La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que agrupa a estudiantes, docentes y padres, denuncia que la reforma educativa, llamada Lomce, es una legislación mercantilista, elitista y que atenta contra la igualdad de oportunidades y favorece la privatización de la instrucción estatal. La huelga exigió además la readmisión de los más de 50 mil profesores despedidos y que se devuelvan “los seis mil millones de euros robados” a la educación pública. La Plataforma emplazó a los líderes de Comisiones Obreras y UGT (las dos más grandes centrales sindicales) a convocar una huelga general en defensa de la enseñanza universal y gratuita.