondos se usaran, pero, como se trataba de un pretexto, la intervención se produjo igual.

Lo verdaderamente importante es que el puerto de Ushuaia es un objetivo apetecible para Milei, los empresarios y las potencias extranjeras. Algunos quieren privatizarlo por su alta rentabilidad para el turismo internacional. Otros buscan disponerlo para fines geopolíticos, con vistas al control de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur, incluida Malvinas.

En los últimos días, el gobierno dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown, que tienen funciones científicas, desde la Cancillería al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), dependiente del Ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico para la investigación ambiental y climática, además del apoyo logístico a la presencia de nuestro país. Científicos e incluso ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atenta contra esos objetivos.

El personal apostado en esas bases venía advirtiendo que el desmantelamiento de recursos, producto del ajuste del Estado nacional, estaba poniendo en peligro su funcionamiento. Esto podría ser parte de una estrategia para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 el Tratado Antártico internacional impide el uso militar de ese territorio. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri dispuso el pase de la mayoría de las 13 bases argentinas al Cocoantar, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo.
Fuentes no oficiales han manifestado que el Ministerio de Defensa no tiene recursos para afrontar este nuevo objetivo. Entonces, ¿a qué responde la medida? ¿Quién sí tiene los recursos para sostener o desmantelar estas bases?

No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, y la conferencia sudamericana de Defensa realizada en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para “defender el Atlántico Sur” del supuesto “peligro de China en la región”. En noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

A esta avanzada militarista se suma la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla y desalentar la permanencia de su población. En noviembre de 2025, el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, favoreciendo a los importadores y afectando el empleo.

En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores. Las plantas de Mirgor avisaron a las y los contratados que este año no van a trabajar. También a quienes están bajo el formato PPD (Prestación Personal Discontinua) no les dieron fecha de ingreso.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025, que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo pasado, luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial, una verdadera pueblada. La medida pone en peligro más de 6 mil puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios y comercio.

En enero, por resolución 20/2026, la Secretaría de Comercio e Industria eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial de la Ley 19.640 de destinar el 15% de los impuestos exentos al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar empleo e infraestructura que permitieran reconvertir el sistema productivo y volverlo sustentable durante el período de prórroga de la ley, que vence en 2030.

Desde su creación, el fondo no se utilizó. Recién el año pasado grandes empresarios, como Rubén Cherñajovsky (Newsan) y Nicolás Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin retorno y sin crear nuevas fuentes de empleo.

Desde el Frente de Izquierda Unidad se presentó un proyecto en octubre de 2025 para que el fondo fuera provincializado y puesto bajo control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos, de modo que sirviera a un plan de sustentabilidad económica que defendiera el empleo.
La liquidación de este fondo ahoga aún más al gobierno provincial del peronista Gustavo Melella, que ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera. No recompone los salarios estatales. La obra social provincial (OSEF) afronta graves problemas presupuestarios y los hospitales públicos están colapsados. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda. Pero la población de la isla ya está retomando la experiencia del paro provincial de mayo pasado contra el decreto de aranceles cero. Y con las y los portuarios a la cabeza, comenzó la resistencia.

Docentes y estudiantes contra la reunión con los senadores yanquis

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense aterrizó en Ushuaia con una comitiva de senadores con supuestas preocupaciones por atender a la crisis climática y ambiental de la región. Docentes y el Centro de estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego rechazaron la presencia de científicos del Conicet (a título individual) y de la Universidad (a título oficial) en las reuniones con estos representantes de un gobierno negacionista de los problemas ambientales y cuyos fines no son sino colonialistas.