Escribe José Castillo
La ministra de Seguridad puso en vigencia una nueva reglamentación para la policía que le permite disparar sin necesidad de identificarse ni dar la voz de alto. Manos libres para matar a los pibes de los barrios o para represiones como la que terminaron con la vida de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel.
El gobierno de Macri ha establecido un nuevo “protocolo de actuación” para las fuerzas de represión federales (policía, gendarmería, prefectura), a la vez que llama a refrendarlo en las provincias para que también pueda ser aplicado por su sus policías. A partir de ahora, las fuerzas represivas podrán disparar sin identificarse previamente (la conocida “voz de alto”) y hacerlo sin necesidad de que se verifique que la otra persona está armada, e incluso tendrán permitido dispararle si la otra persona está corriendo (presumiendo que estuviera “huyendo” de un delito). El protocolo llega incluso a permitir el uso del arma “si el número de los agresores impide materialmente el cumplimiento del deber”. Como se ve, se le da prácticamente vía libre a la policía y otros aparatos represivos para que puedan disparar y, en todo caso, tengan todos los justificativos posteriores que los libre de cualquier consecuencia legal.
El planteo no es aislado. Lo hace la misma ministra que se jugó a fondo para defender a la gendarmería en la represión que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, en la justificación a la prefectura ante el asesinato de Rafael Nahuel y en la defensa del policía Chocobar, caso emblemático de gatillo fácil. La misma Patricia Bullrich que a lo largo del gobierno de Macri siempre fue la primera en salir a defender todas las represiones que se dieron contra las protestas populares.
El gobierno intenta con esto hacer desaparecer de las noticias el tema del feroz ajuste económico, el crecimiento de la miseria y el desempleo y los salarios y jubilaciones que cada día alcanzan para menos, y reemplazarlo por la cuestión de la “seguridad”. Es una vil maniobra para entrar al próximo año electoral.
Obviamente que a los trabajadores y los sectores populares les preocupan el aumento de los robos y la violencia que cotidianamente se sufre en las calles. Ellos son los principales afectados, y no los ricos, cuidadosamente pertrechados en sus barrios privados con su propia seguridad. Pero son los mismos trabajadores y vecinos de las barriadas que ven cómo se persigue, e incluso se mata, a los pibes jóvenes, por el solo “delito” de ir con una gorra, estar en una esquina tomando una cerveza o directamente por “portación de cara”. A la vez que la policía, la gendarmería y la prefectura aparecen involucrados todo el tiempo en el negocio de las “zonas liberadas” para robar, en el negocio de los desarmaderos, la trata, la prostitución y la venta ilegal de drogas.
Con una supuesta “mayor mano dura”, y mucho menos con este protocolo que consagra la impunidad para que la policía mate, no se resolverá nada del drama de la inseguridad. Al contrario. Para hacerlo hay que desmantelar un aparato represivo que, además de estar metido en todos los negocios del delito, es fortalecido y pertrechado exclusivamente para reprimir la protesta popular. Los vecinos autoorganizados en los barrios y la elección popular de los comisarios, son las medidas reales que se necesitan si se quiere de verdad atacar el flagelo de la inseguridad. Unida, por supuesto, a dar trabajo, salud, educación y reales oportunidades en la vida a los pibes de los barrios, hoy puestos en la mira del gatillo fácil por el nuevo protocolo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda lo rechazamos, como lo hemos expresado en las legislaturas provinciales de Córdoba y Neuquén, donde a iniciativa de nuestros legisladores Ezequiel Peressini y Angélica Lagunas, respectivamente, se votó el repudio a esta vía libre al gatillo fácil de Bullrich y Macri.
