El gobierno peronista de Alberto Fernández trata de hacernos creer, esta semana, que estamos rodeados de “buenas noticias”. Así fue anunciada la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que llegaría al país antes de fin de año. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se muestra sonriente y triunfante, afirmando que se logró “domesticar” al dólar porque en estos días se achicó la brecha entre el blue y el oficial. 

¿Pero cuál es la realidad que vive el pueblo trabajador? Que los números de la pandemia siguen siendo de terror. Todas las semanas pasamos un nuevo récord, ahora superamos a Gran Bretaña en número de fallecidos por habitante. Y seguimos con hospitales colapsados, en particular en el interior del país. En distritos como CABA, mientras se demuestra que ya no hay confiabilidad en los números de contagiados ni en el seguimiento (repitiendo lo que ya se había visto en la provincia de Buenos Aires de Kicillof), el gobierno de Cambiemos de Larreta también juega al “hagamos como que está todo bien” con la reapertura trucha de las escuelas, fuertemente repudiada por los docentes de Ademys.  

Visto desde el bolsillo del pueblo trabajador, con respecto a la economía tampoco hay nada para festejar. A los datos ya conocidos, de la pobreza récord, del desempleo en alza, de salarios y jubilaciones pulverizados, se suman en estos días los sostenidos aumentos en los precios de los productos de la canasta familiar. La inflación, que nunca se detuvo, se apresta a pegar un nuevo zarpazo. 

En las últimas semanas, el gobierno de Fernández y Cristina sigue profundizando lo que ya venía haciendo desde el comienzo de su mandato, una política de beneficios para los ricos y nada para los de abajo. Ahora avanzó más en esa dirección hasta transformarse en “palos” para los de abajo. El Frente de Todos gobierna contra los más vulnerables. Pero repasemos los últimos hechos.

La semana pasada se inició con Cristina Fernández llamando a un gran acuerdo que incluyera a los empresarios, la burocracia sindical, los grandes medios y la oposición de Juntos por el Cambio. ¿En qué consistía dicho pacto? No era, como tal vez pensara alguno, un primer paso para lanzar “medidas de reactivación económica y social” tras la pandemia. Por el contrario, lo que se buscaba era el “compromiso” de todos para compartir el mayor ajuste que se viene de la mano de la firma del nuevo acuerdo con el FMI.

El contenido concreto de ese acuerdo o pacto social propuesto por la vicepresidenta se fue completando en la semana. El miércoles a la noche se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional 2021, a la medida del ajuste exigido por el Fondo. Esa misma madrugada se dio el feroz desalojo con represión en Guernica. En los días siguientes se sucedieron reuniones con los más importantes empresarios de la Argentina, de las que las patronales salieron con beneficios concretos a su favor. 

Un dato destacado fue el anuncio de un nuevo “festival de bonos” (léase más endeudamiento externo) para dejar contentos a los especuladores financieros y, en particular, a usureros internacionales como Pimco y Templeton. Además, el ministro Guzmán declaró que el presupuesto tendrá un carácter “plurianual”, anunciando el ajuste permanente para garantizar el pago de la deuda y los compromisos con el Fondo. El final de esta saga, hasta ahora, el martes por la mañana, fue un nuevo desalojo por la fuerza y quema de viviendas realizado por el gobierno de Kicillof, esta vez en Escobar. Toda una señal al establishment de cómo se “defiende la propiedad privada”.

En síntesis, el gobierno del Frente de Todos está recorriendo el camino del “pacto social” pedido por Cristina, no importa si alguna vez se reunirá o no una “mesa” formal. Dependerá de las conveniencias políticas, de si le interesa a Juntos por el Cambio o no formalizarlo. Lo que sí es claro es que Cambiemos obviamente comparte lo central de la orientación del gobierno. El Frente de Todos, con su doble discurso, y agitando el fantasma “contra la derecha”. Cambiemos tratando de capitalizar el descontento general y sosteniendo a su base electoral. Pero ambos acordando en lo fundamental, a favor del FMI, de los pulpos acreedores y de las grandes patronales. Y que para esto hay que ajustar a los más vulnerables y al pueblo trabajador. Es evidente que por este camino no habrá “redistribución de la riqueza” ni vivienda para los que la necesitan, ni salarios o jubilaciones que cubran la canasta familiar, ni trabajo para los que hoy no lo tienen.

Tenemos, entonces, que luchar contra el ajuste. El que se está dando ahora y el que se profundizará en los próximos meses. Por eso, desde Izquierda Socialista, nos hicimos presentes con toda nuestra solidaridad apoyando a los vecinos de Guernica, repudiamos la represión, las mentiras del Larroque y Berni y seguimos exigiendo solución para esas familias. Así como continuamos acompañando a los despedidos de Latam, a las y los trabajadores de la salud, a los docentes que se niegan a volver a clases presenciales en medio de la pandemia y a todas y cada una de las luchas que se están dando. Y fortaleciendo al Plenario del Sindicalismo Combativo que sigue enfrentando el pacto para dejar pasar el ajuste de las burocracias de la CGT y las CTA.

Pero además de dar todas estas peleas tenemos que oponer, al ajuste permanente y a los privilegios para los ricos, los pagos de deuda y el FMI, otro plan económico, obrero y popular, que ponga como prioridad atender las más urgentes necesidades populares. Un aumento de salarios y jubilaciones hasta alcanzar el valor de la canasta familiar (73.470 pesos, según ATE-Indec). La reapertura de las paritarias. Un ingreso de emergencia de 40.000 pesos mensuales para todo el que lo necesite. Plata para atender el coronavirus, con más personal de salud, con salarios dignos, más infraestructura, testeos y un sistema de salud centralizado. Terminar con los desalojos y poner en marcha un plan de viviendas populares para resolver el déficit habitacional. Todas medidas que solo se pueden llevar adelante si dejamos de pagar la deuda externa, rompemos con el FMI, nacionalizamos la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación y la fuga de divisas, e imponemos un verdadero impuesto a las grandes riquezas.

El programa alternativo que postulamos va de la mano con la necesidad de avanzar en la construcción de una alternativa política distinta, para la clase trabajadora, como lo venimos haciendo con el Frente de Izquierda Unidad. Desde Izquierda Socialista nos comprometemos a seguir trabajando en esta dirección.