El próximo 24 de marzo es clave. A 48 años del inicio de la última dictadura cívico militar, estamos ante un gobierno ultraderechista con una política negacionista respecto de los crímenes de los milicos y en buena medida apologista de su accionar. El presidente Javier Milei no ha escatimado intervenciones públicas para poner en duda el número de las y los 30.000 desaparecidos, mientras su vice continúa su campaña en pos de la liberación de los genocidas detenidos y, desde su asunción, su principal actividad ha sido visitar cuarteles en los que se rinde homenaje a criminales condenados.

El plan económico del gobierno en estos primeros meses, en suma, ratifica un rumbo que nos recuerda a Martínez de Hoz y a Cavallo, la destrucción de los ingresos de la clase trabajadora y sectores obreros populares por la vía de la licuación del salario, y el apoyo férreo del Fondo Monetario Internacional, como decía Rodolfo Walsh una “miseria planificada”.

Un plan de estas características necesita ser aplicado con medidas represivas como busca el “protocolo anti-protestas” de la ministra Patricia Bullrich. Algo que va de la mano del intento vía “Ley Ómnibus” de modificar el código penal, prohibir las asambleas dentro de los lugares de trabajo y terminar con el derecho a la protesta de docentes, trabajadores de la salud y estatales.

En este contexto se alienta a los genocidas a reclamar al gobierno que cumpla su promesa de amnistía o, como hizo el represor Alberto Pardellas, a comparecer en los juicios diciendo que la apropiación de niños se hizo bajo “un sentido humanitario”. Recordemos que se trata de un crimen en concurso hasta el día de la fecha en que la verdadera identidad de cientos sigue siendo privada. Además, se rindió homenaje a Horacio Losito, un represor condenado a prisión perpetua quien integró la compañía de comandos de Aldo Rico y de Eduardo Marcelo Villarruel, el padre de la vicepresidenta.

Este 24 nos proponemos marchar con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el ajuste y la represión del Milei, el FMI y los gobernadores, para defender todas las conquistas de derechos democráticos en nuestro país. La lucha por estos derechos, el salario, las jubilaciones, la salud y educación públicas puede derrotar el plan del gobierno, como cayó la Ley Ómnibus.

Reivindicaremos en las calles a las y los 30.000 detenidos desaparecidos y a nuestros compañeros y compañeras de nuestro antecesor, el glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que cayeron combatiendo a la Triple A y a la dictadura.

Son 30.000, fue genocidio, castigo y cárcel común para todos los genocidas.