Escribe Mariano Moreno, Candidato a diputado por Buenos Aires
Desde la masacre de San Miguel del Monte hasta el más reciente asesinato de Matías Alderete quedó clara la línea de luz verde a las fuerzas represivas para que tiren a matar. La línea no distingue distritos, ni provincias, ni de si gobiernan peronistas, radicales o macristas. Y el objetivo privilegiado siempre son los sectores más empobrecidos y quienes protestan.
Queda claro que la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado no fue un hecho aislado, sino la apertura a una nueva doctrina de amparo al accionar criminal de las fuerzas represivas del Estado. Nació el “no vamos a arrojar un gendarme por la ventana”. Pero no fue solo línea PRO, fueron los gobernadores de la Patagonia, hoy aliados con Fernández, los que coordinaron el accionar represivo para acorralar al pueblo mapuche. Ellos también son responsables políticos del asesinato de Rafael Nahuel.
Todo esto viene de hace mucho tiempo, y tiene un origen en los milicos de la última dictadura que nunca fueron juzgados y luego se reciclaron en las distintas fuerzas represivas. Pero sobre todo en una línea de los partidos patronales que amparan la represión como forma de amedrentar a los sectores populares.
Así como hoy tenemos la “doctrina Chocobar” que aplaude a policías que asesinan por la espada, antes tuvimos la “doctrina disparen y decimos que se mataron entre ellos”, de la mano de Duhalde, junto al hoy regresado al kirchnerismo Felipe Solá y Aníbal Fernández, los responsables impunes del asesinato de Dario Santillán y Maximiliano Kosteki.
Según los datos de Correpi, durante los doce años de gobiernos kirchneristas tuvimos 22 muertos por protestar y 3.658 casos de gatillo fácil, uno cada 30 horas. A eso hay que sumarle la tercerización de la represión a partir de las patotas de las burocracias sindicales, como la de la Unión Ferroviaria que asesinó a Mariano Ferreyra, cuyo dirigente hoy fallecido, José Pedraza, daba cursos de formación a La Cámpora.
Por su parte, Macri cerró sus primeros tres años con cuatro muertos por protestar y un caso de gatillo fácil cada 21 horas. Estas cifras son las que hoy están en aumento. Pero, con claridad, un nuevo gobierno nacional peronista no va a ponerles un freno. La renegociación con el FMI que proponen Macri y Fernández no pasará sin una mayor represión. El voto al FIT-Unidad fortalece la pelea por el derecho a la protesta y por terminar con el accionar criminal de las fuerzas represivas del estado.
El FIT Unidad exige justicia ante cada uno de los casos de gatillo fácil y también ante los crímenes aún impunes como el de Maxi y Darío. Peleamos por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, basta de gatillo fácil y represión a la protesta social. Decimos también basta de servicios de espionaje sobre los luchadores populares y causas armadas como la de Daniel Ruiz.
