Giordano afirmó: “la inseguridad se combate terminando con el hambre, la marginalidad y la desocupación. También combatiendo a las mafias policiales, políticas y judiciales que apañan a los delincuentes de guante blanco [...] los motoqueros no son delincuentes, son trabajadores.” El proyecto de nuestro diputado consta de un artículo que dispone rechazar el decreto 171/2017 que establece la obligatoriedad de llevar el número de dominio en el casco y en el caso del acompañante, además del casco, vestir un chaleco reflectante, también con el número de patente.
En Córdoba también hubo una importante movilización y nuestro diputado Ezequiel Peressini presentó en la legislatura un proyecto de resolución para repudiar este intento y exigir a los diputados nacionales de la provincia que deroguen el decreto.
Este decreto, lejos de resolver el problema de la inseguridad, estigmatiza y discrimina a los trabajadores que, por el simple hecho de utilizar una motocicleta, se verán obligados a llevar una marca. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes quedan por fuera de esta norma. Ellos conducen automóviles de alta gama. Debemos nacionalizar el conflicto y extender el reclamo para evitar que el próximo 5 de junio entre en vigencia.
Claudio Funes