Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop - Izquierda Socialista/FIT Unidad

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak denuncia, entre otros aspectos de la propuesta liberal que sostienen Javier Milei y Patricia Bullrich, que los pacientes deberán pagar su atención y cada cual recibirá de acuerdo a cuanto paguen. Lo que le falta decir es que, bajo el gobierno peronista del que forma parte, para lograr mejor atención también hay que pagar y el que no puede hacerlo recibe una atención insuficiente y tardía o, peor aún, se queda sin atención.

Uno de cada cinco beneficiarios de PAMI aporta a otra entidad para compensar la mala atención. Los afiliados a las obras sociales e inclusive quienes pueden afrontar las mensualidades de las prepagas, terminan pagando consultas y estudios privados para acelerar diagnósticos y tratamientos. A quienes no les alcanza la plata, que son la gran mayoría, deberán bancar largas horas de espera en las guardias y semanas para turnos de especialistas y estudios.

El gobierno peronista habla de derechos, pero en la realidad la clase trabajadora y sectores populares deben pagar de su bolsillo la atención. Cristina Kirchner promueve un sistema “integrado” de salud. Se trata de la participación público-privada (PPP) que lisa y llanamente significa la subvención estatal a la medicina comercial: el gobierno no compra más equipos y todo lo manda al sistema privado. Cada uno pagará su plan de salud y los que tengan carnet de pobre recibirán una atención mínima a cargo del Estado. En esencia, la misma propuesta que hacen el ultraderechista Milei y Bullrich. Esto es así porque tanto gobierno peronista como oposición patronal cumplen sin chistar los mandamientos del FMI.

Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer, diputados de Izquierda Socialista/FIT Unidad, han presentado un proyecto de ley para brindar salud sin limitaciones ni exclusiones a todo el pueblo trabajador. Sólo el Frente de Izquierda plantea terminar definitivamente con la medicina comercial de las prepagas y empresas de salud, el sistema de obras sociales que negocia en su provecho la burocracia sindical, el PAMI, el IOMA y otras entidades que son “cajas” de los distintos gobiernos y unificar el sistema público fragmentado en cientos de jurisdicciones municipales y provinciales para reunir todos esos sistemas sean privados, sindicales o públicos junto con la totalidad de sus trabajadores en un Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por los usuarios y los trabajadores de salud y financiado por las rentas generales de la Nación y el no pago de la deuda externa.