Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista FITU

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas presentaron denuncias contra el protocolo antipiquetes y la brutal represión del gobierno y la Ministra Bullrich, con operativos repletos de violencia y abusos en Congreso ante la fallida votación de la reaccionaria Ley Ómnibus.

Desde que asumió el gobierno ultraderechista de Milei venimos advirtiendo que el plan de guerra contra las y los trabajadores, las mujeres y los sectores populares solo puede pasar con una brutal represión. Por eso, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes con el objetivo de atacar el derecho a la protesta y generar miedo a quienes salgan a las calles a enfrentar sus políticas de hambre y saqueo. Pero desde el 20 de diciembre la izquierda, el sindicalismo combativo, organismos de derechos humanos, asambleas barriales y sectores de la cultura, entre otros, nos encontramos en las calles enfrentando operativos represivos donde se violan los derechos humanos, como se demostró los días dónde se discutió la Ley Ómnibus.

Tan escandalosa fue la represión, que el juez Casanello tuvo que citar a la Ministra para que dé explicaciones ante el pedido de inconstitucionalidad del protocolo, pidió poner “límites al accionar policial” y que el protocolo se “adecue a derecho y a los pactos internacionales que adhiere Argentina”. Por supuesto, la Ministra defendió la represión amparada en el resultado electoral.

La Comisión Provincial por la Memoria junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura realizó un informe dónde se denuncian más de 285 lesionados y heridos por balas de goma y gases tóxicos, entre ellos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el operativo a cargo de cuatro fuerzas (gendarmería, prefectura, policía federal y de la ciudad) terminó con 23 detenciones, la mayoría de ellas realizadas en forma de casería a personas que desconcentraban o se encontraban en las zonas aledañas a Congreso. También que las fuerzas represivas disparaban balas de goma intencionalmente de la cintura para arriba, incluso a la cara de los manifestantes. Entre los heridos por esta metodología propia de los carabineros de Chile, se encuentra Matías Aufieri de CEPROH, quien podría perder la visión a causa de estas lesiones en uno de sus ojos.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia denunció “métodos novedosos” en la represión, dónde se rociaba a los manifestantes a mansalva con un gas amarillo que tiene un químico que produce ceguera temporal, broncoespasmos y problemas respiratorios sobre sus víctimas y quemaduras y picazón en el cuerpo por horas. Este gas fue denunciado por ATE e H.I.J.O.S como OC MK-9, que según expertos es mucho más severo y potencialmente letal que el gas lacrimógeno.

Todas estas denuncias fueron parte de la audiencia pública realizada el jueves pasado por las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional, de la cual participamos como Izquierda Socialista, donde estuvieron personalidades como Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora y organismos de derechos humanos que presentaron sus informes junto a heridos y víctimas de la represión.
Como demostró el triunfo popular contra la Ley Ómnibus, la movilización y las acciones masivas en la más amplia unidad son el camino para derrotar el protocolo antipiquetes y defender el derecho a la protesta, el DNU y el plan motosierra de Milei. Este 8M y 24M tenemos la tarea de llenar las calles por nuestros derechos.