Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el apoyo del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, el gobierno peronista del Frente de Todos está impulsando una auditoría sobre el manejo de los planes sociales. Están “revisando los papeles” a los pobres, mientras los grandes empresarios formadores de precios se la siguen llevando en pala sin que el gobierno adopte medidas para combatir una inflación desenfrenada que genera más pobres cada día.

Coherente con esa política, Sergio Massa presentó como una de sus principales propuestas el “reordenamiento” del Potenciar Trabajo, un programa que atiende a más de 1.200.000 personas que han perdido sus empleos o viven en condiciones precarias. “Quien no cumpla con la auditoría, recibirá la suspensión del plan”, amenazó el super ministro al asumir, mientras ofrecía beneficios al agronegocio, a los empresarios de las automotrices y de la construcción.

No se resuelve la crisis auditando las migajas

La medida de auditar la asistencia de hambre que se destina a socorrer la miseria social, que los sucesivos gobiernos patronales han generado durante décadas, no soluciona el problema. Controles y auditorías siempre se han hecho y se hacen sin que eso resuelva la pobreza. No hay posibilidades de transformar los planes sociales en empleo con plenos derechos y salarios dignos sin atacar el poder económico y fundamentalmente sin romper con el FMI para frenar la sangría producida por la deuda externa.

Una medida electoralista del peronismo

Detrás de la medida de la vicepresidenta hay un claro interés político electoralista. Es la lucha por el control de esos fondos. Cristina critica la “tercerización” de la acción social del Estado y el manejo de los planes por parte de las organizaciones sociales. Se los quiere sacar para que sean manejados por los gobernadores e intendentes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires; un distrito clave donde pretende utilizarlos como moneda de cambio en las próximas elecciones.

No fue casual que después de su discurso recibió al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien presentó un proyecto de ley para que los planes sociales pasen a ser controlados por las provincias y los municipios. Y que varios intendentes del conurbano, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, hayan salido a cuestionar la “falta de transparencia” en el manejo de los planes, como si ellos fueran trigo limpio.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad repudiamos estos ataques a los movimientos sociales y sus intentos de criminalizar la protesta, y nos oponemos al manejo electoralista y corrupto de los planes sociales por parte de los gobernadores e intendentes para perpetuarse en sus cargos. Hay que generar trabajo genuino, destinando el dinero del pago de la deuda externa a un plan de viviendas populares, como estamos reclamando.