Escribe Carlos Coudet

Los conductores del transporte marcharon desde la sede del gremio para reclamar el pago total de sus salarios. Llevaban dieciocho días de huelga consecutivos e hicieron sentir sus voces tanto en el municipio como en la sede de la gobernación, en lo que fue una movilización sin antecedentes en los últimos años por la cantidad de trabajadores que ocuparon las calles.

Los colectiveros nucleados en las tres empresas que conectan la ciudad y el Gran Rosario dejaron bien en claro que sin salarios pagos no hay cuarentena. Rechazan cualquier intento de rebaja salarial por los servicios que ya prestaron durante todo el mes de abril, por los que ahora les quieren pagar el 70 por ciento. Al reclamar el total del pago de los haberes están luchando también contra el pacto de la burocracia sindical con el gobierno nacional.

Las empresas, por su lado, venían acostumbradas a conseguir subsidios jugosos para llenarse los bolsillos. Ahora argumentan que no tienen plata y se niegan a pagar los salarios. Otra extorsión más, como cuando  piden aumento del boleto utilizando las justas exigencias de los trabajadores como excusa.

Queda claro una vez más que para los distintos gobiernos el transporte público no es un servicio esencial, sino un negocio que pueden administrar empresarios para llenarse los bolsillos a expensas de los usuarios.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos que se termine con los concesionarios privados del transporte público y se estatice todo el sistema, garantizando un servicio acorde a las necesidades de la cuarentena y sin afectar el salario de los trabajadores. Nos solidarizamos con la lucha de los choferes y junto a ellos exigimos el inmediato pago los salarios adeudados.

El lunes 1 de Junio desde Izquierda Socialista volvimos a acompañar la movilización de los chóferes de media y larga distancia de la empresa Plusmar. Entrevistamos a Horacio, Gustavo y Fabián, referentes del reclamo por el pago de sus salarios adeudados.

¿Por qué reclaman?

"Desde marzo no nos pagan los salarios a los 850 trabajadores, nos deben horas extras y todo el sueldo de abril y mayo. Tenemos compañeros que no tienen plata para comer, para sus familias, ni para pagar los medicamentos. No hay ninguna respuesta de la empresa, ni siquiera pagaron el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) que prometió el gobierno.”

¿Y la UTA no los apoya?

“Nuestro cuerpo de delegados de la UTA está borrado, incluso un delegado Oscar Paolina integra la comisión directiva nacional en 'ética gremial' y ni apareció. Por eso decidimos autoconvocarnos para reclamar".

¿Qué les dijeron en el Ministerio de Trabajo?

"El 19 de Mayo cuando nos movilizamos al Ministerio presentamos un petitorio y nos dijeron que íbamos a cobrar 32.000 pesos por mes del ATP desde la Anses, y tampoco lo depositaron, no hay ninguna respuesta".

¿Cómo se están organizando?

"Es la segunda movilización que hacemos en Barracas, hoy marchamos al Obelisco, nos autoconvocamos para protestar y si no nos pagan vamos a endurecer las medidas. Nos estamos uniendo a los chóferes de otras empresas de media y larga distancia que tampoco han cobrado, ni siquiera el ATP, como Urquiza, Chevallier, Tata, Vosa y otras líneas que nos acompañaron hoy con delegaciones. La UTA no informa nada, negocian nacionalmente por arriba, se manejan solo por teleconferencia, pero no se hacen presentes. Así que nosotros vamos a seguir protestando hasta que aparezca la plata".

Entrevistó: Javier Leonforte

Escribe Gastón Godoy

El pasado 29 de mayo se llevó adelante el tercer paro mundial de repartidores en medio de la pandemia. En la Argentina y varios países se desarrollaron acciones de visibilización de las pésimas condiciones de trabajo que sufren quienes desde el primer día fueron considerados “trabajadores esenciales”. Pero esta categoría no influyó en ningún aumento salarial ni en medidas de protección e higiene. Más bien lo contrario, incrementaron la exigencia y el control y se produjeron despidos. Ocurrieron también asesinatos laborales, como los de Emma, Miguel Ángel y Franco.

La acción en nuestro país tuvo epicentro en el Obelisco de Buenos Aires, desde donde se marchó hasta el Ministerio de Trabajo que encabeza Claudio Moroni. La movilización se enmarca en un plan de lucha que vienen desarrollando con más fuerza desde que comenzó la cuarentena. El primer paro, también mundial, fue el 22 de abril, luego se realizó otro el 8 de mayo. La organización todavía es incipiente porque las empresas Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats están vinculadas al Estado y tienen el aval gubernamental para no dar ningún beneficio laboral (vacaciones, aguinaldo, salario mínimo) y despedir a quien proteste.

Los principales reclamos son: aumento de 100% de pago por envío (hoy es de 55 pesos), elementos de seguridad e higiene, que la ART esté a cargo de las empresas y la reincorporación de quienes fueron echados por haberse organizado. Uno de los pedidos más sentidos es también el que tiene que ver con los asesinatos laborales, que siguen impunes porque las empresas se desligan totalmente. Para eso cuentan con la complicidad del gobierno y de los sindicatos dirigidos por las burocracias de APP, Asimm y la ACRI.

Desde Izquierda Socialista somos parte en algunas provincias y alentamos la formación de un espacio combativo dentro de estos sectores, donde las discusiones se den de forma democrática y en asamblea, como la última que definió participar de la movilización que el Plenario del Sindicalismo Combativo convocó para el próximo 16 de junio. En esa perspectiva acompañamos todas las acciones que se realicen y le exigimos al gobierno de Fernández que se haga cargo de la situación de precarización total y miseria que atraviesan. El gobierno debe obligar a las empresas a que contraten en blanco a sus trabajadores, dándoles todos los beneficios laborales.

En estas semanas, justo cuando el frío empezó a pegar más fuerte, se empezaron a conocer datos de varios docentes que se contagiaron coronavirus, fundamentalmente en CABA y Buenos Aires. ¿Cómo es posible si las clases están suspendidas y los docentes estamos trabajando, de manera virtual, desde nuestras casas?

Escribe Guillermo Sánchez Porta

La principal razón es que el gobierno nacional, el de Larreta, el de Kicillof y los intendentes municipales no están garantizando el reparto de comida a los sectores populares más necesitados (¡que son millones!), casa por casa, a través de sus organismos de Desarrollo Social destinados a esa tarea. Al declararse la cuarentena y suspenderse las clases, también la necesidad de garantizar la alimentación de los alumnos y sus familias, que en muchos casos no pueden salir a “buscar el mango”, se multiplicó. Pero los gobiernos no multiplicaron proporcionalmente los fondos para Desarrollo Social destinados a cubrir esas necesidades. 

En vez de nombrar a miles de personas, hoy sin trabajo, para que, con todas las medidas de seguridad necesarias, hagan el reparto de comida e insumos casa por casa en los barrios populares, decidieron utilizar a los docentes y auxiliares para ese trabajo en las escuelas. Además, a la mayoría no le garantizan todos los elementos de protección para evitar el contagio. 

Como alertamos desde Docentes en Marcha e Izquierda Socialista, esa metodología pone en riesgo la salud de docentes y de millones de familias pobres que deben hacer largas colas y retirar sus bolsones en las escuelas.

Ahora hay muchos casos de docentes contagiadas justamente en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires (Soldati, Lugano) y Gran Buenos Aires (La Matanza, Lomas de Zamora). La mayoría son compañeras que fueron voluntariamente a colaborar a sus escuelas. Automáticamente, ellas, sus familias y las demás compañeras que estuvieron en la tarea deben pasar a cuarentena, esperando no ser, también, portadoras del Covid-19. Y las familias que estuvieron en contacto con ellas también están con esa incertidumbre.

Todo esto, insistimos, podría haberse evitado. Pero los gobiernos no sólo no quisieron invertir en lo necesario para evitar estos riesgos, sino que inventan fundamentos para sostener esa política irresponsable. Por un lado dicen que en las escuelas se pueden centralizar los datos de las familias más necesitadas. ¡Pero justamente en las escuelas tenemos esos datos, con dirección de todos, y el gobierno podría organizar la entrega en las casas! 

Por otro lado, desde el gobierno aprietan a docentes para que vayan con nuevos “protocolos” diciendo que sería obligatorio asistir para no ser sancionado, como parte del “vínculo pedagógico con la comunidad”. ¡Una vergüenza! 

En realidad, ningún docente va porque tenga miedo a una sanción. Van voluntariamente porque prima la solidaridad con las familias pobres de sus alumnos y, al ver que el gobierno no lo garantiza, están dispuestos a arriesgar su salud. 

Si bien hay miles de docentes voluntarias, el propio gobierno reconoce que cada día se le hace más difícil conseguir la cantidad necesaria, porque hay razonable miedo a los contagios. Por eso los gobiernos están pensando en hacer un solo reparto por mes, de mayor cantidad de productos, y otras variantes. 

Pero la única solución para garantizar la comida e insumos para millones de familias pobres, o sin ingresos actuales por la cuarentena, sin que se expongan al contagio, es que los gobiernos inviertan el dinero para nombrar el personal de Desarrollo Social necesario para repartir, con todos los elementos de seguridad protocolares, casa por casa y con toda la comida e insumos que cada familia precise. 

Para hacer esto hay que tomar la decisión política de hacer un fondo de emergencia. Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha seguiremos exigiendo al gobierno que se haga cargo y garantice sus obligaciones sin arriesgar la salud de los docentes y de las familias. 

Neuquén. Continúa la lucha de los camioneros

En la capital neuquina sigue el campamento de los doce choferes suspendidos de la empresa Expreso Argentino que bloquean las puertas del depósito para que no entre ni salga nada ni nadie. Exigen que les paguen los dos meses de salarios adeudados y les levanten la suspensión, ya que la empresa continúa trabajando en otros depósitos y contrató a nuevos choferes, que tiene en negro. El sindicalismo combativo, la izquierda y organizaciones sociales acompañamos a los trabajadores en la movilización que realizaron para visualizar su reclamo. La Justicia emitió una orden de desalojo de las puertas de la empresa en lugar de obligarla a pagar lo que adeuda. Mientras, la Secretaría de Trabajo provincial tampoco intima a los empresarios, siendo que por decreto nacional están prohibidos los despidos y las suspensiones, sobre todo en una empresa que nunca dejó de trabajar por la pandemia, ya que su servicio es considerado esencial. Gran solidaridad despertó el conflicto, con aportes de alimentos y fondos para que puedan aguantar. Los militantes de Izquierda Socialista y la concejala Angélica Lagunas concurrimos diariamente a llevar nuestro apoyo a los choferes en el campamento.

San Fernando. Municipales en pie de lucha

Municipales de Servicios y Obras Públicas de San Fernando han denunciado al municipio, al mando de Juan Andreotti, por descuentos arbitrarios en sus salarios, en algunos casos de 50 por ciento. Realizaron un acampe en la puerta de la base donde diariamente toman servicio manifestando que el municipio nunca les facilitó los elementos básicos, como barbijos, mascarillas, antiparras, guantes o algún desinfectante y reclamando el pago total de sus salarios. Los trabajadores resaltaron la política negrera y explotadora de Andreotti, que paga bajos salarios, y tiene a la mayor parte de la planta precarizada.

Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – CABA

Denuncian contagios de Covid-19 entre trabajadores y jóvenes a los que se debía cuidar

Ya son en total nueve los casos confirmados en los dispositivos de atención directa y alojamiento del CDNNyA. En el CAD (Admisión) las autoridades ordenaron volver al trabajo al personal que estuvo en contacto estrecho con el adolescente que resultó positivo. Lo mismo sucedió en el CRC (Régimen Cerrado) Belgrano. Este proceder irresponsable y contrario a los indicaciones sanitarias expone a los niños, niñas y adolescentes y trabajadorxs a mayores contagios.

Dispositivos fusionados, falta de insumos de protección e higiene personal y la negativa de las autoridades a disponer el aislamiento de catorce días conforman en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y la Dirección de Servicios de Atención Permanente un cuadro de negligencia de las autoridades.

Trabajadores agrupados en Unidad de Trabajadorxs en el CDNNyA (UTC) en ATE exigen que se convoque a una asamblea conjunta de los sectores afectados para defender en unidad los derechos de trabajadores, niños, niñas y adolescentes.