La investigación se inició en 2012, cuando se allanaron 16 prostíbulos de manera simultánea a través de un megaoperativo, donde la Policía Federal encontró a 200 mujeres, una de ellas menor de edad, y muchas de otros países como Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. De las cuales 57 mujeres fueron asistidas como víctimas de delitos de trata y delitos conexos. El allanamiento se produjo a raíz de una denuncia del Foro No a la Trata San Juan, el cual señaló la existencia de 26 prostíbulos, entre ellos whiskerías, cabarets y departamentos privados.

En algunos de los lugares se encontró a clientes (ninguno imputado) y policías uniformados de la Policía Provincial, que estaban trabajando como adicionales en los prostíbulos, mostrando una complicidad entre las distintas comisarías y los prostíbulos.

Esto deja en evidencia cómo, bajo el gobierno kirchnerista de Gioja, existe una clara participación y complicidad entre los funcionarios del gobierno y del estado, y las redes de trata, nacionales y provinciales que, por ende, son responsables de que en Argentina sigan desapareciendo 600 mujeres por año, capturadas para su explotación sexual y/o laboral.

Si bien contamos con la ley n° 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sigue siendo otro verso K, ya que no se han reglamentado ningunos de los artículos que actualice la penalización de proxenetas y tratantes.

¡Justicia para todas las víctimas y cárcel a los responsables! ¡Desmantelamiento ya de las redes de trata! ¡Basta de complicidad de policías y de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales!