Con esta “agilización” de las condiciones para la investigación, el gobierno busca facilitar el ingreso de capitales de las multinacionales farmacéuticas que, en palabras del propio presidente, ascenderían a un monto de 25.000 millones de dólares. Este anuncio muestra a las claras las reales intenciones del gobierno: ofrecer a las multinacionales farmacéuticas un “paraíso” donde puedan sortear fácilmente requisitos previos que los países centrales exigen para la comercialización de los medicamentos.
No se agota aquí la cuestión. Expertos en Bioética alertan sobre los peligros que plantea esta normativa en el terreno del respeto y preservación de las personas sujetos de investigación. El profesor titular de Bioética y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Claudio Capuano, escribió: “De acuerdo al contexto del mensaje (del presidente) pareciera que los principios éticos que deben regir para la protección de las personas que participan de un ensayo clínico, quedarán subsumidos al objetivo de la generación rápida de ganancia de las empresas farmacéuticas”. La derrota del nazismo y las bestialidades reveladas en los juicios de Nuremberg lograron que la experimentación con seres humanos fuera internacionalmente condenada a pesar de que la industria continuó sus pruebas en países de África y el Caribe. Hoy es el gobierno de Mauricio Macri el que ofrece este “servicio” a la industria farmacéutica mundial, facilitando de hecho la experimentación humana en la Argentina.
Las multinacionales farmacéuticas, además, son responsables del gran despilfarro de recursos en nuestro país porque fomentan tanto la sobreproducción como el uso irracional de los medicamentos. Mientras la Organización Mundial de la Salud fija en unas mil las especialidades farmacéuticas necesarias para atender el 96% de las enfermedades, en nuestro país se producen 18.000. Es así que somos uno de los países que más gasta en remedios: nada menos que la tercera parte de nuestro gasto en salud, es decir un 3% del PBI. A pesar de esta enorme producción y de este gasto desmedido, el gobierno deja sin tratamiento a los jubilados pobres y se cuentan por millones quienes no pueden acceder a la medicación.
Hay que terminar con el negocio de los medicamentos a la medida de los grandes laboratorios multinacionales. Nuestro programa plantea nacionalizar las empresas farmaceúticas para que los laboratorios de especialidades medicinales pasen a funcionar bajo control de sus propios trabajadores. Así, sumándole a ello la capacidad de los laboratorios de universidades y otros centros de investigación del Estado, se podrán producir todos los medicamentos genéricos para garantizar su entrega gratuita a todos los que lo necesiten. Al mismo tiempo, hay que derogar inmediatamente la resolución 4.008 que desregula la experimentación con seres humanos. Y volver a darle al Anmat los recursos y plazos necesarios para que pueda cumplir eficazmente su misión de garantizar la calidad de los medicamentos aprobados.