Escribe José Castillo

Originalmente el gobierno de Alberto Fernández había presentado un proyecto de ley que contenía dos artículos. Por un lado, un primer artículo que autorizaba al gobierno a cerrar el acuerdo con el Fondo. Y por otro, un segundo artículo donde se explicaba el programa del Fondo, incluyendo las planillas con los detalles del plan de ajuste. El texto estaba acompañado por una exposición de motivos (los “considerandos”), donde el gobierno se explayaba en sus denuncias sobre la responsabilidad del macrismo en el endeudamiento con el FMI, y en el uso del dinero enviado por el Fondo, en particular la fuga de capitales.

El artículo 2 y las planillas adjuntas permitían ya desmentir al gobierno cuando decía que era un acuerdo “sin ajuste”, o que no habría tarifazos, o incluso que no estaba incluida ninguna reforma estructural (en particular la jubilatoria).

El hecho de que La Cámpora haya desaparecido del debate ya en las propias reuniones de comisiones puso a Alberto Fernández frente a que, más que nunca, necesitaba el apoyo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

El FMI dejó deslizar que su único interés era que se aprobara la autorización del Congreso al gobierno argentino para firmar el acuerdo. Dio a saber que no le interesaba cómo se votaba, por cuanto salía aprobado el proyecto ni si además el proyecto incluía las características del propio plan de ajuste.

Juntos por el Cambio tomó este planteo del Fondo. Le caía como anillo al dedo, ya que por un lado estaba 100% de acuerdo con el pacto con el FMI, pero por el otro no le interesaba compartir los costos del ajuste que se viene con el gobierno del Frente de Todos. A la vez, aprovechó para presionar al gobierno exigiendo que se retiraran de los considerandos las críticas al gobierno de Macri.

El gobierno, en una negociación llevada adelante principalmente por Sergio Massa, y monitoreada personalmente por Alberto Fernández, terminó acordando con Juntos por el Cambio un nuevo proyecto de ley, constituido por un artículo único en el que el Congreso simplemente autorizaba la firma del acuerdo. O sea, toda la cháchara sobre el Congreso como espacio de debate, o lugar donde se definen las políticas relativas al endeudamiento, desapareció de un plumazo. Quedó al desnudo lo que significa el Parlamento para los partidos patronales, sea quien sea el que coyunturalmente ejerza el gobierno: una mera escribanía que cumple los mandatos del amo imperialista, en este caso de su principal agente, el Fondo Monetario Internacional.