Escribe Izquierda Socialista FITU Rosario

El avance de las bandas criminales, el flagelo del narcotráfico, las drogas y sus consecuencias son responsabilidad de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional de los últimos años. Demuestran un total fracaso en sus políticas para combatirlo.

Estamos frente a una situación muy grave, donde un estado cómplice que ha dejado correr durante años el negocio ilegal de la venta de drogas hasta derivar en una guerra de bandas de narcotraficantes, con centenares de homicidios todos los años.

Rosario es una ruta clave del narcotráfico, con los diversos puertos de salida al mundo para un negocio que mueve miles de millones de dólares, y donde con total impunidad circula su comercialización, que tiene a la venta ilegal de armas, como negocio anexo.

Desde Izquierda Socialista FITU venimos planteando que hay que tomar medidas de fondo para frenar la narco-criminalidad, que avanzó en los territorios y se cobra la vida de jóvenes todos los días. Es un fracaso total de las políticas del gobierno de Fernández y Perotti, así como de los gobiernos del PS-Frente Progresista -hoy parte del Frente de Frentes con el PRO- que tuvieron como única medida la supuesta “guerra al narcotráfico”, con el resultado a la vista.

La única salida en serio, es terminar con este multimillonario negocio ilegal, que en los hechos se vive como “una guerra” que no va a parar con un “cambio de figuritas” de ministros. Es necesario legalizar la tenencia y el consumo de las drogas que hoy son ilegales, ponerlas bajo control de las autoridades sanitarias y encarar el flagelo de la drogadicción como una enfermedad y por lo tanto tratarla desde la salud pública, invirtiendo en más centros de recuperación de adictos que ya hoy son completamente insuficientes, y terminando con la fuente de ingresos del narcotráfico que generan las complicidades narco-policiales, judiciales y políticas. Para más información de este tema, te invitamos a leer http://izquierdasocialista.org.ar/.../20144-la-propuesta...

¡Más bombas de humo!

La semana pasada se conoció la renuncia del Ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, a quien el Gobernador Perotti reemplazó por Claudio Brilloni (comandante retirado de la Gendarmería). No hay sorpresas en esto, cambian los nombres y se suceden las mismas políticas de represión y criminalización de los consumidores, mientras todas las fuerzas de seguridad siguen compartiendo el negocio. En los barrios, es sabido por toda la población que las fuerzas nacionales dominan una parte del negocio. Así como sabemos que la policía custodia bunkers que le responden a sus cajas de recaudación.

Mucha gente puede seguir teniendo expectativas en poner “mano dura”, metiendo más gendarmes y prefectos a recorrer las calles. Pero eso ya sucede y ha sucedido en el pasado con Berni o Bullrich. Incluso la impresentable de Amalia Granata propone que el Ejercito patrulle las calles. La consecuencia de esta política la seguimos viendo hoy: una brutal inseguridad, un total fracaso de su gobierno, que prometía en campaña “Paz y Orden”. Van ya cuatro cambios de Ministro de Seguridad, y diez si sumamos los que hubo bajo el gobierno del Partido Socialista-Frente progresista. Tampoco es ninguna solución criminalizar aún más a la juventud, apoyando la baja de la edad de imputabilidad, sector de la población especialmente frágil en esta situación, a quien el Estado debe apoya con presupuesto, como explicaremos luego. Además, esa política represiva -ya está comprobado en el mundo- no baja los índices de criminalidad.

Es necesario un cambio rotundo en la policía, frente al desastre actual. Hace falta poner esa institución podrida hasta los huesos bajo control de la población trabajadora. Por eso proponemos que se vote al comisario de cada barrio, y su mandato sea revocable por los electores cuando lo consideren.

Por otro lado, no podemos olvidar los negocios inmobiliarios que tanto saben hacer los gobiernos “progresista” de Rosario, hoy Pablo Javkin y sus nuevos aliados del PRO, en acuerdo con todos los sectores del oficialismo y oposición patronal están vinculados a este flagelo, ya que es harto conocido que se trata de una vía de lavado de dinero del Narcotráfico.

Los hechos de violencia narco-criminales, en Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario, no van a parar e irán en grave aumento con estos gobiernos. Así lo han demostrado esta semana las balaceras al Centro de Salud “Santa Teresita” junto a la sede del distrito Sudoeste de la ciudad de Rosario, así como el asesinato del joven Jimi, ambos con mensajes mafiosos que involucran a bandas en disputa, pero que muestran la connivencia policial y estatal con la que cuentan, incluso para atacar a sectores de la población que nada tienen que ver con el negocio narco.

Presupuesto para la juventud

A la hora de priorizar sus políticas de gobierno, todos coinciden en lo fundamental: ajustar a la clase trabajadora, cumplir los acuerdos con el FMI y el pago de la usurera y multimillonaria deuda externa, recortar presupuestos en salud y educación, viviendas sociales. “Todos” y “Juntos”, o sea peronistas y opositores benefician los intereses económicos de empresarios y multinacionales, véase el caso de Vicentín o Cargill con el Puerto Privado.

Mientras, somos testigos que cada vez más jóvenes, muchos de ellos menores, venden en las esquinas y son usados como gatilleros o hasta sicarios. Cómo venimos diciendo, hace años la decadencia social es alarmante y afecta en carne propia a jóvenes sin más futuro que ser parte de toda la mugre narco. Hace falta presupuesto para combatir la marginación social extrema que se profundiza en los barrios populares, en especial en la juventud. Por eso necesitamos una masiva inversión en educación, con escuelas en condiciones adecuadas, e inversión real para combatir la deserción escolar, y no las mentiras de Perotti que apela a docentes precarizados para una tarea en extremo compleja. También es fundamental invertir en clubes barriales y ámbitos de socialización de la juventud.

Finalmente, es clave promover el empleo juvenil, con una jornada reducida, con estabilidad y salarios dignos, y permitiendo que posibilite completar los estudios primarios, secundarios, y continuar estudios superiores.
Por todo esto desde Izquierda Socialista FITU impulsamos, la legalización y control en el consumo para terminar con este gran negociado política pública activa y presupuesto de salud. Además, ir a fondo en la estatización y control de les trabajadores, de la Banca, el Comercio Exterior y los Puertos, lugares claves por donde ya circula el negocio. Frenar ya la inflación que es más ajuste. Ruptura inmediata con el FMI y plata para poder erradicar la pobreza. Priorizar la salud y educación pública. Planes de viviendas. Dando una salida de fondo para la juventud trabajadora.

Otra vez la inflación se come los salarios y las jubilaciones. Se conoció el dato de enero, de 6%, encabezado por alimentos y bebidas y en particular la carne, frutas y verduras. ¿Porqué se dio este nuevo salto en los precios? Sin duda porque los empresarios formadores de precios remarcan cada día más (con la vista gorda del gobierno peronista del Frente de Todos, más allá de “precios justos” o “cuidados”); pero también, y sobre todo, porque el mismo gobierno fue quien autorizó aumentos en las tarifas públicas, el transporte, las prepagas, los combustibles y la telefonía celular. Cada vez más lejos va quedando la promesa del ministro Massa de que para abril tendríamos una inflación del 3%.

Detrás de estos números están sus consecuencias concretas, ya van cinco años consecutivos de caída salarial. Lo mismo sucede con las jubilaciones. Por eso cada dato de pobreza es peor que el anterior.

Además de esto, la ola de calor, récord en nuestro país desde 1961 (consecuencia del desastre ambiental que afecta al planeta entero y a Argentina en particular), tiene como contraparte los ya habituales apagones, manifestación de la desidia y saqueo de Edenor y Edesur. Abonando a la bronca popular, que se manifestó en varios cortes de calle en señal de repudio a las privatizadas.

Ante esta realidad el pueblo trabajador no se queda de brazos cruzados. Así, los trabajadores del subte realizaron un paro total frente a la desidia del gobierno de Larreta y Juntos por el Cambio con la inseguridad. En el gremio de la Satsaid (televisión y medios), las y los compañeros hicieron visible su reclamo salarial con una movilización en las puertas del sitio donde se transmite Gran Hermano. Los docentes ya discuten de qué manera salir a enfrentar el intento del gobierno de una paritaria que no recupera lo perdido ni garantiza no seguir perdiendo este año.

El otro dato de este verano es que ya se largó el año electoral. El gobierno peronista del Frente de Todos, mientras acaba de recibir  una misión del FMI a la que se le prometió continuar a rajatabla con el ajuste, se encuentra sumido en su propia crisis. Que, en última instancia, refleja el interrogante de todos sus sectores internos acerca de cómo zafar del repudio a sus políticas de ajuste y, a la vez, posicionarse de la mejor manera posible ante el año electoral y los distintos cargos en disputa. Albertistas, kirchneristas y massistas, junto a los gobernadores y los infaltables burócratas sindicales, están por dar vida a la Mesa Política del Frente de Todos, un nuevo espacio de “rosca” donde no se va a discutir ningún tema que realmente apunte a resolver las necesidades populares.

Juntos por el Cambio, por su parte, sigue inmerso en su interna, sumando cada vez más candidatos. A Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal por PRO, Morales y Manes por el radicalismo y Miguel Ángel Pichetto por el peronista Espacio Republicano Federal, ahora se sumó Elisa Carrió por la Coalición Cívica. En una sola cosa están todos de acuerdo: en promover si llegan al gobierno un mayor y más feroz ajuste que el actual.

Los liber-fachos aportaron a este verano con las amenazas de muerte de José Luis Espert al dirigente del PO y el Polo Obrero Eduardo Belliboni. Y también con las denuncias que dirigentes juveniles de su propio partido hicieron contra Javier Milei, refiriéndose a “favores sexuales a cambio de cargos” o “exigencia de miles de dólares” a cambio de que el dirigente se presente en tal o cual provincia. A pesar de estos escándalos, sigue habiendo intentos de sectores de Juntos por el Cambio de sumarlos a su espacio para intentar ganar la provincia de Buenos Aires.

En síntesis, mientras existe una enorme desilusión con el peronismo, este trata de zafar con el único argumento de que lo importante es “que no vuelva la derecha”. Juntos por el Cambio, por su parte, no despierta ningún entusiasmo, ya que muchos recuerdan sus políticas de hambre y saqueo de hace apenas cuatro años. Y los liber-fachos de Milei y Espert compiten por el puesto de más reaccionario y empiezan a aparecer quiénes, simpatizando anteriormente con ellos por ser “lo nuevo”, “contra la casta”, hoy se alejan espantados.

Todo lo anterior muestra que al Frente de Izquierda Unidad se le abre una gran oportunidad. Que es, a la vez, una enorme responsabilidad. La de postular una real alternativa política para la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y el resto de los sectores populares. Con el capital político acumulado de doce años de construcción unitaria, de estar presente siempre en todas las luchas y de tener un programa obrero y popular, el único que realmente ofrece una salida diferente, socialista, planteando que gobiernen las y los trabajadores.

Sin embargo, lamentablemente, hoy el FIT Unidad se encuentra ante el hecho de que se han presentado tres fórmulas presidenciales. Plantean el riesgo de terminar yendo divididos a las PASO, y culminar disputando entre las propias fuerzas del FITU, en vez de salir con todo a pelear contra los partidos patronales.

Por eso desde Izquierda Socialista hemos planteado la necesidad y urgencia de salir con una fórmula unitaria, que en nuestra opinión debe estar integrada por Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO), a la que luego se sumen las candidaturas a los distintos cargos según los acuerdos que existen en el FIT Unidad.

Estamos planteando una postura que empalma con el sentimiento de unidad que recorre a la militancia y simpatizantes de la izquierda. Por eso comienza a haber pronunciamientos en este sentido, que sostienen  que la izquierda no puede ir dividida a las PASO. Este es el motivo por el cual, además, el llamamiento a una fórmula unitaria realizado por nuestro dirigente, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, ha sido recogido por numerosos medios periodísticos de todo el país, que resaltan la coherencia del planteo.

En las próximas semanas seguiremos insistiendo. Es una tarea fundamental que desde Izquierda Socialista convocamos a realizar a todos los militantes, simpatizantes y amigos del Frente: pronunciarse y sacar pronunciamientos por una fórmula unitaria, debatir el tema en cada lugar de trabajo, estudio, o barrio, para así fortalecer de cara a este año electoral y también a las luchas actuales y por venir, al Frente de Izquierda Unidad.

Escribe José Castillo

Ni “precios justos” ni “precios cuidados” evitan que continúe y se acreciente la carestía de la vida. Los salarios y las jubilaciones cada vez alcanzan para menos.

El gobierno peronista del Frente de Todos oficializó una nueva canasta de “precios justos”, compuesta por 1.974 artículos de primera necesidad (alimentos, bebidas, limpieza y tocador). Muchos de ellos estaban en la anterior canasta “congelada” de noviembre pasado. Ahora se le permite un aumento de entre 4 y 9%. A esto se le suma la canasta de “precios cuidados”, con autorizaciones de subas mensuales de hasta 3,2%, con 49.832 productos.

Sin embargo, la inflación de enero volvió a dispararse, superando a la de noviembre y diciembre de 2022. ¿A qué se debe esto? Muy simple, los artículos de las canastas de “precios justos” y “precios cuidados” brillan por su ausencia en las góndolas. El mismo gobierno tuvo que admitir que el cumplimiento de los programas alcanza a aproximadamente el 50%. Traducido, que apenas uno de cada dos productos están a la venta.

No es muy difícil darse cuenta de qué sucede. Como “precios justos” y “precios cuidados” son acuerdos que solo están en las grandes cadenas de hiper y supermercados, las grandes empresas de alimentos (Molinos, Arcor, Coca Cola, Pepsi, Mastellone) y de productos de limpieza y tocador (Procter & Gamble, Unilever) desvían sus entregas a los llamados negocios de cercanías (supermercados chinos o almacenes). Ya hay varios estudios que señalan que los precios están hasta un 100% en estos canales, que son el 65% de donde realizan sus compras los sectores de menores ingresos.

Las consecuencias de todo esto son terribles para el pueblo trabajador. En diciembre, el valor de la canasta básica total en el conurbano bonaerense para una familia compuesta de dos adultos y dos menores llegaba a 146.226 pesos, mientras que dos salarios mínimos sumaban apenas 123.906. O sea, si los dos miembros de la familia trabajaban y cobraban ingresos cercanos a la mínima, no llegaban ni a cubrir dicha canasta (que no contiene otros gastos esenciales, como alquiler de una vivienda, por ejemplo).

¿Por qué no funcionan los acuerdos de precios?

La respuesta es relativamente simple: porque ninguna empresa es sancionada si los viola. Ahí está la respuesta con respecto a lo que falta en los supermercados, sea desapareciendo de la góndola o con la trampa de ser reemplazado por otro producto exactamente igual pero que no está en el listado de precios justos o cuidados (obviamente con un valor superior).

“Precios cuidados” se creó durante el gobierno de Cristina Fernández, continuó con Macri y se amplió con Fernández, quien le agregó ahora “precios justos”. Pero nunca ninguna empresa fue sancionada por violar flagrantemente los acuerdos.

Desde Izquierda Socialista decimos que existe un instrumento para actuar, la Ley de Abastecimiento, que permite multar, clausurar, incautar mercadería y hasta expropiar o encarcelar al que viole precios máximos o genere desabastecimiento.
Las y los trabajadores necesitan urgentemente un aumento de emergencia de salarios para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar. Pero también de un auténtico congelamiento y control de precios en todos los artículos de la canasta familiar, con sanciones efectivas a los que no cumplen.  

Escribe Claudio Funes

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcó la semana pasada en el país. Tiene como tarea la revisión de las metas del cuarto trimestre del 2022 correspondientes al Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el gobierno del Frente de Todos en marzo pasado. Será la cuarta vez que el Fondo monitorea la gestión económica del gobierno peronista. Posteriormente autoridades argentinas visitarán Washington para finalizar las discusiones. Como vemos, toda nuestra política económica está sometida a la aprobación (o no) del imperialismo.

Uno de los puntos que se analizarán será el de la meta de déficit fiscal, la cual se alcanzó a sobrecumplir, ya que se registró un rojo del 2,4% del PBI, levemente por debajo del 2,5% acordado con el organismo multilateral para todo 2022. Sergio Massa resultó muy buen empleado recortando salarios, jubilaciones, gasto social y presupuesto para la salud y educación.

Las exigencias del FMI no cesan ni cesarán, el 76% de la deuda en moneda extranjera es con este organismo. El Gobierno ya desembolsó 1.282 millones de dólares el 9 de enero; 641 millones de dólares el 17 de enero y 674 millones de dólares el 30 de enero. Se pagaron 2.597 millones de dólares solo en el primer mes del año que salieron de los bolsillos del pueblo trabajador y sectores populares, mientras se favorecía a los grandes productores con el “dólar soja”.

Si el ajuste de Alberto Fernández y Cristina Kirchner recibe la aprobación de los mandamás del Fondo, este desembolsará 5.000 millones de dólares para la Argentina. ¿Será dinero que se utilizará para mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos? En absoluto: se utilizarán para afrontar nuevos vencimientos, que para el corriente año suman 19.850 millones de dólares.

Los únicos que ganan en este acuerdo son el propio Fondo, los grandes capitalistas, los bancos y las multinacionales. Esto se llama saqueo y perdemos los trabajadores y los sectores populares. Es urgente romper con el Fondo y dejar de pagar la usurera deuda externa.
                                                        
                                        

Escribe Claudio Funes

En diciembre pasado los haberes jubilatorios recibieron un ajuste de 15,62%, y a las y los jubilados que cobran la mínima se les agregó un bono de 10.000 pesos como “refuerzo de ingresos”. La mínima de 50.124 pesos, más los 10.000 del bono, totalizan 60.124 pesos. Este bono por “única vez” o “extraordinario” se cobra también en enero y febrero.

Con el aumento de jubilaciones y pensiones para el período marzo-mayo, cuyo valor será de 17%, habrá un nuevo bono durante esos meses, para quiénes cobran la mínima, de 15.000 pesos. Así, la mínima pasa a 73.665 pesos. Estamos hablando de sumas irrisorias, “homeopáticas”, ya que el bono no lo reciben todos (de hecho solo se les pagará el proporcional a quienes cobran hasta dos mínimas); para el resto solo el 17%, con lo que se sigue perdiendo frente a la inflación, “achatando la pirámide”. Hay dos millones de jubilados y pensionados en esta situación. Todos los jubilados son rehenes del ajuste que el gobierno peronista del Frente de Todos lleva adelante y niega.

Luego de la pérdida del 19,5% de los haberes jubilatorios entre septiembre de 2017 y noviembre de 2019, el bono previsional para los que tienen ingresos más bajos debutó con Alberto Fernández en diciembre de 2019 “por única vez”. La inflación, a pesar de las “ayudas” que se extendieron en el tiempo, pulverizó las jubilaciones. Hay que tener en cuenta que los bonos (a discreción del gobierno) no se toman en cuenta para futuros incrementos de los haberes. Así la pérdida para los jubilados es de por vida.

Todo esto sucede porque el gobierno privilegia cumplir con las metas acordadas con el FMI y no con los jubilados. Por esto es que la fórmula de movilidad de Alberto Fernández (que combina nivel de salarios con la recaudación tributaria que va a la Seguridad Social) no toma en cuenta los índices inflacionarios.

Los bonos son un maquillaje del ajuste. Las jubilaciones deben ser el 82% móvil del salario que recibe el trabajador en actividad,  no menores al valor de la Canasta Básica de los Jubilados que en octubre de 2022, según la Defensoría de la Tercera Edad, alcanzó los 151.478 pesos.