Se establece que las fuerzas armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva” en “agresiones de origen externo”, eliminándose definir estas agresiones como aquellas donde participen fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estados. De tal manera queda abierto que la definición de “agresión externa” puede ser totalmente arbitraria. Recordemos que hace un año el gobierno acusó a los mapuches de estar financiados por “el terrorismo internacional”.

Hasta ahora las fuerzas armadas tenían prohibida “la contemplación de hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”. Esto ahora es reemplazado definiendo los objetivos del accionar de las fuerzas armadas como “operaciones en defensa de los intereses vitales de la Nación” (sin precisar de qué se trata en concreto); operaciones dispuestas en el marco de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales y ejercer la custodia de objetivos estratégicos”. Esto abre el abanico para que las fuerzas armadas puedan actuar en prácticamente cualquier cosa. Desde seguir participando en misiones “de paz”, como lo hizo el Ejército Argentino como parte de las tropas de ocupación que estuvieron reprimiendo durante una década al pueblo de Haití, hasta las más “novedosas” que ahora aparecerían. La “custodia de objetivos estratégicos” permitiría, por ejemplo, que el ejército se transforme en la guardia pretoriana que garantice el saqueo en Vaca Muerta.
Macri en su discurso dio algunas señales de cuáles serían estos nuevos objetivos: “Colaborar con la seguridad interior”, “luchar contra el terrorismo” y “contra el narcotráfico”. Una campaña de solidaridad con el pueblo palestino, por ejemplo, mañana podría ser catalogada por el gobierno como “apoyo al terrorismo internacional”. En lo que respecta al narcotráfico, tenemos la trágica experiencia mexicana, donde el involucramiento del ejército en este tema ha provocado una violencia que ya se ha cobrado más de 350.000 muertos, muchos de ellos fruto de una represión a las luchas políticas y sociales y encubierto como producto del “enfrentamiento con los narcos”.
En definitiva el gobierno busca permitir que las fuerzas armadas puedan actuar internamente, al igual que la Gendarmería, la Prefectura y las distintas policías federales y provinciales, fortaleciendo de esta manera el aparato represivo de conjunto. Tenemos que movilizarnos para que no lo logre.
J. C.

Macri anunció desde Campo de Mayo que a partir de ahora las fuerzas armadas “podrán colaborar en seguridad interior”. Posteriormente se conoció el decreto 683 con los detalles del anuncio. Plantea cambiar el estatus de las fuerzas armadas, autorizándolas a participar en la represión interior, una “tarea” que hasta ahora tenían prohibida. Se lo escuda detrás de expresiones generales como que intervendrán en “la lucha contra el narcotráfico”, contra el “terrorismo internacional”, o en el “cuidado de lugares estratégicos” como yacimientos o represas hidroeléctricas.

¿De qué se trata en concreto? No es que ahora tendremos fuerzas armadas “modernas del siglo XXI”, ni que servirán para garantizar más seguridad al pueblo trabajador en los barrios. Todo lo contrario. No es casual que estos cambios surjan justamente cuando se empieza a avanzar con el mayor ajuste impuesto por el FMI y se avecina más crisis social con un aumento de la conflictividad. Es un paso para habilitar una mayor represión. El planteo de que a partir de ahora el ejército, la marina y la aeronáutica actúen en forma “coordinada” con la gendarmería busca fortalecer la capacidad de acción contra las luchas obreras y populares del conjunto del aparato represivo.
El nuevo rol asignado a las fuerzas armadas apunta también a garantizar un mayor alineamiento con los objetivos estratégicos que el imperialismo yanqui ha fijado para los ejércitos de la región: luchar contra el “narcotráfico” y el “terrorismo”. ¿Lucha contra el narcotráfico cuando todos los días surgen escándalos por casos donde están implicados militares, gendarmes y policías? ¿A qué se refiere esta definición genérica de “terrorismo”? La Argentina tiene un largo historial que no deja lugar a dudas: al “terrorismo” se lo utilizará como “paraguas” para catalogar así cualquier lucha como “desestabilizadora” y reprimir al pueblo, la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Ese es el “conflicto interno” en el que se permitirá intervenir a las fuerzas armadas. ¿Qué quiere decir “cuidar” lugares estratégicos? Es dar vía libre para que puedan intervenir reprimiendo protestas que repudien la minería contaminante o la entrega de Vaca Muerta. “Terrorismo internacional”, por otra parte, es un término a medida de la conveniencia estratégica de Trump y el imperialismo yanqui, el mayor terrorista del planeta juntamente con Israel, casualmente el “vendedor privilegiado” de armas y arsenal para la represión interna al gobierno de Macri.
En síntesis, esta redefinición del rol de las fuerzas armadas es un paso para dar lugar a un fortalecimiento del aparato represivo, que implicará más plata para reequipar al conjunto de las fuerzas, como ya se lo está reconociendo desde el gobierno. Justamente en el momento en que, de la mano del ajuste del FMI, se busca justificar que hay que recortar 300.000 millones de pesos, con sus consecuencias de menores salarios, más desocupación, jubilaciones más miserables y el deterioro de la educación y la salud públicas. ¡Para todo esto no hay plata, pero para el aparato represivo sí! Es que Macri sabe que el ajuste no pasa sin represión y se dispone a llevarla adelante para así seguir robando el país. 
El gobierno de Cambiemos plantea que enviará efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a las fronteras a “luchar contra el narcotráfico” para así “liberar” tropas de Gendarmería que, supuestamente, ayudarían a garantizar mayor seguridad en los barrios. Es algo rotundamente falso: hace años que la Gendarmería (y otras fuerzas de seguridad como la Prefectura) intervienen en actividades distintas del cuidado de las fronteras terrestres y fluviales. Lo principal de su accionar, así como el nuevo equipamiento que las ha “modernizado” estuvo y está al servicio de reprimir la protesta social. Ya vimos a la Gendarmería, por ejemplo, en los cortes de Panamericana, puente Pueyrredón y en la autopista a Ezeiza en la zona del Gran Buenos Aires. O muchísimas veces en conflictos provinciales contra docentes, trabajadores estatales, mineros o petroleros. También la Gendarmería fue la principal responsable de la represión que, hace justamente un año, terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Y la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. En lo que respecta a su presencia en los barrios populares, han cumplido el mismo rol que la policía: perseguir a la juventud, mientras que rápidamente se entrelazaban en los mismos negociados de siempre con el narcotráfico, la prostitución y la trata.
Macri, con este decreto da un salto en una tendencia que ya tenía sus antecedentes en años anteriores. No olvidemos que, durante el kirchnerismo, también buscando un alineamiento con las exigencias del imperialismo yanqui se había promulgado la llamada “ley antiterrorista”. Y se hizo inteligencia interna contra las organizaciones populares, como el tristemente célebre “Proyecto X” de Milani. 
No podemos dejar que este decreto pase. Macri quiere volver a darles a las fuerzas armadas un lugar que habían perdido, arrinconadas por el repudio a los genocidas y las luchas populares luego de la dictadura. No es cierto, como quieren hacernos creer desde el gobierno, que “estas fuerzas armadas no tienen nada que ver con las de la dictadura”. Hay oficiales y suboficiales en actividad que participaron de la represión genocida y tantos otros formados en su doctrina. Como hemos dicho miles de veces es una tarea pendiente el desmantelamiento del aparato represivo. Macri, por el contrario, se juega a fortalecerlo. Hay que salir a pararlo tal como lo hicimos cuando obligamos al gobierno a dar marcha atrás con el 2x1 de la Corte Suprema que le garantizaba impunidad a los genocidas. Este jueves movilicémonos masiva y unitariamente a las 15.30 horas a Plaza de Mayo en la ronda de las Madres junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos para impedir que se ponga en práctica. En las calles podemos obtenerlo.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda realizará un acto frente a la Cancillería Argentina en repudio a la visita de Rajoy. El Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el FIT, Juan Carlos Giordano, quien será el orador del mismo, señaló: “Vamos a repudiar al presidente ajustador y represor del pueblo catalán que visita nuestro país de la mano de Macri”.

Giordano, agregó: “Macri va a declarar ciudadano ilustre y recibe con todos los honores al presidente corrupto y represor del pueblo catalán, Mariano Rajoy. Rajoy, la monarquía y su justicia tiene detenidos a dirigentes y trabajadores que luchan por la independencia de Cataluña. Desde el referéndum de fines del año pasado donde ganó el SI, Rajoy y sus fuerzas represivas contestó con presos, 1.500 heridos, agresiones fascistas, páginas web censuradas y otros atropellos. Ante la venida de Rajoy ratificamos todo nuestro apoyo al pueblo catalán en su lucha por la autodeterminación nacional y reclamamos por la libertad de todos los presos”.

Giordano finalizó: “Rajoy viene con 70 empresarios para seguir haciendo negociados. Rajoy es representante de Repsol, Telefónica, los bancos Santander y BBVA, Indra (la del negocio con los escrutinios electorales) y Gas Natural Fenosa (beneficiada con los tarifazos del gas), entre otros empresarios mafiosos. Macri dice que estas patronales nos van a salvar, mientras la multinacional francesa Carrefour, por ejemplo, quiere despedir a cientos de trabajadores y la yanqui Cargill suspendió a otros tantos trabajadores en Argentina. ¡Fuera Rajoy representante de banqueros y multinacionales negreras y explotadoras!”

Contacto:

Juan Carlos Giordano

Teléfono: 15-3119-3003

Twitter: @GiordanoGringo

Este martes 10 comienza el debate en el Congreso. La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal concentra frente al Anexo para exigir que se apruebe su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Mercedes Trimarchi, diputada electa por Izquierda Socialista en el FIT e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, señaló: “Cientos de miles de mujeres ya nos pronunciamos por el aborto legal el pasado 8M en el segundo paro internacional y se multiplican los pañuelazos a favor de ese derecho fundamental. Todos los martes vamos a estar frente al Congreso exigiendo que se apruebe el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital."

Trimarchi agregó: “En nuestro país se practican 500.000 abortos al año según estadísticas del propio Ministerio de Salud. El número es altísimo y demuestra que las mujeres tienen muchas razones para interrumpir sus embarazos no deseados. Se tiene que garantizar ese derecho fundamental para evitar que se sigan muriendo cientos de mujeres al año por abortos clandestinos".

Trimarchi finalizó: "Macri, el peronismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador están en contra de ese derecho junto a la reaccionaria Iglesia Católica, salvo algunos diputados individuales que firmaron el proyecto. Tenemos que ser miles para imponer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Educación sexual para decir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”

Contacto:

Mercedes Trimarchi

Teléfono: 11-5956-1007

Twitter: @MercedesTrimar ‏

La Argentina de Macri es el mundo del revés. Mientras millones sufren los tarifazos, la inflación y el robo salarial, los diputados y senadores se quieren aumentar sus ya abultadas dietas. Quieren incorporar a sus haberes el monto millonario que vienen percibiendo por los pasajes. ¡Una barbaridad e impunidad total por parte de los partidos políticos que conforman el gobierno de Cambiemos como de la oposición patronal del peronismo! Un hecho más que se suma a tantos otros, corroborando que Macri gobierna para los ricos y en contra del pueblo trabajador.

A todo esto, ¿qué dijo la CGT? ¿Hace algo por el salario? Nada. Es que son burócratas propatronales que también viven del privilegio.

La inflación proyectada para 2018 va a rondar entre 20% y 25%. Pese a ello, la burocracia traidora de la CGT y de los principales sindicatos está pactando un 15% de aumento promedio, en cuotas y sin cláusula gatillo. La CGT sigue con su pacto antiobrero dejando pasar los despidos y el robo salarial. Por eso decimos que Macri “no está solo”. Cuenta con la complicidad de estos burócratas que siguen en la rosca para ver quién se queda con el sillón de la CGT transformándola en una central oficialista, mientras dejan pasar los despidos, la ola de retiros voluntarios en el Estado y los ataques al salario.

El 15% y en cuotas fue firmado por Comercio, la UTA, petroleros, Luz y Fuerza, Aguas, panaderos y la Uocra, entre otros. Hubo gremios que acordaron solo un 8% de aumento, quedando en “reunirse” con la patronal en agosto de este año, como hicieron APL, ATE y UPCN con los empleados del Congreso. O el jefe de los porteros, el kirchnerista Víctor Santa María, que cerró por 12% en dos tramos.
El burócrata-empresario de la UTA, Roberto Fernández pactó 5% para abril, 5% en septiembre y 4%... ¡para enero del año que viene!
Otro caso emblemático es el acuerdo con las patronales y el gobierno por parte del burócrata de la Uocra y ex miembro del Batallón 601 de Inteligencia, Gerardo Martínez, por el mismo 15% y en cuotas, en un gremio donde reinan el trabajo en negro y las muertes de obreros por falta de seguridad, al mismo tiempo que las patronales de la construcción hacen fortunas con la obra pública.

A pesar del pacto de la burocracia sindical, los trabajadores luchan. Es el caso de los docentes en varias provincias ante el gobierno de Macri, Vidal (que cierra bachilleratos) y el resto de los gobernadores que atacan el salario docente y los derechos laborales de los maestros como parte de seguir destruyendo la educación pública. En la provincia de Buenos Aires también pelean los judiciales, los profesionales de la salud y los estatales. Los bancarios van a nuevos paros porque ni siquiera les quieren reconocer la cláusula gatillo del año pasado y les quieren dar un aumento miserable para 2018. Los mineros de Río Turbio tomaron de rehenes a funcionarios de la mina porque el gobierno se niega a reincorporar a los despedidos. La Federación de Aceiteros paró contra los despidos en Cargill y por un aumento digno en las paritarias y le declararon la conciliación obligatoria. Siguen las luchas en el INTI y la de los estatales del Ministerio de Hacienda. Y el 11 de abril está convocado un paro con cortes y marcha a Plaza de Mayo de la CTA Autónoma de Cachorro Godoy, entre otras medidas de protesta.

Esto demuestra que hay una pelea nacional en curso por el salario, contra el techo del 15% y el ajuste. Bronca sobra contra el gobierno. Hay ganas de pelear. Pero por culpa de la burocracia las luchas no se pueden expresar de manera centralizada y nacionalmente.

Repudiamos la traición de la cúpula de la CGT y llamamos a Camioneros, a la Corriente Federal y a las CTA a que convoquen a un paro y plan de lucha nacional ya que, lamentablemente no han convocado a ninguna otra acción de protesta después de la marcha del 21F. Hace falta un paro general para imponer un aumento de emergencia para todos los trabajadores contra el techo salarial del 15% en las paritarias.

Junto al sindicalismo combativo llamamos a apoyar los paros docentes y a todos los reclamos en curso. A participar del paro y jornada de protesta del 11 de abril y a hacer asambleas y reuniones de delegados para votar medidas de lucha y aprobar pronunciamientos en los lugares de trabajo exigiendo una medida nacional contra el ajuste y el robo salarial de Macri y los gobernadores.