Costa Rica: ¡Fuera el FMI!

Decenas de miles de manifestantes llevan una semana de cierres de calles y anuncian huelgas y movilizaciones del movimiento sindical y popular para rechazar el acuerdo con el FMI. Como las protestas continúan, aun después de reprimirlas, el gobierno de Alvarado, con políticos burgueses y empresarios, llama ahora al “diálogo” para imponer un acuerdo.

Supuestamente para enfrentar la crisis, agravada por el Covid-19, el FMI prestará 1.750 millones de dólares imponiendo sus condiciones: nuevos impuestos a las transacciones bancarias, a la renta y bienes inmuebles, así como la privatización o liquidación de instituciones públicas como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores, entre otras medidas, que significan despidos.

Desde la UIT-CI nos solidarizamos con la lucha del pueblo trabajador de Costa Rica, denunciamos la política antiobrera y antipopular del gobierno de Carlos Alvarado, que favorece a banqueros y empresarios buscando imponer su política con la criminalización de la protesta.

Grecia. Declaran “organización criminal” a Amanecer Dorado

Ha sido un gran triunfo después de una gran pelea de los movimientos antifascistas, organizaciones de izquierda y los sectores populares. Luego de cinco años de proceso judicial, iniciado por el asesinato del rapero antifascista Pavlos Fyssasen, de 34 años, la Justicia griega declaró al partido neonazi Amanecer Dorado como “organización criminal” y se espera la condena para sesenta y ocho acusados, entre ellos sus dirigentes.

Amanecer Dorado había logrado 7% de los votos y bancas parlamentarias en 2012, pero sus crímenes y el repudio popular lo hundieron y en las elecciones parlamentarias de 2019 cayó a 2,93% de los votos.

Venezuela. La oposición de izquierda rechaza ley privatista “antibloqueo”

La Asamblea Constituyente, con todos sus miembros electos con fraude y oficialistas, votó la llamada “ley antibloqueo” dándole plenos poderes a Maduro para privatizar empresas e incluso para reprimir protestas de trabajadores. Fue aprobada a pesar de las críticas efectuadas incluso por sectores chavistas, como la denominada Alternativa Popular Revolucionaria (APR), y el intelectual Luis Britto García. En cambio, sí la apoya la más importante organización empresaria, Fedecámaras.

El rechazo a esta ley lo impulsa el Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI, junto a otros sectores de izquierda que denuncian que su objetivo es la privatización de empresas estatales y bienes comunes del país en beneficio de capitales transnacionales y locales.