Escribe Rodolfo Sánchez, Investigador del CNEA-Conicet y referente de Izquierda Socialista Bariloche

El gobierno de Javier Milei intenta iniciar el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El Estado nacional conservará el 51% del capital y pondrá a la venta el 44% de las acciones, con un 5% bajo el Programa de Propiedad Participada.

Demián Reidel, presidente de NASA, en febrero presentó su Plan Nuclear: el parate de proyectos en marcha como el Carem (reactor modular 100% argentino), la entrega de bienes a privados y el vaciamiento del Estado. NASA cuenta con 3.100 empleados y es propiedad del Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Enarsa (1%). Administra y opera las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II, en la localidad de Lima, y Embalse, en Río Tercero. También se encarga de la generación y comercialización mayorista de energía eléctrica nuclear, así como de la gestión de proyectos. NASA fue responsable de los trabajos para la extensión de vida de la Central Embalse, realizados con personal técnico y profesional propio.

La empresa controla el 4,1% de la capacidad bruta de potencia instalada del país (1.763 MW) y genera el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), red eléctrica de alta tensión que interconecta las distintas regiones de Argentina con más de 20 mil km de extensión. Es una de las estatales que generan ganancias.

Argentina es uno de los pocos países en el mundo que completó el ciclo nuclear: formación de recursos altamente especializados, producción de energía eléctrica y combustibles para centrales, fabricación de agua pesada como moderador, desarrollo de capacidades como el enriquecimiento de uranio, construcción y exportación de reactores, y puesta en marcha de centros especializados en medicina nuclear destinados al tratamiento de distintos tipos de cáncer.

Tras los anuncios de la privatización, los trabajadores del sector se movilizaron coordinadamente en todas las sedes de NASA y de la CNEA, exigiendo una urgente recomposición salarial. Las categorías más bajas en la CNEA están apenas por encima de la línea de indigencia, mientras que las categorías intermedias apenas alcanzan los valores de la canasta familiar. Debido al congelamiento de ingresos, existe un número importante de trabajadores precarizados (becarios y contratados) que exigen el pase a planta permanente.

El escaso presupuesto para el funcionamiento, situación que afecta a todo el sistema científico y tecnológico y a las universidades públicas, gravemente golpeadas por la política de ajuste del gobierno. Los bajos salarios y el congelamiento presupuestario provocan el éxodo de profesionales y personal capacitado, así como el deterioro del funcionamiento. ¡No al vaciamiento, no a la privatización, no a la entrega!