Escribe César Baudino, integrante del Colectivo de Trabajadores por la Ventana, Entre Ríos

Los humedales son ecosistemas con un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Se estima que el 40% de las especies del mundo habitan o se crían en los humedales, ocupando entre el 5% y el 8% de la superficie. Los del delta del Paraná se ubican entre los tres más importantes del planeta.

Ante la voracidad del fuego, lo inmediato y urgente es apagar los focos de incendio y precisar que la responsabilidad indelegable de sofocarlos es del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y los municipales. Paralelamente, es imperativo exigir el castigo penal de los propietarios que provocaron las quemas.

El problema de fondo de las quemas en las islas está relacionado con la posesión y uso de la tierra. El fin es avanzar en la frontera agrícola con emprendimientos ganaderos a gran escala y/o negocios inmobiliarios.

Desde el Colectivo de Trabajadores por la Ventana, en Paraná venimos participando de la Multisectorial por los Humedales, que se reunió por primera vez el 1º de agosto pasado. Su conformación es variopinta, conviven grupos e individuos, especialmente jóvenes, con muchas energías para denunciar y movilizar por una ley de protección de los humedales y las islas que promueva la integridad ecológica de manera efectiva, definida y concreta. En ese marco, nuestra tarea de intervención política apunta a convocar a la más amplia movilización que promueva una salida integral a la depredación capitalista.

Consideramos a los territorios bienes comunes de los pueblos de incalculable valor ecosistémico, de interés público, y deben estar administrados, protegidos, conservados y restaurados ecológicamente desde el Estado, donde la prioridad son las personas que lo habitan, el agua dulce, la flora y la fauna. Entendemos perfectamente que cualquier legislación reformista en este modo de producción es acotada y vulnerable, pero hoy es un eslabón que nos permite luchar e intentar incidir en cuestiones de fondo. Por eso es importante, en este contexto, avanzar en una legislación para que los humedales y las islas, en tanto sujeto de derecho, tengan un ordenamiento territorial para el mismo ecosistema y sea de orden estatal.

La legislación debe incluir en el contralor al conjunto de las asambleas ambientales y organizaciones de trabajadores que tengan por fin defender la biodiversidad. Es necesario elaborar un inventario catastral de los propietarios y/o usurpadores capitalistas de las tierras, y en especial un relevamiento que incluya a los pescadores artesanales, pequeños productores ganaderos, pobladores isleños, artesanos de cestería, alfareros, carpinteros, apicultores y trabajadores de otras actividades. A partir de la recopilación de estos datos, impulsar un nuevo régimen de tenencia y usos de la tierra organizando cooperativas de trabajadores de las distintas ramas que formen parte de la defensa de los bienes comunes y sean convivientes de esos territorios.

En conclusión, nuestra propuesta centralmente tiene como norte la expropiación sin resarcimiento de las tierras usurpadas por los especuladores capitalistas del delta para formar un parque nacional del patrimonio común.

En la movilización por los humedales debemos sostener un programa de intervención política de la clase trabajadora convocando a ser inflexibles con los poderes del Estado serviles al sistema de muerte. Estos argumentos nos parecen vitales a la hora de enfrentar la barbarie capitalista.

El maquillaje del “capitalismo verde” en el Congreso

En el Congreso hay doce proyectos de ley en Diputados y el Senado, la mayoría con el maquillaje del “capitalismo verde”. Todos plantean más o menos lo mismo, presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible. Se definen humedales, se plantean objetivos, se proponen autoridades de aplicación y sus competencias, los fondos y establecen un régimen de sanciones. Sostienen el principio precautorio y preventivo, es decir, no intervenir el territorio hasta que estén finalizados los estudios que demuestren que no impactan en el ambiente y, por consiguiente, en la salud pública. Además, enuncian vagamente inventarios sin muchas precisiones.