Escriben Izquierda Universitaria Psico y Juventud Izquierda Socialista PsicoUBA

En el último tiempo, diversos casos mediáticos, como el de Felipe Petinatto y el de Chano, trajeron repercusiones y debates en relación a la ley de salud mental. Desde una conferencia de prensa en el Senado se pidieron modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental, especialmente al artículo sobre las internaciones. Este discurso fue aprovechado políticamente por Patricia Bullrich, Vidal y Larreta del PRO. También los medios de comunicación, como Infobae y La Nación, hicieron eco de este pedido.

La Ley Nacional de Salud Mental, ¿qué dice?

La ley 26.657, aprobada en el 2010 tras una gran lucha histórica de trabajadores de la salud mental y de usuarixs, explicita la garantía de derechos para el acceso a la salud mental. Así, el trabajo en salud mental debe ser reconocido por el Estado con un presupuesto que posibilite la existencia de equipos interdisciplinarios en hospitales, dispositivos y espacios comunitarios para el libre acceso de quien lo requiera. La alusión a la que suscriben los políticos reaccionarios y los medios de comunicación diciendo que la ley prohíbe la internación es falsa. La internación existe como recurso terapéutico ante el corrimiento de peligro del paciente o de terceros. Pero esta internación exige diagnósticos y trabajos dinámicos para evitar que el encierro sea un recurso duradero, sin que se pierda el lazo social con familiares y amigxs.

El principal problema que tiene la ley es que no se cumple. Principalmente, porque se requiere que el presupuesto de salud mental reciba un 10% del total del presupuesto de salud. Hoy en día, el presupuesto de salud mental es del 1,37%. Una miseria. Más teniendo en cuenta que el presupuesto total de salud es menos de la mitad que lo que se destina para pagar deuda externa.

Por su parte, el gobierno nacional del Frente de Todos hace un doble discurso sobre la importancia de la ley, pero no ejecuta un presupuesto que permita el buen funcionamiento en esta área tan importante y cada vez más necesaria, especialmente tras la pandemia. La ministra de salud, Carla Vizzoti, reconoce que se ha avanzado muy poco con la ley, que los hospitales neuropsiquiátricos y monovalentes no han cerrado como tales y que casi no se han construido otros dispositivos para que lxs trabajadores y padecientes puedan habitar.
Por esto, lo que se debe garantizar es el cumplimiento efectivo de la ley, con un presupuesto basado en el no pago de la fraudulenta deuda externa y rompiendo el acuerdo con el FMI.