Arrancó el año y crece la preocupación entre los trabajadores y demás sectores populares. Porque los problemas no se resuelven. Es más, muchos se agudizan.
Los salarios y las jubilaciones se siguen deteriorando en medio de una acelerada suba de los precios de los productos de la canasta familiar. Todos los días la noticia es cuál producto aumentó, si fue la carne, el pan, la verdura, la fruta o la nafta. Millones que han perdido sus empleos o su fuente de ingresos viven con el dramatismo diario de no saber cómo hacer para conseguir lo mínimo para sobrevivir. En un país donde crecen la pobreza y la indigencia el gobierno peronista de Alberto Fernández, el que sigue diciendo que “gobierna para los más vulnerables”, ha eliminado hasta el insuficiente IFE que existía el año pasado.
La otra gran preocupación es la situación sanitaria. Las promesas de vacunación masiva que el gobierno de Fernández pomposamente anunció hace casi dos meses siguen en veremos. Pasó diciembre, ya casi termina enero, y ni siquiera se ha terminado de vacunar a todos los trabajadores de la salud. El resto de la población sigue esperando, sin claridad de fechas. Mientras tanto, ante el evidente aumento de los contagios, el gobierno del Frente de Todos y los medios masivos de comunicación hacen foco en “las fiestas clandestinas” o las aglomeraciones en algún balneario, mientras esconden la realidad cotidiana de millones de trabajadores que viajan hacinados en trenes y colectivos. O que pasan largas horas del día con riesgo de contagio sin que las patronales se preocupen por cumplir los más mínimos requisitos sanitarios en los lugares de trabajo.
A todo esto, fogoneado tanto por el gobierno nacional como por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, ha entrado con todo el planteo de la vuelta a las clases presenciales. Puro doble discurso que busca un impacto electoral, desde la Nación, desde ningún distrito provincial, y menos que menos en la Ciudad de Buenos Aires, los gobiernos no han hecho absolutamente nada para garantizar las condiciones mínimas para hacer posible la presencialidad. Ni en la infraestructura física de las escuelas, ni en la cobertura de los miles de puestos de docentes y auxiliares necesarios para garantizar las medidas sanitarias ante el Covid-19.
El presidente Alberto Fernández, que cuando asumió hace un año hablaba de “llenar la heladera de los trabajadores” y de que los jubilados iban a ser prioridad antes que los banqueros, inició el año continuando con lo que vienen siendo sus reales prioridades: las reuniones y comunicaciones con el FMI para avanzar en el acuerdo con el organismo y así garantizar el pago de la deuda externa. A cambio, claro, del plan de ajuste que exige el Fondo. Esta realidad, aunque se la quiera esconder, es lo que sucedió en todos los acuerdos firmados desde que existe este organismo, y lo que nuevamente reclama como condición para firmar el pacto con el gobierno del Frente de Todos.
Como vemos, ni el gobierno de Alberto Fernández ni la oposición de Cambiemos están preocupados por resolver los reales problemas del pueblo trabajador. Todo lo que hay son medidas discursivas que se derriten casi inmediatamente, puro doble discurso de políticos patronales que ya han empezado a pensar qué rédito pueden sacar en un año electoral. Y, en la política “en serio”, garantías para las patronales detrás del acuerdo con el Fondo.
En los lugares de trabajo, en los barrios, en las reuniones familiares la preocupación es creciente. ¿Qué va a pasar este año? Nosotros, desde Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo decimos que la única salida es empezar a organizarnos para exigir respuestas y soluciones concretas. Frente a las direcciones burocráticas sindicales, de la CGT o de las CTA, que mantienen su pacto con el gobierno y los acuerdos salariales a la baja y solo aparecen preocupadas por sus propias cajas de las obras sociales, tenemos que reclamar que se salga a pelear por un aumento salarial de emergencia. Para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado por la junta interna de ATE-Indec en 82.000 pesos. Y al mismo tiempo, frente a los planes de ajuste que surgen del acuerdo con el FMI, insistimos en la necesidad de un plan económico alternativo de emergencia que comience por no pagar la deuda externa y romper los lazos políticos y económicos que nos atan al FMI y que continúe con un auténtico impuesto a las grandes riquezas y con la nacionalización de la banca y el comercio exterior para así poder contar con los recursos que permitan atender las dos pandemias, la sanitaria y la social, y responder así a las más urgentes necesidades de trabajo, salud, educación y vivienda.
