Escribe José Castillo

En la “ley ómnibus” presentada por el presidente ultraderechista Javier Milei establece la privatización de un enorme listado de empresas y otros entes públicos.

La más importante, sin duda, es YPF. Se busca así entregar a manos de los grupos multinacionales del gas y el petróleo todos los yacimientos, tanto convencionales como no convencionales (que incluye Vaca Muerta, con todas las consecuencias ambientales que ello significa). Como la misma ley ómnibus autoriza la más absoluta liberalización de todo el negocio gasífero-petrolero, no teniéndose que hacer cargo del mercado interno, nos encontramos acá con la joya de la corona del saqueo.

También se privatizará Aerolíneas Argentinas, volviendo a liquidar, como sucedió en los ‘90, nuestra aerolínea de bandera, liberando el negocio de cabotaje a cualquiera, con las consecuencias que implica en términos de zonas que quedarán sin conexión y peligros a la seguridad de los usuarios (recordemos que, con un modelo similar, se dieron los terribles “accidentes” de LAPA y Austral en la década menemista).

Otro de los entes a privatizar es el Banco Nación y todas sus subsidiarias. La mayor entidad bancaria del país, la única en múltiples ciudades pequeñas y pueblos. Una cartera enorme de depósitos que busca ser capturada por grandes bancos nacionales o internacionales, utilizando luego ese dinero al servicio de la especulación y la fuga de capitales.

También se plantea privatizar Arsat, a la medida de los negocios de Elon Musk y Starlink, al igual que la privarización del Vehículo Espacial Nueva Generación. Otra entidad es Nucleoeléctrica Argentina, quien está a cargo nada menos que de las tres centrales atómicas argentinas: Atucha I, II y Embalse (¿abrimos el camino a un Chernobyl argentino?).

Una vez más, aparecen como privatizables todos los ferrocarriles: ya sabemos como termina eso, con una mayoría de cierre de ramales y una minoría de servicios precarios que pueden terminar en masacres como la de Once.

Otros organismos en el listado privatizador son la Administración General de Puertos (un regalo a los monopolios exportadores, al contrabando y al narcotráfico), Aysa (recordemos que en su momento se la estatizó luego del desastre que estaba ocasionando la empresa privada a la salud de los usuarios), el Bice (Banco de Inversión y Comercio Exterior); la Casa de la Moneda; Contenidos Públicos; Corredores Viales; Correo Argentino (la última vez dió lugar a la estafa del Grupo Macri); Coviara; Dioxitec; Educ.ar; Eana; Fábrica Argentina de Aviones; Fabricaciones Militares; el Polo Tecnológico (liquidando toda nuestra capacidad de investigación y desarrollo en ciencia y técnica); todo el conjunto de medios públicos (Radio y Televisión Argentina, varias radios y televisiones de universidades del interior, Télam), Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio; Intea e Intercargo.

En síntesis, el gobierno de Milei planifica una entrega de nuestros recursos, riquezas y capacidades mucho más grande de la que hizo el menemismo. Significará centenares de miles de despidos, pueblos transformados en fantasmas por falta de conección o cierre de empresas claves, más contaminación, vaciamiento de recursos no renovables y un retroceso de décadas en cualquier posibilidad de desarrollo. El grito de “¡la patria no se vende!” ya empezó a unificar a los que luchan a esta entrega. En las calles la enfrentaremos. El paro y movilización del 24 será un primer paso. Luego habrá que seguir con un plan de lucha que lleve a voltear este proyecto privatizador.

Escribe José Castillo

El plan motosierra tiene claros perdedores: el pueblo trabajador, las y los asalariados, las y los jubilados, los que perciben planes sociales, el que vive de changas, en síntesis, la inmensa mayoría empobrecida de nuestro país. Del otro lado unos pocos ganadores: los grandes exportadores, los grupos monopólicos de la alimentación, los laboratorios, las empresas de medicina prepaga, los especuladores inmobiliarios,entre otros. Pero hay un ganador destacado: el FMI. Y, junto a él, los buitres y pulpos especuladores de la deuda.

Durante el mes de diciembre, a costa de la feroz devaluación realizada por el gobierno, que la pagó todo el pueblo trabajador con una inflación cercana al 30%, el Banco Central se hizo de 3.000 millones de dólares de reservas. Pero el total de ese dinero, y más aún (3.200 millones) fueron separados para los inminentes pagos de deuda externa.

En diciembre, mientras se decía que “no había plata”, se pidieron prestados más de 900 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento para pagar un vencimiento al FMI.

Ahora, en enero, hay que pagar 1.900 millones de dólares más al Fondo. Para eso, y para garantizar la continuidad de los pagos futuros, ha venido una delegación de ese organismo a nuestro país. Es que sólo en el primer cuatrimestre del año vencen más de 4.000 millones de dólares sólo con el FMI. A lo que hay que sumarle otros pagos de deuda externa, hasta alcanzar un monto de 17.000 millones de dólares en todo 2024.

El plan motosierra no es “ajustarnos hoy para estar mejor mañana”. Es simplemente, seguir alimentando la estafa infinita de los pagos de una deuda ilegal, inmoral, ilegítima e impagable. La salida es lo opuesto: romper con el FMI y dejar de pagar inmediatamente la deuda externa, para que esos recursos se pongan al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

Desde el comienzo del gobierno de Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich arrancó con su línea de represión de la protesta social. Así, comenzó planteando la prohibición del corte de calles, pretendiendo que los manifestantes “caminen por las veredas”.

Por supuesto que la ministra tuvo su primera derrota cuando intentó impedir la marcha por el aniversario del 20 de diciembre, que se transformó en una expresión de repudio al gobierno de Milei. Bullrich trató de disimular su derrota haciendo un show en el Departamento Central de Policía, presentándose junto con el presidente Milei para “monitorear” el operativo de la marcha. Pero esa misma noche, Bullrich tuvo su segunda derrota, cuando miles salieron a la calle, a pesar del protocolo, para repudiarlo junto a todo el plan de ajuste.

Posteriormente, la ministra Bullrich volvió a montar una provocación en la desconcentración de la marcha de la CGT a Tribunales, con manifestantes, periodistas e incluso transeúntes ocasionales golpeados y detenidos.

Cuando se conoció la ley ómnibus, se llegó al colmo de la restricción a las libertades democráticas. Se plantea que cualquier manifestación pública de “más de tres personas” debe pedir autorización, que puede ser negada. Y que cualquier acto, protesta o manifestación (que pasaría a ser ilegal) sería responsabilidad de los “organizadores”, teniéndose por tales a cualquiera, incluso aquel que meramente comparta un llamado por una red social. Todo con penas de prisión efectiva y multas civiles y económicas.

Se trata de una violación absoluta a los derechos humanos y las libertades democráticas, inéditas desde 1983. Claramente violatorias de varios artículos de la constitución nacional.

El protocolo represivo de Bullrich y las medidas complementarias planteadas en la ley ómnibus no se encuentran aisladas del plan motosierra de Milei. Una cosa está estrechamente articulada con la otra. Porque el gobierno de La Libertad Avanza sabe perfectamente que el super-ajuste no pasa sin una feroz represión. Y para eso se preparan. Todas estas medidas están al servicio de fortalecer al aparato represivo y dotar de herramientas judiciales para criminalizar la protesta social.

Buscan, además, meter miedo amenazando con que “van a filmar a la gente y sacarle los planes”, o que “los van a ir a buscar a la casa”. El pueblo trabajador argentino ya derrotó a la dictadura militar, y a todos y cada uno de los intentos de impunidad a los genocidas. No dejó pasar, en todos estos años, ninguna de los crímenes cometidos por los distintos gobiernos patronales. Pasó con Teresa Rodríguez, con Carlos Fuentealba, con los caídos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con Kosteki y Santillán, o con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Al protocolo de Bullrich, junto con el ajuste de Milei también lo derrotaremos en las calles.

Escribe Guido Poletti

La ley ómnibus tiene todo un capítulo referido a  modificaciones de la ley electoral. Entre varios temas, todos discutibles y manipulables en manos de los partidos patronales (boleta única, cambios en la cantidad de diputados por provincias), hay una, sin embargo, de una extrema gravedad: la elección uninominal.

Con este esquema, se divide cada provincia en tantos distritos electorales como diputados se elijan y luego se elige uno solo en cada uno de ellos. Para ser claros: solo serán electos los que ganen (salgan primeros) en cada distrito. Es una forma de votación que elimina totalmente la representación de las minorías. Una fuerza política puede obtener el 10, 20, 30 o 40% de los votos y, aún así, no tener ninguna representación en el Congreso. Milei no es original: así se eligen los Representantes (equivalentes a nuestros diputados nacionales) en el Congreso de los Estados Unidos. Por eso, siempre, el total de los elegidos pertenecen a alguno de los dos grandes partidos patronales (demócratas o republicanos).

¿Quién sale favorecido con esta modificación electoral? Obviamente, los partidos patronales tradicionales (peronistas y radicales), el PRO en algunos lugares y, actualmente, La Libertad Avanza. ¿Quién pierde? El Frente de Izquierda, al que se busca proscribir y silenciar. El motivo es obvio: somos quienes, incondicionalmente, nos opondremos, en el Congreso y en las calles, al plan de ajuste y represión del ultraderechista de Milei.
 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
27/12/2023

Milei envió al Congreso la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Y delega las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo al menos por dos años. Es decir, gobernar por decreto. Un nuevo ataque dictatorial para privatizar, contra las jubilaciones, el ambiente y mano dura a los que luchan.
Esta ley ómnibus vulnera derechos fundamentales del pueblo trabajador, privatiza empresas estatales, elimina organismos estatales con los consiguientes despidos de personal, ataca a las y los jubilados y al derecho fundamental por una educación pública y gratuita en todos sus niveles y a la autonomía universitaria, da libertad para seguir con el saqueo contaminante permitiendo la tala de bosques y la minería en zona periglaciar y, fundamentalmente, elimina restricciones para seguir con más endeudamiento externo. Un claro ataque contra el pueblo trabajador y las conquistas sociales y democráticas conquistadas en décadas de lucha, que se suma al ajuste en curso, la inflación y el nuevo salto que se viene con la suba del transporte público y las tarifas de los servicios básicos de luz, gas y agua.

En 664 artículos, el proyecto reaccionario y arbitrario dice engañosamente que es para “garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos y mejorar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino”. ¡Pero el único derecho a la libertad y a la propiedad que garantiza es para que los grandes empresarios, bancos y multinacionales se queden con todo!
Cuando Milei habla de terminar con las “regulaciones que restringen la libertad de los argentinos”, es en beneficio de la clase capitalista, sacando las trabas mínimas para que avancen en el saqueo.
Por ejemplo, el megaproyecto suspende la movilidad jubilatoria, siendo el poder Ejecutivo quien ahora fije los aumentos que serán a la baja. Además, no dice cómo aumentarán las prestaciones sociales que abarca a más de 17 millones de personas (AUH, Asignaciones Familiares, etcétera), quedando a discreción del ultraderechista Milei.

La ley dispone privatizar 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas, el Banco Nación, Aysa, Casa de Moneda, Correo Argentino, Arsat, Enarsa, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam y otras. También dispone un blanqueo impositivo y una moratoria con quitas y eliminación de multas a empresas por deudas tributarias, en un claro beneficio a grandes empresarios y evasores. Y con el tema Deuda Externa, Milei pretende saltear el Congreso al momento de endeudarse. Para eso lo tiene al ministro Luis Caputo que nos endeudó cuando fue funcionario de Macri con bonos a 100 años y los 45.000 millones de dólares con el FMI.
A su vez la ley libera la importación y exportación de hidrocarburos y gas; crea un régimen especial para “grandes inversiones” (agroindustria, minería, gas, petróleo, tecnología) y establece como único financiamiento de la obra pública las tarifas y peajes.
Por otra parte, la ley destruye aún más el ambiente, porque ataca directamente la Ley de Protección de Bosques (todos los bosques argentinos podrán ser desmontados) y la de Glaciares (permitiendo la actividad minera en ambiente periglaciar, actualmente prohibido, al servicio de la Barrick).

Con el latiguillo mentiroso de “garantizar la libre circulación”, además de tener que pedir permiso para protestar, penaliza con prisión común de 1 a 3 años y medio la movilización, de 2 a 4 años los cortes y de 2 a 5 años a los dirigentes de las organizaciones que participen o a toda persona que simplemente convoque a participar de una acción. Se considera reunión o manifestación la congregación "intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público". De esa manera aquellos que reciban la pena máxima deberán cumplir prisión efectiva. Una verdadera cacería para las y los dirigentes y organizaciones que luchan contra el hambre y la miseria.
Por otro lado, en un apoyo expreso al aparato represivo, agrava las penas para el delito de resistencia a la autoridad (aquel que quiera defenderse de un abuso policial será declarado culpable, siendo no excarcelable) y extiende la figura de legítima defensa.

Como no podía faltar, este proyecto nefasto incluye un ataque al derecho al aborto legal que el movimiento feminista conquistó en las calles. Bajo una concepción totalmente retrógrada (por eso veníamos denunciando a Milei como representante de la reacción patriarcal) busca modificar la Ley de 1000 días (ley sancionada en el marco de la conquista de la IVE como una concesión a las iglesias) incluyendo que habría "un niño desde la concepción", trayendo un debate ya superado por la ciencia y lo ocurrido en la Argentina con la #MareaVerde. También, como parte de su concepción reaccionaria, intenta eliminar a las disidencias como personas gestantes, reemplazando la terminología de "mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" por "madres embarazadas".

También la ley agregó un artículo para blindar el mega DNU de la semana pasada, ratificándolo, cosa que si el Congreso vota esta ley, la controversia judicial por el mismo quedará anulada. A su vez la ley dispone una amplia reforma del Estado con cambios en centenares de leyes, entre ellas reformas políticas (derogación de las PASO, cambio en la integración de la Cámara de Diputados). En definitiva, es un ataque global que el gobierno justifica por la “herencia recibida”, la mentira de que “no hay plata” o “la ferocidad del Estado”, cuando está casi todo privatizado. Dice que con esto se acabará con la “frustración” de los gobiernos anteriores. Pero son tan bestiales las medidas adoptadas, que sumadas a la mega devaluación y a la sideral suba de los precios bajo el eslogan de la “libertad de mercado”, que lo que crece es la incertidumbre, la preocupación y la disposición a enfrentarlo en parte del pueblo trabajador. Por eso se dan los cacerolazos espontáneos que, sumado a la marcha del sindicalismo combativo y la izquierda el 20 de diciembre, dieron un paso en la lucha contra el protocolo represivo de Patricia Bullrich.
A la CGT no le quedó otra que llamar a una marcha en el día de la fecha, 27 de diciembre, pero acotada, “simbólica” y a Tribunales. Marcha donde las y los que luchan y el Frente de Izquierda reclamaron que la CGT y CTA le tienen que poner fecha urgente al paro nacional y al plan de lucha para derrotar el decretazo, la ley ómnibus y el plan motosierra de Milei y el FMI, y por un inmediato aumento general de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido con la inflación. Llamamos a la más amplia unidad para lograrlo.