Escribe Adolfo Santos
El fracaso de las políticas públicas para enfrentar la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández está demostrado. Al limitar su acción al aislamiento social preventivo, sin desplegar otras medidas necesarias, los contagios continuaron en aumento, lo mismo que el número de muertos. El gobierno hizo caso omiso a los planteos de los profesionales de la salud como lo indicaba, entre otros, la combativa Cicop, que exigía testeos masivos, el acompañamiento de los grupos de riesgo y de los sectores infectados y el incremento del presupuesto de salud para evitar el colapso. Es que todo lo que significa gastar dinero al servicio de la salud pública es rechazado por el gobierno, que está decidido a bajar el gasto público para no contrariar al FMI.
A la hora de gestionar la vacuna, el gobierno está dispuesto a hacer grandes negocios. En octubre, el Congreso aprobó un proyecto del Frente de Todos para proteger a los laboratorios internacionales. Una ley vergonzosa que prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” a los laboratorios. Todo lo que esté errado con las vacunas contra el Covid-19 no será de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado, que deberá asumir el perjuicio. Y garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero.
Con esta legislación, ahora se anuncian una serie de negociaciones para la compra de vacunas cuya eficacia no ha sido debidamente comprobada. Existen decenas de vacunas que están siendo investigadas en todo el mundo. Muchas en fase preclínica, que se testean en animales. De las que se testean en humanos, sólo once están en fase 3, pero sin ser aprobadas aún para uso masivo de la población. En este nivel existe una competencia feroz entre los distintos laboratorios para apoderarse de un mercado que demandará miles de millones de dosis cuando sean aprobadas.
Por eso resulta extraño que, ante este panorama, el gobierno esté anunciando con cierta euforia la compra de diez millones de dosis de la Sputnik V, de procedencia rusa, que también está en fase 3 y solo ha sido autorizada por el gobierno ruso. ¿Cuánto se ha pagado por esa vacuna a los rusos? ¿Qué sucedió con el contrato firmado con el laboratorio AstraZeneca, del empresario ligado al gobierno Hugo Sigman, que iba a producir una vacuna con la Universidad de Oxford? ¿Qué vacuna se le va a ofrecer a la población argentina, la rusa o la inglesa? ¿Con qué garantías? Son muchas las preguntas sin respuestas. Mientras tanto, los rumores hacen variar los precios de cada dosis entre 4 y 20 dólares.
Las vacunas son patrimonio de la humanidad
En este momento hay una feroz disputa entre las distintas multinacionales para quedarse con el negocio de las vacunas. No se pueden aplicar los patrones habituales de los negocios internacionales. Como estamos ante un desastre humanitario las vacunas deben ser declaradas patrimonio de la humanidad. Las multinacionales ya han recibido cuantiosas sumas de dinero de gobiernos y de organismos internacionales como la GAVI (Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización) para desarrollar sus proyectos. Solamente del gobierno de Trump, en el mes de abril, han recibido 10.000 millones de dólares, a lo que debe agregarse millonarias sumas de subsidios que han puesto gobiernos e instituciones. Por eso la vacuna tiene que ser gratuita.
A pesar de las enormes ganancias de la industria farmacéutica, existen denuncias de que un subsidio de 1.5 mil millones de dólares que se distribuyó en gran medida a Pfizer y Glaxo para asegurar el abastecimiento de vacunas contra la neumonía para los países en desarrollo, el suministro no alcanzó para la vacunación masiva.
Diferente de la vacuna contra la poliomielitis, descubierta por Jonas Salk, que rápidamente estuvo disponible en forma gratuita, hoy la mayoría de las vacunas salen al mercado patentadas. Le debemos exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández la liberación de la patente del Covid-19. Mientras tanto, se debe apoyar en el conocimiento de los especialistas nombrados por las facultades de Medicina y Farmacia de las universidades estatales, del Conicet y otros institutos de investigación estatales para ayudar a definir los criterios para adquirir las vacunas que sean necesarias. La salud pública no es una mercadería, es un bien social que el gobierno no puede negociar. Solo la estatización de los laboratorios para la producción nacional de vacunas puede acabar con este comercio infame.
