Escribe Claudio Funes

Una impresionante y masiva caravana avanzaba por la avenida Corrientes: eran los trabajadores del INTI reclamando la reincorporación de los 258 despedidos. Ese 2 de marzo la movilización culminó frente al Ministerio de Trabajo, obligando al ministro Jorge Triaca a disponer una reunión entre una delegación de trabajadores y Mauricio Riafrecha, funcionario de su cartera, que reconoció que el conflicto había adquirido “un alto vuelo político”. La lucha tenaz que los trabajadores llevan adelante con múltiples iniciativas, y que cuenta con un gran apoyo popular, ha golpeado al gobierno.

Para continuar pegando con fuerza, durante los días 3 y 4 de marzo se desarrolló un plenario nacional de delegados de ATE-INTI, en el que se resolvió un acampe nacional el 7 y 8 de marzo y concurrir a la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
El gobierno no logra quebrar la lucha, ni con la complicidad de UPCN, ni con los descuentos confiscatorios, ante los cuales se creó un fondo de lucha. Luego de 40 días, con acampes en 52 centros del país, el conflicto continúa fuerte. Tanto es así que los empresarios ya presionan al gobierno para que normalice el instituto. La paralización del organismo afecta la autorización de automóviles, piezas metalúrgicas y textiles, así como los controles de calidad de pilas, quesos, entre otros muchos casos. ¡En el INTI no sobra nadie, todos adentro!

Gisela es trabajadora ferroviaria del Sarmiento, madre de cuatro hijos y víctima de violencia de género. La empresa Trenes Argentinos la despidió por este motivo, acusándola de “faltadora”. Gisela encabezó la movilización del 8M junto a otras despedidas. Llegó a la marcha con sus compañeras y delegados del ferrocarril llevando en alto carteles con su foto, exigiendo su reincorporación y el cumplimiento de la ley 26.485 de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres que la empresa incumplió al dejarla sin protección y sin trabajo.

El caso recibió un apoyo masivo en las asambleas de mujeres de preparación del 8M y la solidaridad de varios grupos feministas que se acercaron al #Ruidazo en el hall de Once días pasados para exigir su reincorporación. Si logramos ganar esta pelea vamos a estar en mejores condiciones para que en todos los lugares de trabajo se cumpla con la 26.485.

El cuerpo de delegados del Sarmiento está llevando adelante una intensa campaña por su reincorporación. Junto a la Casa que Abraza exigen la implementación de la mencionada ley que sostiene, entre otras cosas, que cuando se notifica un hecho de violencia de género se le deben dar a la víctima todas las herramientas para salir de esa situación. Trenes Argentinos incumple la ley y arroja a Gisela a una situación de total desprotección y vulnerabilidad. Isadora acompaña este reclamo y exige su inmediata reincorporación.

Por Hugo Testa, Bordó Nacional del Roca

Entrevistamos a Alfredo Fornaro, dirigente de Ferrobaires y de la Bordó, quien encabeza el reclamo contra 1.500 despidos y el cierre de los ramales de 104 localidades bonaerenses.

¿Qué es Ferrobaires?
- Se funda en 1993 con la privatización de Menem, con Duhalde como gobernador. Teníamos quince servicios diarios a Mar del Plata y Bahía Blanca, y llegábamos a Bolívar, Tandil, Quequén, Pinamar, General Alvear, Junín, Bragado, entre otros. Los gobiernos que siguieron fueron reduciendo los servicios. No se reparaban las locomotoras y coches, no se traían formaciones nuevas y nunca invirtieron en vías.

¿Qué servicios se fueron recortando?
- Por ejemplo, se levantaron los servicios a 25 de Mayo, Pinamar, Ayacucho y Tandil. Solo hay un servicio por día a Bahía Blanca, vía Pringles, y solo dos a Mar del Plata, de doce diarios. Se cerró el servicio a Quequén, que llegaba a Necochea, hasta que se cayó el puente hace años. La infraestructura está en buen estado, sobre todo las estaciones, pero las vías están destruidas. Ningún gobierno invirtió en vías desde 1993. Todavía hay durmientes de la época de los ingleses. Por más que traigan locomotoras y coches nuevos, las vías no aguantan. Si se invirtiera se podrían reabrir los ramales, pero no lo quieren hacer. Los talleres están cerrados y abandonados. La gobernadora Vidal decidió cerrar Ferrobaires hace dos años, cuando hubo un accidente en Bragado. Todo se fue abandonando y nos quedamos sin trabajo. En Escalada, en Kilo 4, en Plaza Constitución se quitaron las plataformas para Ferrobaires, porque no quieren reabrir los ramales de larga distancia. Se deja a 104 pueblos sin tren. El tren llegaba a Bariloche, a Zapala, a Mendoza, a Tucumán, a Rosario. No tienen pensado reabrir los trenes de pasajeros.

¿Y qué dice el decreto de Vidal?
- Transfiere todo a Nación: vías, material rodante, talleres, galpones, plataformas, oficinas, pero no habla de los trabajadores, ni de los pueblos que se quedan sin trenes. Esto empezó con el Plan Larkin en 1961 y desde ese momento todos los gobiernos fueron destruyendo el ferrocarril. Ahora pasan 1.044 trabajadores a Nación y al resto, unos 1.500, le ofrecen “retiros voluntarios”, que son despidos encubiertos. El 15 de marzo cierra Ferrobaires y no hay respuesta. Impulsados por la Lista Bordó Nacional del Pollo Sobrero, hicimos un pedido de asamblea en la Unión Ferroviaria Sud con 134 firmas, y el secretario general Muñoz aceptó la convocatoria. Pero cuando llegamos a la seccional estaba cerrada con candado. Una traición de la Lista Verde.

¿Y cómo viene la pelea de los trabajadores?
- Fuimos a la marcha del 15 de febrero junto con ATE, y a la del 21 a pedirle a Moyano un paro general. Hicimos dos actos en el hall de Constitución y una asamblea donde resolvimos impulsar la movilización a La Plata. Se presentó un recurso administrativo en la gobernación, un recurso de amparo y una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Pero no hay respuesta, y empezaron a llegar telegramas de despido. Con Izquierda Socialista presentamos, desde el Frente de Izquierda, un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para anular el decreto de Vidal. Y llamamos a los trabajadores y a los usuarios, sobre todo de los pueblos del interior, a sumarse a la pelea contra los despidos y para que vuelvan los trenes.

Escribe Pablo Almeida Delegado general ATE-Mecon

Mientras el presidente Macri habilitaba el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, manifestando en su discurso que “lo peor ya pasó”, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne despedía a 106 trabajadores. Algunos de los cesanteados fueron notificados por sus jefaturas a última hora del miércoles 28 de febrero, mientras otros se enteraron al otro día, cuando no pudieron ingresar a realizar sus labores por estar bloqueadas sus tarjetas. La arbitrariedad de los despidos queda en evidencia cuando se conoce la nueva estructura de Hacienda. En ella se crean nuevos cargos con categorías de secretario y otras de subsecretario, con salarios que superan los 150.000 pesos. ¡Dujovne es un caradura!

Pero la inmediata respuesta de las trabajadoras y trabajadores de nuestro ministerio, luchando en unidad, sin distinción alguna, comenzó a dar frutos: ya le hemos arrancado a las autoridades quince reincorporaciones. Estas no se han producido porque “se revisaron casos particulares y se subsanaron errores involuntarios”. Tampoco son producto del accionar de algún dirigente con llegada a altos funcionarios como dice UPCN. Las reincorporaciones conquistadas son consecuencia de las masivas asambleas, de las multitudinarias batucadas frente a los despachos de los funcionarios y del inmenso pañuelazo del 8M en el marco del paro internacional de mujeres. Fue decisiva la férrea unidad entre despedidos y no despedidos.

Desde ATE Mecon hemos estado desde el principio, junto a los compañeros, organizando la pelea, y nos proponemos profundizarla hasta lograr la reincorporación de los 106. Para ello es necesario conquistar la unidad en la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción. Llamamos a todas las representaciones gremiales más allá de las diferencias a llevar adelante, en forma conjunta, todas las medidas que se requieran para lograr ese objetivo. Un plan de lucha unitario, votado por los trabajadores de ambos gremios, sería un extraordinario golpe a las autoridades ministeriales. Ese es el camino que los trabajadores exigen y votaron en asamblea. La exigencia es clara: ni un despedido, todos adentro. Unidad y lucha para ganar, en Mecon no sobra nadie.

Gisela es trabajadora ferroviaria, madre de cuatro hijos y víctima de violencia de género. En 2016 comenzó con presentaciones judiciales y consiguió algunas restricciones perimetrales. Todo fue notificado a la patronal. Sin embargo, el 7 de febrero la empresa Trenes Argentinos la despidió “por faltadora”, desconociendo que Gisela tuvo ocho meses de licencia psiquiátrica, que debió tipificarse como violencia de género y que está en una situación de extrema vulnerabilidad.

Trenes Argentinos es una empresa estatal que incluso tiene un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres a cargo de Fabiana Tuñez. Está obligada, como toda empresa, y más aún por ser del Estado, a cumplir con la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres. En este caso, la empresa está cometiendo un delito al incumplir la norma, ejerciendo violencia institucional, laboral y económica al dejarla sin sustento.
Las trabajadoras del ferrocarril Sarmiento y desde la Casa que Abraza venimos exigiendo la implementación de la ley 26.485 para que se garanticen las capacitaciones y talleres contra la violencia de género, empezando por los jefes. Esa norma sostiene, entre otras cosas, que cuando se notifica un hecho de violencia de género se le deben dar a la víctima todas las herramientas que necesite para salir de esa situación. Denunciamos a la empresa y al gobierno como responsables de la desprotección en la que se encuentra Gisela y exigimos su inmediata reincorporación. Este 28 de febrero habrá un escrache en Castelar a las 15 y un ruidazo a las 17 en la estación de Once.