Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Senado se dispone a aprobar una ley para determinar los “parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario” con el objetivo, dice, de “contener y disminuir los contagios por Covid-19”. Pero se le está armando lío en Diputados, por eso se baraja otro decreto de necesidad y urgencia. El gobierno pretende decir que, de esta forma, está “cuidando la salud y la vida” de las personas. Pero no es así.

Si uno lee el articulado del proyecto se va a encontrar con que recomienda “el uso de barbijos, distanciamiento social de dos metros, lavarse las manos, ventilación y estornudar en el pliegue del codo”, cuando ya la pandemia lleva más de un año. Y no propone ninguna medida para que los empresarios del transporte garanticen el servicio con distanciamiento social o eviten que millones viajemos como ganado.

Si de salvar vidas se trata, ¿qué dice el proyecto sobre las 24 millones de vacunas que se producen mensualmente en Garín y se van a los Estados Unidos? Nada. Por qué no dispone su incautación, procediendo a envasarlas acá para inmunizar a millones cuando solo 3% de la población tiene las dos dosis y no se ha vacunado a todo el personal de salud, ni qué hablar de los docentes. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad presentamos un proyecto para declarar al laboratorio mAbxience de utilidad pública. Esta sería la única manera de salvar vidas.

Además, el proyecto no dispone centralizar el sistema de salud que permitiría combatir en mejores condiciones la segunda ola. Tampoco un aumento del presupuesto en salud o en los salarios de los profesionales y trabajadores del sector para no obligarlos al pluriempleo. Ni un IFE de 40.000 pesos para “proteger la vida” de los más vulnerables. Pero el presidente sí se reunió con la titular del FMI para pagar la sideral deuda que contrajo Macri.

El proyecto, a su vez, busca una normativa nacional para definir cuándo suspender las clases presenciales después de la pelea con Larreta tras el fallo de la Corte Suprema. Pero cambia los parámetros epidemiológicos internacionales que apoya la Sociedad Argentina de Pediatría, que indican la virtualidad escolar cuando haya más de ciento cincuenta casos cada cien mil habitantes. Fernández quiere que sean cuando superen los quinientos, es decir cuando haya un colapso pleno. Y exceptúa a las escuelas especiales, mientras abre las escuelas para que docentes y estudiantes vayan a utilizar las computadoras, en vez de garantizar la gratuidad de la conectividad para estudiantes y docentes y repartir computadoras y celulares para todas y todos.

La iniciativa también dispone aplicar el Código Penal a quienes “cometan infracciones” ante las restricciones, cuando sabemos que el peso de la ley y el accionar policial siempre recaen sobre el pueblo trabajador y los jóvenes, no contra los grandes empresarios que aumentan los precios, despiden o pagan salarios de miseria. Juntos por el Cambio critica el proyecto. Los mismos que fomentaron las marchas anticuarentena y obligan a docentes y estudiantes a ir a las escuelas y contagiarse en donde gobiernan.

Denunciamos este proyecto del gobierno que es utilizado para lavarse la cara en un año electoral. Para cuidar la salud y la vida hay que tomar medidas de fondo como las que postulamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad. Para que aparezcan las vacunas, incautando las que se van de Garín, suspendiendo todo pago de la deuda y aplicando un  impuesto especial a las ganancias de bancos y multinacionales para recaudar 20.000 millones de dólares que hay que destinar al combate de las dos pandemias, la del coronavirus y la del hambre y la pobreza que crecen.