Escribe Olga Ortigoza, dirigenta nacional de Docentes en Marcha

El gobierno ultraderechista de Javier Milei, de la mano de las patronales y de las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva y ahora también educativa. Debemos derrotarlas en las calles.

Hace una semana, el gobierno presentó en el Consejo de Mayo un proyecto de Ley Nacional de Educación denominado “Ley de Libertad Educativa” para reemplazar la ley actual. Bajo el eje de la supuesta “libertad”, lo que plantea es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo.

Este proyecto no implica una simple reforma; atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio y laico de nuestras escuelas, y también contra la Educación Sexual Integral (ESI) y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como derecho social.

El Estado dejaría de ser el garante de la educación y pasaría a cumplir un rol “subsidiario”, derivando el financiamiento a familias y también a empresas para que estas hagan negocios, violentando así el carácter gratuito. Además permitiría la injerencia empresarial para diseñar contenidos según sus necesidades, y se impulsarían “prácticas de formación laboral” para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.

Un Consejo Escolar de Padres y el equipo directivo podrían seleccionar, suspender o separar al personal, pudiendo incluso despedir por razones ideológicas, políticas o sindicales.

Se habilitaría también la educación en el hogar a distancia (híbrida), impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos, haciendo desaparecer el concepto de docencia y destruyendo toda institucionalidad escolar.

Se declara la educación como “servicio esencial” y no como un derecho. Se ataca así el derecho a organizarse y se criminaliza la huelga por salario, por derechos laborales, por infraestructura y por todos los reclamos de la comunidad educativa.

Todo esto implica un intento de avanzar en la privatización, la mercantilización y la flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión y destruir la laicidad de nuestras escuelas, además de un ataque directo a la ESI. Busca borrar más de cien años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares. Son medidas que gobiernos anteriores y organismos internacionales intentan imponer desde hace décadas, pero que la lucha de las y los estudiantes y la docencia ha frenado. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos del FMI, el Banco Mundial y otros organismos. Por eso elimina en su proyecto la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un piso del 6% del PBI para educación, sin incorporar ningún mecanismo de financiamiento estatal.

Todos los gobiernos profundizaron la desinversión en la educación pública, y ninguno cumplió la meta del 6% del PBI, incluidos los gobiernos kirchneristas. Pero este proyecto ultraderechista significa un salto cualitativo: un cambio profundo en el criterio de la educación, que deja de ser un derecho social para convertirse en un negocio mercantilista al servicio de empresarios y capitalistas.

La Ctera se ha pronunciado en contra, pero mantiene la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales. Por eso le exigimos un verdadero plan de lucha para derrotar este proyecto antieducativo.
Es necesario organizar un gran movimiento unitario de la docencia, de todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y familias, en defensa de la escuela pública y para rechazar de plano este proyecto del gobierno.

Leer la declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar