Feb 19, 2025 Last Updated 2:36 PM, Feb 18, 2025

Reforma electoral reaccionaria, “ficha limpia” y otras / No a las leyes antidemocráticas, proscriptivas y represivas de Milei


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Milei ha enviado a sesiones extraordinarias en el Congreso distintos proyectos de ley. Todos están alejados de las más elementales necesidades populares, nada de “extraordinario” hay entonces. De aprobarse las mismas, se daría un avance colosal en lo antidemocrático, proscriptivo y represivo. Esto podría implicar una proscripción para la izquierda y otras fuerzas opositoras. Una verdadera motosierra institucional que va en sintonía con el brutal ajuste que está aplicando la ultraderecha en el país.
 
Los temas enviados al Congreso sólo pasan por las preocupaciones electorales de un gobierno en minoría para tratar de lograr más bancas en las elecciones de este año, vulnerando y pisoteando los derechos democráticos más elementales. Presenta este paquete de leyes de una manera demagógica, diciendo que van contra “la casta”, que ahorrarán dinero, que combatirán la corrupción y que se transparentará la política, entre otras muchas mentiras. Los temas a tratar incluyen la reforma electoral proscriptiva y antidemocrática, la denominada “ficha limpia”, la ley “antimafias”, de reincidencia y modificaciones al Código Penal (represivas) y la postulación de jueces corruptos y conservadores a la Corte Suprema, como Ariel Lijo y García Mansilla, entre otras.
 
¡Abajo la reforma electoral proscriptiva!

Para acallar las voces discordantes y en particular de quienes lo enfrentamos consecuentemente, el gobierno presentó el proyecto para eliminar las elecciones primarias, que ya ni les sirve a los partidos patronales para acomodar sus peleas internas. Las PASO son repudiadas por millones. De entrada decimos que Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad siempre las denunciamos por proscriptivas, ya que imponen un filtro para poder pasar a las generales. Sin embargo, Milei las elimina pero lo hace terminando de un plumazo con el aporte estatal destinado para las campañas electorales y con los espacios gratuitos en medios de comunicación, lo que implica un salto cualitativo en las condiciones de desigualdad para la izquierda. Esto significa que sólo las fuerzas políticas patronales van a monopolizar la propaganda electoral, el resto no tendrá ninguna posibilidad. Un segundo en televisión abierta, por ejemplo, cuesta 500 dólares.

A su vez, el proyecto abre paso al financiamiento privado sin límites. Así sobrevivirán sólo las fuerzas políticas financiadas por grandes empresarios y banqueros, tal como lo hizo recientemente La Libertad Avanza (LLA) con una cena donde recaudó diez millones de dólares.

En concreto, se “privatiza” el financiamiento de los partidos políticos, incrementándose cualitativamente el monto de los aportes privados (de personas o empresas) que puede recibir legalmente un partido o alianza. Junto con esto se anulan y/o flexibilizan los controles sobre estos aportes, eliminando cualquier tope de gastos que un partido puede hacer en una campaña electoral, habilitando de esa manera una danza de millones tipo sistema electoral yanqui para financiar a los partidos patronales. Eso significa que un partido nacional podría recibir por año de una persona física o jurídica un aporte equivalente a cinco millones de dólares, mientras que con la ley vigente el monto permitido es sólo de cuarenta mil dólares. A su vez, esa persona (CEO o empresario) puede aportar ese mismo monto también para la campaña electoral. También se implementan los “aportes en especie”, es decir, aquellos que se puedan hacer a través de la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita, dando una libertad casi total.

El gobierno miente cuando dice que con esto dejará de financiar a los “sellos de goma” (partidos fantasma). El Frente de Izquierda Unidad no es ningún sello de goma. Los sellos de goma fueron usados por este gobierno para presentarse en varias provincias. El objetivo es atacar a la izquierda y a partidos menores y dar rienda suelta al financiamiento millonario para aquellos que después gobernarán para los grandes capitalistas.

Por otra parte, en otro proyecto que tiene estado parlamentario pero el gobierno no envió a extraordinarias, se aumenta de cinco a diez la cantidad de distritos para ser reconocido como partido nacional y se agrega el requisito de contar con casi 40.000 afiliados (más del doble de lo que exige la ley actual), caso contrario quedarían caducos. También eleva del 2 al 3% los votos que se deben obtener en al menos una de dos elecciones consecutivas para no perder la personería (lo que significa un 5 o 6% de los votos válidos) y, en el caso de tratarse de un frente electoral como el Frente de Izquierda, escandalosamente ese 3% se multiplica por los cuatro partidos integrantes, llevando el piso final a un 12% del padrón que significa entre el 18 y 20% de la votación, lo cual es directamente proscriptivo.

Es evidente que el gobierno no quiere diputadas y diputados de izquierda que apoyen las luchas, ganen como una maestra, juren por los 30 mil, defiendan al pueblo palestino, postulen el no pago de la deuda externa y luchen por un gobierno de la clase trabajadora.
 
El verso de la “ficha limpia”

Otro de los proyectos es el de ficha limpia. El gobierno dice que si se aprueba se terminará con la corrupción en la política, una falsedad.

La ley dispone que quien tenga una condena en segunda instancia por delitos que se asocian a casos de corrupción no podrá ser candidata o candidato, aunque no esté firme. Impedimento que se extiende a distintos cargos, como el de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y personal diplomático, entre otros. En los fundamentos, el proyecto dice que de esta manera se va a lograr “transparencia en el sistema electoral”, una mayor “idoneidad” de los postulantes, “desterrando para siempre los viejos vicios que han corroído las instituciones democráticas y volver al camino de la República”. Suena lindo, ¿no? Pero es una maniobra total.

Es claramente una ley para manipular candidaturas opositoras y perseguir a las y los luchadores, erigiéndose el gobierno y esta justicia elitista y acomodaticia en los señores que determinen quién puede ser candidato o no. Ley que de aprobarse, por ejemplo, implicaría que Cristina Fernández puede ser impedida de ser candidata este año con el objetivo de que Milei lo use de caballito de batalla diciendo que combate la corrupción, mostrando el hecho cierto de que el gobierno anterior fue corrupto, pero que LLA no lo sería. Una desfachatez total.

A su vez, el proyecto dispone que quien cometa el delito de “fraude en perjuicio de la Administración Pública”, por ejemplo, no podrá ser candidato. Casualmente, la imputación que se les hace a las organizaciones de desocupados combativas y a sus dirigentes por “el delito” de luchar por comida y trabajo genuino. Está claro que una luchadora o luchador estará siempre en la mira de este gobierno ultraderechista. Recordemos cuando tildó de terroristas y golpistas a quienes nos movilizamos contra la Ley Bases.

Las demás causales para no ocupar cargos son para quienes cometan “malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito”, delitos que, en el 99% de los casos, quedan en la impunidad, beneficiando a políticos patronales y funcionarios que vienen gobernando desde hace décadas. Por eso las cárceles están llenas de “perejiles” -como se dice vulgarmente- y sólo se cuentan con los dedos de la mano a los corruptos que están presos. ¿Alguien está preso por el gran hecho de sometimiento y corrupción que fue y es la deuda externa? Nadie.

Este gobierno habla de ficha limpia para afuera, para esconder la ficha sucia que tienen en sus filas. ¿Acaso los ministros de este gobierno no son corruptos? El ministro de Economía, Luis Caputo, ya debería estar preso por endeudarnos en 45.000 millones de dólares con el FMI durante su paso por la gestión de Cambiemos. Milei propone ficha limpia y reivindica al gobierno más corrupto y entreguista que fue el peronismo menemista de los años ‘90, donde Carlos Menem terminó en la impunidad. El PRO habla de ficha limpia mientras el ex presidente Mauricio Macri perdonó la deuda del Correo a su padre y el jefe de la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo, fue denunciado por un complejo entramado de sociedades offshore para adquirir propiedades en Estados Unidos, de la mano de su esposa, con setenta y dos propiedades no declaradas. ¿De qué transparencia e idoneidad habla esta ultraderecha que se jacta de recibir financiamiento oscuro de grandes capitalistas, blanqueó capitales de fondos del narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o el contrabando de armas y defiende a asesinos como Benjamín Netanyahu, al corrupto Donald Trump y a Jair Bolsonaro?

Estamos en contra de toda decisión política o judicial que cercene derechos políticos elementales y democráticos. Señalamos que sólo las y los luchadores y la izquierda pelean contra la corrupción capitalista bajo todos los gobiernos.
El gobierno se apresta a votar estos proyectos reaccionarios, antidemocráticos, proscriptivos y represivos con la complicidad, según el caso, de la oposición parlamentaria patronal. Llamamos a la más amplia unidad para frenar a los dirigentes políticos y personalidades que se reclaman democráticos, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, barriales y estudiantiles.

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