En medio de la cuarentena y de un decreto presidencial que “prohíbe despidos y suspensiones”, los dueños del hotel Castelar decidieron el cierre de un auténtico patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, despidiendo a la vez a sus más de sesenta empleados. 

Escribe Adolfo Santos

Intempestivamente, la empresa Casel S.A. anunció el cierre del histórico hotel Castelar, situado en la tradicional Avenida de Mayo. Fue inaugurado en 1929 y se convirtió en una referencia cultural de la ciudad. El edificio fue diseñado por el famoso arquitecto italiano Mario Palanti, artífice del cercano Palacio Barolo y su “mellizo” Palacio Salvo, de Montevideo. El hotel, de 55 metros, era uno de los edificios más altos de la Avenida de Mayo al momento de su construcción. Fue el primero de la ciudad en tener un comedor con refrigeración y un spa. Albergó representantes de la política, la cultura y el espectáculo. Uno de sus ilustres huéspedes fue Federico García Lorca, quien se alojó desde octubre de 1933 hasta marzo de 1934 en la habitación 704, hoy convertida en museo para homenajear al gran poeta granadino. 

Casel S.A., dueña del hotel, en una comunicación vía WhatsApp les ofreció a sus trabajadores un “retiro voluntario” por el 35% del monto que les corresponde. Es llamativo que, paralelamente, la familia Piccaluga Mayorga, descendiente de los fundadores del establecimiento, haya solicitado la apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, que supone entablar una negociación con representantes de los trabajadores y el propio ministerio, lo que no aconteció. Además, los empleados declararon que antes de la cuarentena el hotel estaba trabajando con un 80% de su capacidad, algo que inhibiría el pedido de “procedimiento preventivo”.

Es inaceptable esta medida cuando, para paliar la crisis, el gobierno ha beneficiado a las empresas con significativas reducciones sobre las contribuciones patronales. Además, cuentan con el programa de asignación compensatoria al salario para empresas de hasta cien empleados, o los Repro, que incluyen prestaciones desde el Estado para cubrir parte del sueldo. Hay denuncias en el sentido de que la empresa habría accedido a esos préstamos para liquidar los salarios, que después no pagó. Todavía adeuda parte de los sueldos de marzo y el mes de abril.

Sin duda se trata de una maniobra de la patronal buscando sacar provecho de la crisis generada por la pandemia para mantener sus ganancias. Casel S.A. estaría proyectando un nuevo tipo de negocio para lo cual necesitaría desvincularse del actual personal. Pero cualquiera sea la razón, rechazamos estos despidos masivos. Los trabajadores, que no están dispuestos a perder sus puestos, deben exigir la intervención urgente del gobierno nacional en el conflicto. Si la millonaria familia Piccaluga Mayorga dice que no está en condiciones de continuar con el hotel, el Estado se debe hacer cargo de esa importante fuente de trabajo bajo control de sus trabajadores.

En marzo de 1934, luego de alojarse en el Castelar, el gran poeta García Lorca regresó a su país. Dos años después, en agosto de 1936, fue detenido y fusilado por un batallón franquista por luchar en favor de la República. El mejor homenaje que los trabajadores del hotel Castelar pueden rendir a su huésped más ilustre será organizar la pelea en defensa de sus puestos de trabajo y por la reapertura del hotel. Estaremos junto a ellos para evitar que, una vez más, se pretenda descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.

Escribe José Castillo

Pasada la fecha del 8 de mayo, autoimpuesta por el gobierno para el “cierre” de la renegociación de la deuda, tal como se esperaba, todo se pospuso hasta el viernes 22. Seguirá en estos días la partida de póker de mentirosos, entre un gobierno que dice “para la tribuna” que no pagará nada a costa del pueblo, mientras por detrás guiña el ojo y le dice a los buitres acreedores que presenten una contrapropuesta, y los propios fondos que, con toda la experiencia del establishment internacional, aceptan el juego y también sostienen para afuera que “la propuesta es inaceptable”, a la vez que se disponen a contraofertar y así seguir el juego con la seguridad de que al final serán los que saldrán ganando.

En medio de tantas idas y venidas es lógico que surjan dudas que recogemos entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio, amigos, vecinos y familiares. Hay una enorme confusión acerca de qué es “renegociar la deuda”. ¿Se trata acaso de “dejar de pagar”? ¿Es una especie de moratoria (decisión unilateral de un país de no abonar por una serie de años)?

Nada de eso. Digámoslo con todas las letras, renegociar es pagar. “No queremos caer en default”, “nuestro objetivo es tener un esquema que nos permita cumplir con los acreedores”, son frases textuales del ministro Guzmán y del propio presidente Fernández. Por eso, pongamos orden en tanto palabrerío. Todos están por pagar, Alberto Fernández, Macri, los empresarios, la Sociedad Rural, la CGT. También, por supuesto, todos aquellos visitados por Alberto en busca de apoyo: Merkel, Macron, el papa Francisco. Y, obviamente, aunque increíblemente se busque ahora disfrazarlo de “progresista”, el FMI. 

De acá sacamos entonces una primera conclusión: la izquierda y el sindicalismo combativo somos los únicos que estamos en contra de la “renegociación”, simple y claramente, porque insistimos en que no hay ninguna salida si seguimos pagando la deuda, el objetivo explícito de toda la negociación.

“Renegociar” implica, previamente, reconocer como legítima a la deuda y sus acreedores. ¡Eso es lo que está haciendo el gobierno de los Fernández! Reconoce la deuda de Macri después de haber dicho una y mil veces que solo sirvió para aceitar la bicicleta financiera. Pero además está reconociendo toda la deuda anterior (aceptando de paso, aunque no lo diga, que era mentira que “nos habíamos desendeudado”, como afirmaba mentirosamente el kirchnerismo). Ahí están, como mudos testigos, los bonos de los canjes de Néstor y Cristina de 2005 y 2010, metidos también en la actual renegociación. Y, por sobre todo, y nunca nos olvidemos, se está reconociendo una vez más la totalidad de una deuda cuyo origen está en la genocida dictadura militar, inmoral, ilegal, ilegítima y fraudulenta, tal como lo estableció la propia Justicia en el año 2000 con el fallo del juez Ballesteros. 

Va entonces la segunda conclusión. Nosotros, la izquierda, seguimos siendo los que, coherentes con nuestra denuncia de ese carácter del endeudamiento, nos negamos a reconocerla y por eso también exigimos dejar inmediatamente de pagarla.

“Renegociar” no es “resolver definitivamente” el drama del endeudamiento argentino. Lo que hoy se está discutiendo con los acreedores son 66.000 millones de dólares. Es apenas una porción de los 330.000 que debe el Estado nacional y menos aún de los casi 400.000 millones de dólares si le sumamos las deudas provinciales y la del Banco Central. Cualquier arreglo con los pulpos acreedores, hoy sentados a la mesa de negociación (que, insistimos, no le saldrá para nada gratis a nuestro país), dejará pendiente a los que siguen en la fila: los bonistas con legislación local, ¡el FMI!, que vendrá por sus 49.000 millones, y un sinfín de letras y bonos repartidos en manos de diversos grupos de pulpos acreedores. 

Insistimos, y es nuestra tercera conclusión. Decimos que no hay que pagar no por tozudez, o por decir cosas “utópicas”. La utopía reaccionaria es la de aquellos que sostienen que hay alguna salida pagando y que mienten sosteniendo que así se resuelve el problema de la deuda. 

Toda la experiencia histórica, nacional e internacional,  nos da la razón. Nunca hubo una renegociación de la que saliéramos ganando. Limitando nuestro análisis a la deuda actual generada por la dictadura, el primer “canje” lo hizo Menem en 1993. Fue el llamado “Plan Brady”, nos quedamos sin ferrocarriles, teléfonos, gas ni petróleo mientras la deuda siguió creciendo. Luego tuvimos el “megacanje” de De la Rúa que solo sirvió para aumentar el monto de endeudamiento en 50.000 millones de dólares. Por último, estuvieron los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. A contramano del doble discurso del “desendeudamiento”, los Kirchner llegaron al poder debiendo 190.000 millones de dólares, pagaron durante sus mandatos 200.000 y cuando dejaron el gobierno en 2015 debíamos 240.000. Estos ejemplos, o los internacionales, como los casos cercanos de Grecia y Portugal, nos demuestran que ninguna renegociación sirvió a los pueblos para librarse del mal de la deuda externa, solo terminaron trayendo más ajuste y saqueo.

Cuarta y última conclusión: se puede, y se debe, no pagar la deuda externa. Se puede, como lo demuestran los más de 250 casos de cesación de pagos que se dieron en el mundo en los últimos dos siglos (estudiados y citados por los economistas de Harvard Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff). Se puede, como lo impuso la movilización popular del Argentinazo en 2001. Se puede, llamando a conformar un club de países deudores latinoamericanos para así enfrentar cualquier intento de represalia del capitalismo imperialista, tal como lo hace hoy África, donde hay un llamamiento conjunto de varios países para el desconocimiento de sus deudas. 

Se puede y se debe, finalmente, porque en medio de la pandemia del coronavirus no cabe ninguna duda de que hay que poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares. La deuda externa, la cadena más sólida de nuestro sometimiento al imperialismo, el motivo más importante de nuestra decadencia, de la miseria y el hambre de nuestro pueblo, debe romperse. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a hacerlo, conformando la más amplia unidad con todos aquellos dispuestos a avanzar en este sentido.  

Escribe José Castillo

En medio de la pandemia, y al mismo tiempo que se sigue con el doble discurso de “no pagaremos con el hambre del pueblo”, Alberto Fernández le abonó al Fondo Monetario Internacional 320 millones de dólares el lunes pasado. Es tan vergonzoso y opuesto a todo lo que se está diciendo que, increíblemente, se trató de mantener la operación “en secreto”. De hecho, fue dada a conocer por la agencia internacional Bloomberg y repudiada por nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano antes de que la noticia finalmente apareciera en el diario La Nación, único medio que lo registró.

El pago corresponde a un vencimiento de intereses del pacto firmado por Macri con el FMI en 2018, por el cual la Argentina terminó endeudada por 44.000 millones de dólares con el organismo. Este pago, como otros subsiguientes fijados para agosto y noviembre, ni siquiera reducen el monto, ya que son en concepto de “intereses” (por eso supuestamente le debemos al Fondo 49.000 millones, ya que 5.000 corresponden a estos intereses que engrosan la deuda). Recordemos que el propio Alberto Fernández, al igual que las autoridades del FMI, reconocieron que la totalidad del préstamo se utilizó para financiar la fuga de capitales de los especuladores financieros amigos del ex presidente. 

Denunciamos que, en medio de las necesidades generadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno destine ese dinero al FMI. Con esos 320 millones de dólares se podrían haber contratado por un año (con salarios de 50.000 pesos por mes) a 3.200 trabajadores de la salud, o comprado 32.000 respiradores u ocho millones de barbijos. Es una vergüenza que se priorice el pago de la deuda por encima de las más urgentes necesidades populares. Por eso seguimos insistiendo, hay que suspender ya mismo todo pago de deuda externa, incluyendo el acuerdo con el FMI, y destinar todos esos recursos a un fondo de emergencia para atender los requerimientos sanitarios y sociales del coronavirus. 

Escribe Atilio Salusso

¿Salen perjudicados los bonistas con la renegociación de la deuda? No. Los usureros van a ser beneficiados. Lo reconoció el propio presidente y lo plasmó en papel el economista Alfredo Zaiat este domingo 10 de mayo en una larga nota en Página/12.  

Zaiat cuenta que le hizo un reportaje al presidente Alberto Fernández, quien dijo sobre la propuesta del gobierno: “Es una oferta que, si la mirás objetivamente, los acreedores no pierden. Solamente ganan menos. ¿Por qué? El capital prácticamente queda intacto porque solamente se afecta un 5% de ese capital. Y en los intereses uno dice 'ahí la quita es sustantiva' porque la tasa promedio de esos intereses da 7 puntos y pico, y lo estamos bajando a un promedio de 2 puntos. Perdés 5 puntos de intereses, pero te pago 2 en un mundo que paga cero”. Con esto Alberto Fernández reconoce que la quita es menor y los intereses son exorbitantes medidos a nivel mundial. 

Sobre la pregunta ante un posible default (no pago), el presidente fue categórico: “Hace unos días tuve una charla con Jeffrey Sachs (economista estadounidense) y me decía 'no te preocupes por caer en default porque el mundo está en default'. Y yo le decía que no quería caer en default. Efectivamente, nadie quiere caer en default. Tanto no queremos caer en default que hacemos una oferta para no caer en default”. O sea, el economista yanqui le insinúa que podría dejar de pagar sin problemas y el presidente dice rotundamente que no.

Escribe Guido Poletti

¿A quién beneficia la renegociación de la deuda en curso? A un puñado, reducidísimo, de grandes especuladores internacionales, todos situados en la crema del establishment financiero imperialista. Ellos solos acumulan el 35% del total de la deuda externa argentina y tienen el “poder de veto” en cualquier renegociación. Acá no hay ningún “pequeño ahorrista” ni “jubilado con bonos” perjudicado. 

Veamos. El más grande, el auténtico “director de la batuta” de la renegociación, es BlackRock. Se trata de un emporio de negocios financieros. Maneja fondos por 7,5 billones de dólares y tiene oficinas en treinta países, entre ellos la Argentina. Pasó a ser el número uno mundial de las finanzas en medio de la crisis de 2008, cuando absorbió a uno de los más grandes bancos de inversión de entonces, el británico Barclays. El titular de BlackRock, Larry Fink, figura entre los zares de las finanzas globales y es, obviamente, uno de los megamillonarios del planeta.

El segundo buitre es Templeton, que maneja fondos globales calculados en 850.000 millones de dólares. Si bien es el más antiguo de todos (nació en 1947), su desembarco en nuestro país se dio recién con el macrismo, en 2018, para convertirse rápidamente en uno de los mayores acreedores argentinos.

Después tenemos a Greylock Capital, creado en 1997 y con inversiones financieras en más de cien países. Su fundador es Hans Humes, líder del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), uno de los principales grupos de buitres que amenazaba a nuestro país luego de que se dejó de pagar en 2001.

El cuarto gran especulador en danza es Fidelity, también con una larga “trayectoria” de hacer superganancias con la deuda externa argentina. Administrador de un fondo global de 1,5 billones de dólares, en 2005 Fidelity fue uno de los pulpos acreedores que cerraron el acuerdo del canje kirchnerista de ese año. En 2011 se transformaron en los grandes acreedores de la provincia de Buenos Aires al comprar los bonos BP21 lanzados por el entonces gobernador peronista Daniel Scioli. En enero de este año exigieron, y consiguieron, que el actual gobernador Kicillof les pague en efectivo un vencimiento de ese bono por 250 millones de dólares a costa de postergar un pago a los docentes de la provincia.

Finalmente, el quinto gran “acreedor” es Pacific Investment Management Company (Pimco), un megafondo con sede en California que maneja 2 billones de dólares, que fue uno de los acreedores amigos preferidos del macrismo en el período 2018-2019 y un especialista en comprar deuda “riesgosa”, pero con altas tasas de interés como retorno.

A estos superfondos de la ruleta financiera internacional se les debe la mayor parte de la deuda externa argentina. Hay que elegir. Les pagamos a ellos o priorizamos las más urgentes necesidades populares.