El Socialista entrevistó a Eugenio Semino, defensor general de la Tercera Edad, para analizar la suspensión de la movilidad para los jubilados establecida en la llamada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

 - ¿Qué opinión le merece la suspensión de la movilidad jubilatoria y su reemplazo por bonos fijos?

En lo que hace a la seguridad social, este gobierno es una continuidad manifiesta del anterior. La administración Macri no tenia capital político para seguir avanzando, entonces, hay una profundización de lo que no podía hacer la administración anterior. Lo del bono es una dádiva, bienvenido al que le llegó al bolsillo. Pero como todo bono es injusto. El bono, mostró un grado de perversión brutal, muchos bancos no le pagaron el bono al jubilado porque tenía deudas o adelantos de tarjeta de crédito, entonces se lo confiscó, algo que no podría hacer si fuese remunerativo. Tampoco se le pagó al que está recibiendo 14 mil pesos y tiene un subsidio por discapacidad de 5 mil, le sumaron los dos ingresos, un disparate, porque subsidio es un derecho que no tiene nada que ver con el haber. Esto habla de la deshumanización de un sistema perverso. Además de ser una medida inconstitucional.

- ¿Podemos decir que es una política regresiva en relación a la movilidad?

Sí. Aunque hay que aclarar que la movilidad nunca fue una forma de recomponer el haber, es simplemente un reajuste para mantener algún tipo de paridad relativa con la inflación. Nunca recompone totalmente, los jubilados “pre financian” la inflación. La nueva ley de Solidaridad significa una pérdida para el jubilado, porque el bono es inferior al cálculo que surge de la movilidad. Por la alta inflación de 2019, sería alrededor del 27% en el primer semestre de 2020 (11,5 en marzo y 15 en junio).

- ¿El jubilado debe dar por perdido ese reajuste?

Aunque se haya suspendido, la ley continua vigente y el gobierno va a tener que pagar el 11,5 en marzo y el 15% en junio a todo el sistema, aunque sea mediante acciones judiciales. El jefe de gabinete dice que van a pagar reajustes mediante bonos. Aceptar eso es el peor de los mundos. Parece que las leyes no valen nada. No se puede llegar al fin de un ciclo de vida dedicado al trabajo y que el gobierno te diga: “le vamos a dar lo que podamos…”, eso no da ninguna seguridad social al trabajador. Nos están diciendo desembozadamente que ya no va a haber más un sistema que era de reparto solidario.

- Aunque insuficiente, la movilidad le daba cierta previsibilidad al jubilado…

Ha habido diferentes fórmulas de movilidad. En 2008 el Congreso saca una ley de movilidad, con una fórmula que contemplaba 50% por el índice de aumento salarial y la otra mitad por la variación de la recaudación de impuestos que tienen porcentuales destinados a la seguridad social. Que quede claro que ni con esta ni con otras movilidades, el jubilado nunca recompuso su haber. En diciembre de 2017, en el inicio del eclipse de la gestión Macri, se hace un cambio de fórmula. Ingresa un componente importante que era la variación del índice de la inflación. El proyecto original consideraba el 100% de la inflación, pero los senadores de la oposición, que ahora son del oficialismo la alteraron y pusieron 70% inflación y 30% de salario. Macri creía que esta fórmula lo iba a favorecer porque tenía una pauta inflacionaria para 2018 de 20 puntos. Pero como en 2019 la inflación disparó, llegando al 53,8 %, considerando el 70% y 30%, el cálculo para el primer semestre sería del 26,5% (11,5 en marzo y 15 en junio), no es gran cosa, pero es una recomposición mínima para evitar mayores pérdidas. Pero viene el gobierno de Fernández y la suspende, lo que genera una tremenda incertidumbre. Es una irregularidad muy grande porque, aunque suspendida, ya están adquiridos los derechos de la ley, porque no está derogada.

- Cabría preguntarse: ¿solidaridad con quién?

Claro, paradójicamente la ley que suspende la movilidad, lleva el mismo nombre de la cuestionada Ley de Solidaridad Previsional editada por Domingo Cavallo en 1995 que se usó para privatizar el sistema. Pero es peor, había un artículo que afectaba las petroleras y lo sacaron, había tres puntos de retenciones para las sojeras que iban a ir al fondo de sustentabilidad de Anses y lo suspendieron, por lo cual los únicos que quedaron pagando el pato de la boda en esta mal llamada “solidaridad”, son los jubilados.

Nuestras propuestas

Desde Izquierda Socialista FIT-Unidad, rechazamos el modelo de aumento para los jubilados presentados por el gobierno para el mes de marzo. Serán aplicados aumentos de forma diferenciada, a través de sumas fijas, de las que resultarán porcentajes mayores para los que cobran haberes mas bajos y ajustes menores para los que están recibiendo más, con esta maniobra cubriría los 11,5% de promedio exigidos por ley. En vez de tocar los intereses de las mega mineras, de los sojeros, de los bancos, de las petroleras o los grandes empresarios para dar un aumento capaz de cubrir el costo de la canasta del jubilado, calculada en 37.800 pesos, propone que un sector de jubilados financie el aumento de otro sector. Es inadmisible! No aceptamos ese tipo de “solidaridad” que iguala para abajo, achatando jubilaciones.

Para garantizar el 82% móvil a los jubilados y equiparar los haberes mínimos con el costo de la canasta del jubilado, hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y que profundizaron los gobiernos posteriores; realizar un blanqueo de los trabajadores en negro. Si hiciera falta cubrir algún faltante, debe salir de la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones. La prioridad, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las patronales y el FMI.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Canasta básica de los jubilados

La canasta básica de los jubilados está completamente desfasada del haber jubilatorio. Desde hace once años, la Defensoría de la Tercera Edad, calcula semestralmente este costo en las grandes ciudades. Considera tres ejes: alimentación (consumo de dos mil calorías diarias), vivienda y salud, que no es solo medicamento, sino insumos como fijador para dentaduras, descartables, sales hiposódicas, etcétera. El último cálculo, del 6 de octubre de 2019, fue de 37.800 pesos. O sea que una jubilación mínima apenas cubre un tercio de ese costo que está desactualizado. Estos índices son repasados a las autoridades de gobierno que, con sus medidas, demuestran una completa indiferencia a esta grieta entre costo de vida y haberes jubilatorios.

Fondo de Sustentabilidad y Garantía

El decreto de formación de ese fondo, de 2007, tenía un artículo sexto que exigía que el FSG debía tener un capital equivalente a la erogación anual del sistema. Legislaciones posteriores anularon esa exigencia y los distintos gobiernos patronales de turno pasaron a utilizar el fondo para pagar deudas o para otorgar créditos blandos a los amigos, nunca para cubrir los desfasajes de la inflación y mejorar los haberes de los jubilados. En el gobierno de Cristina Kirchner, se llegó a prestar a la multinacional General Motors 259 millones de pesos a una tasa diferenciada inferior a la del mercado para “fomentar el crecimiento económico”. De esa forma, ese fondo que llegó a tener 63 mil millones de dólares, hoy tiene apenas 23 mil millones. Altos funcionarios de Anses como Diego Bossio o Emilio Basabilbaso, responden por denuncias a la justicia. Luis María Blaquier, ex presidente del FGS, fue procesado por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado. Es inadmisible que este fondo para atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público, sea utilizado de forma discrecional por funcionarios designados por los políticos de turno.