Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste

El gobierno presenta su reforma como “modernización”, pero es un ataque que desmantela derechos históricos y busca imponer un modelo de trabajo esclavista.

Javier Milei, el FMI y las patronales ya definieron este proyecto como su eje estratégico, con el aval más o menos explícito de los gobernadores y de los bloques parlamentarios de los partidos patronales. Lo llaman “modernización” laboral para esconder una ofensiva superexplotadora que roza el esclavismo.

No modernizará nada. Por el contrario, el proyecto del gobierno busca hacernos retroceder cien años en los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Flexibiliza hasta el esclavismo las condiciones laborales. Pretende eliminar la jornada de 8 horas para legalizar jornadas de 12. Busca que las horas y días de descanso queden a criterio de la patronal, desorganizando por completo la vida de la familia trabajadora, que ya no podrá estudiar, compartir tiempo con las y los hijos o siquiera garantizar retirarlos de la escuela a horario.

Todo esto por un salario “dinámico”, donde a partir de un básico miserable el resto quedaría atado a una “productividad” definida unilateralmente por la empresa. Y, por supuesto, transformando a cada trabajador o trabajadora en material descartable: aún con 20 o 30 años de antigüedad se podrá despedirlo por una suma miserable, abonada encima en cuotas.

Se trata de un proyecto profundamente antiobrero, que ataca cualquier forma de organización de la clase trabajadora. Virtualmente elimina el derecho de huelga al catalogar como “esenciales” a la mayoría de las actividades y criminaliza medidas de lucha como tomas, bloqueos o incluso la realización de asambleas. En síntesis, busca dividir a la clase trabajadora para dejar a cada uno o una sólo, sin derechos, frente a la patronal.

Un proyecto que no generará empleo ni blanqueará a los no registrados

El gobierno se apoya en el dato real de que una parte enorme de la clase trabajadora está no registrada y ya profundamente flexibilizada. Pero es una mentira que esta ley traerá más inversiones y empleo, y mucho menos que mejorará la vida de quienes hoy están en la informalidad.

En casi dos años de gestión, Milei aplicó medidas totalmente favorables a los empresarios. Les perdonaron hasta el 90% de las deudas por aportes patronales no pagados, les condonaron multas y les habilitaron un vergonzoso blanqueo de capitales, siempre con la excusa de que así “se generaría empleo”. La informalidad no bajó: aumentó. Y no sólo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que el súper ajuste de Milei viene provocando el cierre de 30 empresas por día y 250 mil despidos en empleos registrados.

El objetivo real es que toda la clase trabajadora adopte el modelo ya impuesto en las aplicaciones. Un estudio reciente de la Fundación Encuentro sobre Rappi y Pedidos Ya muestra que para superar la línea de pobreza un repartidor debe completar 461 pedidos al mes, a un promedio de 2.553,60 pesos por pedido. Para lograrlo hay que trabajar 10 horas diarias, seis días a la semana, sin contar tiempos de espera, desperfectos de la bicicleta o moto ni enfermedad u otros inconvenientes, todos a cargo del trabajador o trabajadora. Sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin seguro por accidentes y sin reconocimiento de relación laboral por parte de la empresa. No es casualidad que uno de los redactores del proyecto de Milei sea Julián de Diego, abogado de Rappi, una de estas empresas negreras.

¿Y la CGT?

La nueva conducción de la CGT mantiene vergonzosamente su pacto con el gobierno. Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, afirmó que están esperando “el llamado para una reunión”, esquivando pronunciar un rechazo abierto al proyecto del oficialismo: “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página/12, 11/11). Mientras tanto, Gerardo Martínez continúa avalando el “pacto de mayo”, el acuerdo entre gobernadores y patronales que legitima todo. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, también aportó lo suyo al declarar: “apostamos a que es necesaria en la Argentina una modernización del sistema laboral”. En concreto, la CGT apuesta a negociar para salvar sus privilegios en vez de pelear por los derechos conquistados por el pueblo trabajador en décadas de lucha.

Organicemos una gran campaña y exijamos paro nacional y plan de lucha

La reforma laboral esclavista puede derrotarse. El camino es la lucha, como lo demostraron las y los trabajadores del Garrahan. Tenemos que organizarnos: realizar reuniones de delegados, sacar pronunciamientos y convocar asambleas en cada lugar de trabajo. Debemos oponer al proyecto antiderechos del gobierno un programa inverso: registro de toda la fuerza laboral, prohibición de suspensiones y despidos, y reconocimiento pleno de derechos para las y los trabajadores flexibilizados. Esto es lo que plantea, por ejemplo, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.
Pero, sobre todo, tenemos que movilizarnos con la más amplia unidad de acción, como propone el sindicalismo combativo, mientras seguimos exigiendo a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro general y un plan de lucha contra esta reforma esclavista y contra la motosierra de Milei, Trump y los gobernadores.