Escribe Malena Lenta

Un nuevo caso de abuso sexual hacia las infancias en un Tucumán impune. Mientras la niña es obligada a gestar y a parir, el violador está libre y el gobierno y las instituciones provinciales miran para el costado.

El pasado 10 de enero salió a la luz la noticia de una niña de diez años abusada sexualmente, quien parió por cesárea a las veintisiete semanas en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. Su violador, Carlos Alberto Merlos, de 54 años, pareja de su cuidadora, se encuentra prófugo.

La cruda historia de esta niña muestra junto con la violencia sexual, la violencia de las instituciones de salud, educación, justicia y derechos de infancia que miraron para un costado durante su corta vida. La madre de la niña no contaba con medios económicos para cuidarla y la vecina que la tenía a cargo, además de enviarla a trabajar en limpieza de casas particulares, se la entregaba al violador sin que ninguna de las instituciones hiciera nada al respecto. Por eso decimos que también son responsables de obligarla a gestar y a parir, lo que consideramos un hecho de tortura.

Y aunque desde el Ministerio de Salud en manos del antiderechos Luis Medina Ruiz digan que se activó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, lo cierto es que una cesárea en esa edad gestacional no lo es. Se trata en cambio de otro intento del ministro por confundir los hechos e intentar ocultar la flagrante vulneración de derechos de esta niña.

Pero éste no es el único caso en las tierras del jefe de gabinete Manzur, reconocido militante del pañuelo celeste. En Tucumán son reiterados los hechos de violencia sexual hacia las infancias y muchos han sido los casos en los que se llevó los embarazos de niñas a término con el argumento de “salvar las dos vidas”, tal como denunciamos en 2020 y 2019. Además, en esa provincia, junto con la pobreza y el descuido de las infancias y adolescencias con derechos vulnerados, es flagrante la falta de implementación de la Educación Sexual Integral, de acceso a métodos anticonceptivos, de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, como vimos, de la Interrupción Legal del Embarazo en los tiempos y con los procedimientos adecuados.

Una vez más exigimos el derecho a las infancias libres. ¡Son niñas, no madres! ¡Basta de violencias contra las infancias! ¡Cesárea no es Interrupción Legal del Embarazo! Reclamamos la inmediata restitución de derechos a esta niña, cárcel a su violador y la destitución de los responsables políticos de esta vulneración de todas las instituciones que no hicieron nada. El gobierno es responsable.

Pero también es necesario seguir reclamando por la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y el cumplimiento inmediato de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con presupuesto y con equipos de salud formados que realmente garanticen el derecho a decidir.