Editorial

El coronavirus impacta en el mundo y en el país. La pandemia se suma a una crisis capitalista que desde 2007 impacta con tremendos ajustes y ahora está teniendo un nuevo pico. Caen las bolsas, el petróleo, el valor de la soja. ¿Por qué la tienen que pagar los pueblos del mundo? ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, los bancos y multinacionales, no los trabajadores!

Donald Trump señaló que el coronavirus no era un problema comparado con los 37.000 estadounidenses que se mueren por año por la gripe. Ahora dijo que habrá recesión en el corazón del imperialismo. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, afirmó que cuantas más personas se contagien mejor (el 60%), para crear inmunidad cuando el virus se propague más. “Muchos vamos a perder en las próximas semanas a nuestros seres queridos”, agregó, repudiado por científicos y médicos. Y el FMI reclama una salida “coordinada mundial”, mientras Italia sangra ante el pico de muertes por el desastre de los hospitales públicos, llevados a ese estado por los distintos gobiernos tras recortarles 37.000 millones de euros en diez años. El Fondo Monetario no se refiere, por supuesto, a meter plata en los hospitales. Ese organismo usurero quiere un salvataje multimillonario para los bancos y multinacionales igual que se hizo en crisis pasadas. Recientemente ante la crisis en el Estado Español aconsejó flexibilizar las relaciones laborales para compensar las pérdidas de las empresas, rebajar las indemnizaciones por despido y recortar “el déficit persistente del sistema de pensiones”.

Ante este desastre provocado por los gobiernos capitalistas las consignas centrales que deben unificar a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud y a los sectores populares son: ¡Plata para los hospitales y la emergencia para combatir el coronavirus, no para las deudas externas y el FMI!

La respuesta obrera y la solidaridad de jóvenes y vecinos no se hacen esperar. Huelgas de trabajadores, solidaridad popular en los barrios y cacerolazos, son algunas de las manifestaciones del pueblo italiano contra su gobierno. El diario Il Manifesto informa en su edición del viernes 13: “El mundo obrero ha vuelto a hablar con rabia contra la decisión del gobierno de no detener la producción en las fábricas que se ha materializado cuando se abrieron las puertas: huelgas espontáneas, asambleas, el cese temporal de la producción”. Hubo huelgas en Milán, Mantua, Brescia, Terni, Marghera, Génova y en grandes empresas como Electrolux, Iveco, Tenaris, Beretta y el Grupo Arcelor Mittal, entre otras.

“No son huelgas por el salario sino por la dignidad, porque los obreros de la industria quieren ser tratados como los demás trabajadores. Demandan parar la producción para ´higienizar, asegurar y reorganizar los lugares de trabajo´”. Los obreros del metal de la fábrica Bitron Cormano cerca de Milán, declararon: “En febrero pedimos guantes, máscaras y antisépticos y no hicieron nada, por eso fuimos a la huelga”. Los trabajadores de la fábrica recuperada Rimaflow (Milán) dicen que “para contener realmente la epidemia, ninguna persona debe verse obligada a ir a trabajar, todos deben tener acceso a un ingreso de cuarentena y la posibilidad de recibir servicios, tratamientos y necesidades básicas en el hogar”.

En Nápoles los vecinos realizaron cacerolazos en sus balcones, lo mismo en Madrid y otras capitales para reivindicar y apoyar los reclamos de los trabajadores hospitalarios que salvan vidas a pesar de la precariedad en la que trabajan. Y repudian que se use la pandemia para fortalecer a “policías y militares para vigilarnos cada vez de forma más sofisticada, como en China”.

Las nuevas penurias se ven también en Argentina. El gobierno de Alberto Fernández pasó de decir que lo había sorprendido que el virus “llegara tan rápido” a suspender las clases y vuelos, entre otras medidas, mientras se profundiza la recesión. En enero hubo una pérdida de 42.000 empleos registrados y en General Motors la burocracia pactó suspensiones durante todo el año con rebaja salarial.

Todo indica que en el invierno el virus se va a extender más. El gobierno miente cuando dice que Argentina está preparada. ¿Es cierto que los hospitales públicos están preparados para la pandemia? ¡Pero si hace años que están colapsados culpa del recorte de sus presupuestos por parte de todos los gobiernos! Hay falta de personal, médicos y enfermeros con salarios de pobreza y precarizados, servicios cerrados, turnos con demora de meses, entre un largo etcétera. De los once científicos del Malbrán que trabajan en el tema coronavirus ocho son precarizados. Y sigue la lista. Y si se suspendieron las clases es porque muchas no tienen agua, alcohol, repelente y graves problemas de infraestructura.
El gobierno destinó 20 millones de dólares para la emergencia mientras se apresta a renegociar 150.000 millones de dólares de una deuda usurera. Ya había rebajado retenciones e impuestos a petroleras, mineras y bancos al mismo tiempo que podaba las jubilaciones. Esto no puede ser. Por eso acá también se protesta.

Hubo paros docentes en varias provincias al inicio de clases. Muchos trabajadores de los hospitales reclaman insumos y presupuesto. En Tucumán hay tres días de paro en Salud. A fin del año pasado hubo una pueblada en Mendoza frenando una ley que habilita la megaminería. Y si no hay más reclamos es por la complicidad de la CGT y los burócratas sindicales que apoyan al gobierno en vez de encabezarlos.

Ante el agravamiento de la crisis postulamos medidas de fondo. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda exigimos desde lo básico (alcohol en gel, repelentes, lavandina) y planteamos como centro que el gobierno deje de pagar ya la deuda externa y vuelque todos los fondos disponibles para combatir el coronavirus y los efectos de la crisis. Reclamamos plata para la emergencia sanitaria y los hospitales, no para la deuda externa. El gobierno tiene como prioridad renegociar una deuda usurera. ¡Ninguna renegociación, plata ya para combatir los males sociales! Llamamos a los trabajadores y al pueblo a reclamar y a exigir respuestas urgentes, denunciando el rol cómplice de las conducciones sindicales. Algo muy necesario para que esta vez la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Mientras el mundo entra en crisis total y en nuestro país estalla la crisis sanitaria, el gobierno de Alberto Fernández sigue con su cronograma de renegociación de deuda y pagando los vencimientos que caen semana a semana. ¡Hay que parar esa locura ya mismo! ¡Toda la plata debe ir para la emergencia! Hoy, más que nunca, hay que suspender inmediatamente todos los pagos de la deuda y romper con el FMI

Escribe José Castillo

Parece increíble. Cada día llegan nuevas noticias de cierres de fronteras, cuarentenas totales y aumento mundial de infectados y fallecidos. En nuestro país, a la presencia del coronavirus se suma la del dengue. Nadie tiene ninguna duda que las medidas de aislamiento social, que sin duda se endurecerán en los próximos días, tendrán efectos graves sobre una economía en recesión, y que nunca arrancó. Para los trabajadores, los jubilados y el conjunto de los sectores populares, al ajustazo que ya venían sufriendo de la era Macri sumó el de los primeros dos meses de Alberto Fernández. Mientras tanto, trabajadores de la salud y de la educación advierten los riesgos por el faltante de artículos elementales, desde alcohol en gel, lavandina y repelentes hasta respiradores en los hospitales.

Pero mientras sucede todo esto, el ministro de Economía Martín Guzmán sigue adelante con la “prioridad uno” del gobierno: renegociar, garantizándole a los acreedores  y al FMI que se les pagará la deuda. Que, recordémoslo siempre, es inmoral, ilegal, impagable, su origen estuvo en la dictadura militar, fue acrecentada por todos los gobiernos y, por si fuera poco, en el último período tuvo como destino central la fuga de capitales. ¡La plata que debería ir urgentemente a la emergencia sanitaria se está usando para eso!

 ¿Cuántos respiradores se podían haber comprado con los 250 millones de dólares que Kicillof les pagó a los pulpos acreedores a fines de enero? ¿Cuántos litros de gel, elementos de limpieza, mosquiteros, se podrían haber comprado simplemente con los 42.364 millones de pesos que, solamente en febrero, se destinaron al pago de la deuda? ¿Cuánto se podrían haber mejorado los hospitales, los salarios de los trabajadores de la salud y la infraestructura si simplemente se hubiera destinado a ello los 4.500 millones de dólares que se reservaron en diciembre a los pagos de deuda de estos primeros meses del año?

Son todas preguntas concretas de lo que se podía haber hecho en estos meses. Pero eso no es lo más grave. De acá en adelante siguen los vencimientos: en pesos, en dólares, con legislación local, con legislación extranjera, prácticamente semana a semana.  Mientras se “renegocia”, caen vencimientos de casi 3.000 millones de dólares en abril y otros más de 3.300 en mayo.  

¿Seguir la renegociación o parar todo y dejar de pagar?

Siempre dijimos que era mentira que se podía obtener una “negociación progresista” con los acreedores privados y el FMI, donde supuestamente por cuatro años no pagaríamos nada, no nos exigirían ningún ajuste y entonces, mágicamente, la economía crecería y se recuperarían los salarios, las jubilaciones y el empleo. Eso es lo que nos venía queriendo vender Alberto Fernández desde que asumió. Nunca existió como posibilidad real. La única realidad era que los pulpos nos iban a exigir cada vez más y que aún con quita nos impondrían un feroz ajuste.

Ahora todo eso empeora. Los acreedores, todos grandes fondos de inversión como Templeton, BlackRock, Fidelity, etcétera han dicho explícitamente que exigen cobrar más. Ya asoman en el horizonte los peores fondos buitres, comprando bonos argentinos para exigir cobrar el 100% en tribunales extranjeros. Y el FMI, al que se lo quiere vender como que ahora es “progresista” ha dicho en todos los lenguajes posibles que con ellos no hay quita que valga y que tendremos que pagarle el total de los 49.000 millones de dólares que les “debemos”.

¡Y en medio de todo esto, el gobierno de Alberto Fernández sigue adelante con su plan de renegociación, ahora anunciado un “megacanje” por 500.000 millones de pesos para bonos en pesos y una emisión de deuda de 30.000 millones de dólares en Nueva York para supuestamente “canjearla” con los pulpos acreedores! ¡Una irresponsabilidad total! Se le siguen ofreciendo “negocios rentables” al establishment financiero internacional como si no pasara nada.
Siempre dijimos que la única salida era dejar de pagar la deuda y romper con el FMI. Que la famosa “renegociación” sólo termina en más ajuste y hambre para el pueblo trabajador. Ahora esto tiene más vigencia que nunca: ¡está en juego nada más ni nada menos que la salud pública y la vida de millones! Lo exigimos con todas las letras: plata para la emergencia sanitaria, para educación, para trabajo, para salario, no para los pulpos acreedores y el FMI.

Escribe Adolfo Santos

“El gobierno libanés se ha visto obligado a suspender el pago de una emisión de eurobonos por 1.200 millones de dólares que vence el 9 de marzo porque necesita esos fondos [...] Ese dinero debe ser utilizado para asegurar las necesidades básicas de los libaneses”, declaró el nuevo primer ministro Hasan Diab ante la presión de las movilizaciones populares. Es un enorme logro que ese pueblo le haya impuesto al gobierno el no pago de una deuda usurera. Lo mismo aconteció en Argentina en 2001 por presión de la rebelión popular que fue el Argentinazo, obligando a que se deje de pagar la deuda por varios años usándose esa plata para planes sociales de emergencia que aliviaron el hambre de entonces.
Esta situación genera un debate: ¿Qué hacer con la deuda en Argentina? ¿Se puede imitar el ejemplo de El Libano? ¿O hay que renegociar porque no queda otra como dice el gobierno? Claro que se puede dejar de pagar. Para ello hay que tomar una decisión política en ese sentido, no lo que está haciendo Alberto Fernández.

Sectores del peronismo y de la “izquierda” que apoyan al gobierno dicen que en Argentina no se podría imponer esa medida que logró el pueblo libanés porque “la relación de fuerza no es favorable”. ¿Esto es así? Consideramos que no.
El FMI y la deuda son ampliamente repudiados por el pueblo argentino. Hasta lo dicen las encuestas. Se asocia con razón al FMI como sinónimo de explotación, hambre y ajuste. El peronismo kirchnerista, por ejemplo, ha hecho actos muy grandes cuando gobernaba Macri con la consigna “No al FMI” diciendo “La Patria está en peligro”. Y ahora al propio presidente se lo escucha decir que “la deuda es con el pueblo”. ¿Entonces por qué se va a pagar? El debate en todo caso debe partir sobre si es necesario o no tomar esa medida. Y si lo es, ver si además de la razón nos dan las fuerzas.

Pero lamentablemente estos sectores que defienden al gobierno si bien critican al FMI y a la deuda, terminan diciendo que hay que renegociarla, que no queda otra y que podría haber una renegociación favorable. Pero eso significa mantener el pacto firmado por Macri y el FMI y pagar. Sin embargo, países muchos más pequeños y con menos recursos que Argentina, como Líbano, lo han logrado.

Argentina es un país mucho más grande, fuerte y autosuficiente para enfrentar a los usureros internacionales. La relación de fuerzas, si hubiera una clara disposición política para imponerla, se podría conquistar ganando a los trabajadores y al pueblo explicando que esa deuda es ilegítima e impagable, que esa plata fue para la bicicleta financiera y que si no rompemos con el FMI estamos condenados a más pobreza y saqueo. Explicando que en Latinoamérica el pueblo de Ecuador ya se rebeló contra un gasolinazo ordenado por el FMI y logró hacerlo retroceder. Que Chile está rebelada con movilizaciones de millones contra Piñera. Hay paros en Colombia y que Puerto Rico tiró abajo a un gobernador por contraer una deuda sideral. Y que con un frente de países deudores se podría enfrentar con más fuerza a los saqueadores, lo que permitiría usar esos enormes recursos para reactivar la economía inmediatamente. No es eso lo que quiere el gobierno. Por eso cuando nos dicen que no se podría dejar de pagar porque “la fuerza no da”, les decimos que Líbano y Latinoamérica lo desmienten. Y que ese argumento oficia de excusa para pagar y someterse a los dictados del FMI con un falso discurso de que de esa forma se va a gobernar para los más vulnerables.

Siempre, los gobiernos justifican los aumentos de combustibles por el aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, cuando el precio del crudo baja, como acontece en estos momentos, los combustibles no acompañan esa oscilación. Conclusión: las petroleras siempre ganan y los consumidores nunca se benefician. Hay que cambiar esta lógica.

Escribe Adolfo Santos

Sin dudas, en política petrolera existe una continuidad entre los gobiernos de Kirchner, Macri y ahora de Alberto Fernández. Todos ellos se han subordinado a los intereses de las multinacionales del petróleo. Inclusive los que presentaron el proyecto: “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, de expropiación de YPF, y acabaron pagando a Repsol más de lo que valía la empresa.

Gobierno tras gobierno, la historia se repite. Siempre ganan las petroleras. Ahora que el precio mundial del petróleo está por el piso, en vez de bajar los combustibles y así reducir los costos de fletes para dar un alivio al bolsillo del pueblo trabajador, el debate en el gobierno es con cuanto subsidiar a las petroleras “para que no pierdan”. Como dijo Darío Martínez, diputado  del Frente de Todos por Neuquén: “hay que buscar urgente un precio (por encima del costo mundial) para el ´barril criollo´”. O sea la preocupación no es bajar los precios de los combustibles para favorecer a los más vulnerables, sino subsidiar a las multinacionales y a YPF para mantener sus ganancias. Claro que eso lo pagarán los consumidores cuando lleguen al surtidor.

Con Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo, algunos querían hacernos creer que se resolverían todos los problemas. Según especialistas, tiene reservas de gas por 200 años y de petróleo para varias décadas. Las patronales y los gobiernos se relamían con esa riqueza enterrada a miles de metros de profundidad. Pero una vez más, esa riqueza, no estaría al servicio del pueblo trabajador. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó un acuerdo con la multinacional Chevron en condiciones de entrega total. El convenio firmado tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones y a la responsabilidad del gobierno de garantizar las ganancias en caso de caída de los precios, superando los precios internacionales.

El gobierno de Macri le dio continuidad a ese proceso. Firmó una nueva “adenda Petrolera” que consistió en un acuerdo con el sindicato dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del Movimiento Popular Neuquino (MPN) por entonces senador nacional, con el respaldo del gobierno provincial y las multinacionales en el que se impuso la más brutal flexibilización laboral. Se perdieron numerosas conquistas obreras a cambio de, supuestamente, garantizar puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un alto costo humano, ya  que ocho obreros perdieron la vida desde esa fecha hasta ahora por los ritmos y condiciones de trabajo. Una vez más, ganaban las petroleras y perdían los trabajadores.
En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, decidió entregar subsidios a las empresas que hicieran inversiones con el sistema de fracking, la explotación no convencional de gas y petróleo, con graves impactos ambientales. Esa resolución, estableció el precio del gas en 7,50 dólares por millón de BTU para luego caer a 7 en 2019, 6,50 en 2020 y 6 dólares en 2021. Un subsidio extraordinario para garantizar las ganancias de las grandes empresas petroleras y gasíferas. A pesar de esos subsidios, 1.800 de los 20.000 obreros petroleros, fueron enviados a sus casas con reducción salarial.

El gobierno de Alberto Fernández no actúa diferente.  De entrada, mientras le sacaba 100.000 millones de pesos a los jubilados, rebajaba del 12 al 8% las retenciones a la actividad petrolera y prometía una serie de beneficios a las multinacionales. Era una clara señal para que inviertan sabiendo que tendrían sus lucros asegurados. Sin embargo, el coronavirus le puede complicar las cosas al gobierno. La pandemia ha generado una caída mundial del precio del petróleo y Vaca Muerta se hace inviable si no es con fuertes subsidios del estado.

Esta situación nos coloca ante una tarea importante: exigir la rebaja de los combustibles e impedir que el gobierno continúe subsidiando las transnacionales del sector (Chevron, Shell, Total, Pan American Energy, Tecnopetrol y otras) y destine ese dinero para la emergencia que estamos viviendo. Mientras tanto, desde Izquierda Socialista y el FIT, continuaremos luchando por retomar el control de las riquezas del subsuelo para colocarlas al servicio de la población trabajadora. Por una YPF 100% estatal dirigida por sus trabajadores y técnicos que tomen en sus manos toda la exploración, producción y comercialización del petróleo.

Conversamos con Montserrat “Tata” Gayone, docente y activista en la lucha por la defensa del ambiente en Bahía Blanca. Desde la CTA se ha sumado a la organización de la Primera Marcha Plurinacional por el agua para los pueblos.

-¿Cuáles son los reclamos en Bahía Blanca en relación al problema del agua?

-Desde hace décadas hay escasez  de agua potable y no llega a los hogares, las escuelas y hospitales en condiciones de salubridad. El mantenimiento de las redes está tercerizado y casi no se ha extendido el servicio a los nuevos barrios. La última obra realizada, el Dique Paso de las Piedras, se hizo hace 50 años. En ese período la población creció de 160.000 a 301.000 habitantes. Lo grave, es que las plantas del Polo Petroquímico, que usan el agua como refrigerante,  tienen prioridad para el abastecimiento. La privatización del Puerto de Ingeniero White, el ferrocarril, la concesión de tierras para la ampliación del parque industrial, la extensión del dragado  y los nuevos muelles, ha puesto en peligro también al estuario de Bahía Blanca y las especies que crecen y se reproducen en el humedal.

Los cortes de ruta y del acceso al puerto por parte del pueblo de Ingeniero White ante los escapes de Cloro (Solvay Indupa) y Amoníaco (Profertil) en agosto del 2000, la protesta de los Pescadores Artesanales, por causa de la contaminación y la pueblada de General Cerri  la instalación de nuevos muelles son los hitos más importantes de las últimas dos décadas, en defensa del agua, el aire, la tierra  y la vida y contra la depredación del modelo extractivista apoyada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

-¿Qué más nos podés contar de esta lucha?

-Las organizaciones de La Marcha Plurinacional por el agua para los pueblos, con la participación de movimientos ambientalistas, comunidades originarias y jóvenes contra el cambio climático, entre otros, nos ha posibilitado romper  con el cerco provincial y nacional. Los ríos, los acuíferos y glaciares, no son provinciales, como establece hoy la ley, sino continentales. Y nos unimos para defenderlos sumando experiencias de lucha, compartiendo la información que los gobiernos y la prensa oficial ocultan, socializando conocimientos ancestrales que han sido silenciados por las sucesivas oleadas colonizadoras. Si bien finalmente la marcha no va a realizarse en la CABA por la pandemia del coronavirus, el 22 M estaremos haciendo pública en todo el país la denuncia  al saqueo y la contaminación y  difundiendo  las voces de las víctimas del sistema  a través de los medios y redes sociales en cada localidad. Los invitamos a sumarse.