Escribe Guido Poletti

A principios de 2018 el Sindicato de Camioneros realizó una medida de fuerza reclamando el pago de un bono del pasado fin de año. De esa forma supuestamente “violó” una conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo que claramente estaba jugando como tantas otras veces para el lado de las patronales.

Esa fue la excusa para que el gobierno le impusiera una multa superior a 800.000 pesos. El gremio, correctamente, se negó a pagarla denunciando que se estaba atacando el derecho de huelga. El ministro Triaca consiguió entonces un juez amigo, Ignacio Ramonet, que pidió el embargo preventivo de las cuentas del sindicato y, mientras se terminaba de resolver el asunto, le agregó intereses a la multa. En concreto, hoy le reclama al Sindicato de Camioneros más de un millón de pesos.

En estos días se conoció una amenaza similar contra Suteba. Ante el planteo de realizar un paro a la vuelta de las vacaciones de invierno, el gobierno de Vidal, en este caso haciendo de “juez y parte”, decretó en forma totalmente arbitraria la conciliación obligatoria y amenazó al gremio con multas millonarias si no la cumplía.

Más allá de que el caso de Camioneros esté más avanzado judicialmente la forma de operación del gobierno es la misma: atacar el derecho de huelga que es la herramienta más básica que tenemos los trabajadores para salir a pelear por nuestros reclamos. En concreto, el gobierno quiere quedarse con el dinero de los aportes de los trabajadores. ¿Tal vez para sumarlo al pago de la deuda externa?

Tenemos fuertes diferencias con las conducciones burocráticas de Camioneros y Suteba, e incluso con la forma en que manejan los fondos de esos sindicatos. Pero acá hay una amenaza directa del gobierno contra la independencia sindical. Decimos ¡no a la limitación del derecho de huelga!, ¡no a las multas!