Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Javier Milei allana el camino a las mineras al desregular por decreto la explotación extractivista en los glaciares, que son reservas estratégicas de agua para todo el país.

El gobierno anunció que planea modificar por decreto la Ley de Glaciares N° 26.639, algo que ya había intentado incluir en la redacción original de la Ley Bases y que finalmente fue removido. Esta ley prohíbe expresamente las actividades extractivistas en los glaciares y en los ambientes periglaciares (las zonas cercanas que permanecen congeladas gran parte del año) con el objetivo de proteger las reservas estratégicas de agua y los ecosistemas asociados. La norma fue fruto de años de lucha socioambiental, fue aprobada por el Congreso, vetada por Cristina Kirchner en 2008 tras una fuerte presión del lobby minero, y finalmente sancionada en 2010. En 2016 se intentó modificarla nuevamente, pero fue defendida en las calles por organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas.

En este nuevo intento de las mineras por avanzar sobre los glaciares, la modificación fue redactada (según diversas fuentes) por un abogado vinculado a Barrick Gold. El decreto busca reducir las áreas protegidas y habilitar actividades actualmente prohibidas, como la explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias químicas y residuos, y la construcción de infraestructura sin fines científicos. Este intento representa un grave retroceso en materia de legislación ambiental, un nuevo avance del extractivismo con la complicidad del gobierno ultraderechista, y además viola compromisos internacionales de rango constitucional, como el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó y que prohíbe expresamente la regresividad en normas de protección ambiental.

Los glaciares son considerados recursos hídricos estratégicos: resguardan el 70% del agua dulce del planeta y actúan como verdaderas fábricas de agua que alimentan ríos, ecosistemas y comunidades enteras. Ya vienen siendo amenazados y reducidos año tras año por el calentamiento global, y ahora podrían ser dinamitados y contaminados para permitir la exploración de hidrocarburos. Instituciones científicas, investigadores del Conicet y universidades nacionales han advertido sobre el impacto ambiental devastador que implicaría este proyecto. Afectaría de forma directa a todas las regiones que dependen de estos cursos de agua, agravando las sequías y profundizando la escasez en zonas que ya enfrentan una crisis hídrica.

Desde el gobierno de Milei admiten que actúan por presión de las mineras, con el objetivo de “garantizar la seguridad jurídica”, lo que en realidad significa darles a las multinacionales las mayores comodidades de inversión, a costa de nuestra salud, los ecosistemas y los territorios. Todo en sintonía con el régimen de saqueo del RIGI y el proyecto económico extractivista y reprimarizador de la economía que impulsa el gobierno.

El agua es vida y un derecho que vamos a defender en las calles. La movilización del movimiento socioambiental, junto a las y los trabajadores, las comunidades, las universidades y la ciencia, es el camino para enfrentar el lobby de las mineras, el avance del extractivismo y a este gobierno negacionista climático y cipayo.