Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones

Para llevar el salario mínimo al valor de la canasta familiar, hoy calculado por los trabajadores de ATE Indec en 322.290 pesos, ajustable mensualmente de acuerdo al aumento del costo de vida. Hay que otorgar un incremento de emergencia a los jubilados, para que nadie gane menos que la canasta de la Tercera Edad (202.064 pesos) aplicando a partir de allí el 82% móvil.

Congelar precios de la canasta familiar y derogar el IVA

Hay que establecer un auténtico control de precios, congelando todos los precios de los bienes que integran la canasta familiar, a los que, a la vez, se les debe eliminar el IVA. Al mismo tiempo, se debe sancionar a todos los empresarios que violen el control de precios, sea aumentando o acaparando, con las sanciones que establece la Ley de Abastecimiento (multas, clausuras, encarcelamiento o expropiación).

Dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI

Desde que gobierna Alberto Fernández se llevan pagados 25.000 millones de dólares sólo en pagos de intereses de deuda externa. Con ese dinero se podría haber construido un millón de viviendas populares dando empleo a cuatro millones de personas. Por eso, hay que suspender inmediatamente todos los pagos de deuda, romper con el FMI y poner todo ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios dignos, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.

Nacionalizar la banca y el comercio exterior

Para que el ahorro popular vaya a créditos para la vivienda y el consumo y no para la especulación financiera. Y para que los bienes que exportamos dejen divisas genuinas que entren al país y se utilicen para comprar los bienes necesarios, rompiendo con la especulación y el chantaje del aumento del dólar.

Reestatizar las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios

La salida no son los tarifazos ni los subsidios a los grupos económicos dueños de las privatizadas. Hay que rescindir todos los contratos y pasar a reestatizar los servicios, gestionados por sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios, para así brindar servicios de calidad y con tarifa social para quien lo necesite.