El 9 de abril llegaron más de 2000 fuerzas federales, asistidas por más de 450 vehículos, helicópteros y hasta un avión de observaciones patrullando las 24 horas. A ello debemos sumarle la Ley de Emergencia de Seguridad que aumentó el presupuesto en seguridad un 8,56%. Asimismo, la violencia y los homicidios no cesan. Desde aquella fecha hasta el 2 de mayo hubo 22 muertos, no cayó ninguna red de lavado de dinero, ni ningún pez gordo narco, ni nadie de quienes los amparan política y judicialmente. Mientras en Santa Fe el 50% de los jóvenes no terminan los estudios, 50 mil familias no tienen techo, el valor de la canasta trepó a más de $10.000 y el gobierno del “socialista” Bonfatti junto a Berni quieren meter miedo para evitar el estallido. Hoy en día la situación se agrava por la militarización de barrios, requisas discriminadoras, cacheos que recaen en pibes y pibas, trabajadores y en barrios populares. Hay denuncias de vejámenes constantes y procedimientos que nos remiten a períodos nefastos de nuestra historia. Dicha realidad está siendo denunciada en el marco del Proyecto X, la Ley Antiterrorista, la condena a los petroleros de Las Heras, las leyes anti piquetes y la asunción de Milani.
La actividad tuvo gran repercusión y asistencia por parte de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Se resolvió, entre otras cuestiones, emitir una declaración pública denunciando la situación planteada y las responsabilidades políticas en todos los niveles del estado. Redactar una carta abierta para trabajar con la comunidad. La sistematización de las denuncias en una planilla como plataforma común. Elaborar un listado solidario de números telefónicos de compañeros/as de todas las organizaciones para responder ante los atropellos. Solicitar formalmente una entrevista al gobernador. Programar un acto público y una próxima reunión este jueves 5 de junio, a las 18.30, en Tucumán 1349, PA.