Escribe Anisa Favoretti

Las organizaciones del movimiento de mujeres de Santiago del Estero se solidarizaron con nuestra compañera de la agrupación Isadora e Izquierda Socialista, Lucrecia Pereyra, docente de nivel inicial y actriz del grupo performático Las Mariposas, quien recibió ataques en la red social Facebook por ser parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

El pasado 26 de julio, una persona que utiliza el usuario Antho Vera LC en la mencionada red social, hizo un llamado a la comunidad educativa del Jardín Nº 804 Ángel de Luz, en donde Lucrecia trabaja, para repudiarla por su posición a favor del derecho al aborto. Además de acusar a nuestra compañera de inculcar el aborto a niños de 4 años, llamó a los padres de los estudiantes a concurrir el día lunes al establecimiento educativo portando el pañuelo celeste, símbolo de los antiderechos, para exigir a las autoridades del jardín que sancionen a nuestra compañera.

Pero éste no es un hecho aislado. Ante la desesperación por el avance del movimiento de mujeres, los sectores antiderechos vienen atacando a estudiantes y docentes en todo el país porque reclaman el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 con carácter laico, científico y perspectiva de género en todos los niveles educativos y también porque portan el pañuelo verde por propia decisión. Esto les ha costado sanciones a muchos estudiantes y hasta el despido de una docente en una escuela privada católica de Córdoba. Llamamos a la más amplia solidaridad de todas las organizaciones de mujeres, derechos humanos y políticas con nuestra compañera Lucrecia Pereyra y con todas las docentes y estudiantes que garantizan la educación sexual en las escuelas.

Escribe Liliana Olivero

Los tres senadores nacionales han impulsado la “Opción Córdoba” como una maniobra para impedir que el aborto legal seguro y gratuito se pueda implementar plenamente en nuestro país. El senador de Cambiemos (Partido Nuevo) Ernesto Martínez, junto a Laura Rodríguez Machado, de PRO, y Carlos Caserio, de Unión por Córdoba-PJ, representan los intereses de la cúpula de la Iglesia y las corporaciones de la medicina privada.

Carlos Caserio es un viejo dirigente y puntero del gobernador Juan Schiaretti en el Senado, vicepresidente del bloque del PJ Federal quien, junto a Pichetto, negocian con Macri la aplicación del ajuste en las provincias. Anteriormente fue funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería menemista y ministro de Gobierno en la provincia, hoy es el presidente del PJ cordobés. El mismo que atenta contra el derecho de las mujeres, como ya hizo la diputada Alejandra Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, absteniéndose de votar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la campaña nacional por el aborto el 14 de junio pasado.

Ernesto Martínez es miembro del Frente Cívico de Luis Juez, quien hace días sacó una carta para que su amigo y senador votara en contra de la legalización del aborto diciendo: “Estoy convencido que luchar por las dos vidas es más amplio, más comprometido, más generoso y, por qué no decirlo, más arriesgado que la otra opción”. Martínez fue diputado nacional y votó en contra del matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género. ¡Un troglodita disfrazado de progre en el Senado!

Laura Rodríguez Machado, senadora de PRO y representante directa de Macri en Córdoba, es vicepresidenta del partido y presidenta del bloque de Senadores de Cambiemos. Desde 1991 a 1999 fue Diputada Nacional por la UCD (Unión del Centro Democrático), el partido de Álvaro Alsogaray, y luego secretaria de Economía del ex intendente Kamerath en la ciudad de Córdoba, gestión que incrementó la deuda pública municipal de 61 a 354 millones de pesos. En 1999 fue candidata a vicegobernadora de Córdoba por las listas de Domingo Cavallo. Mediante el decreto 433/05, fue nombrada procuradora fiscal de la provincia por el ex gobernador José Manuel De la Sota. Ya en 2013 compartió las listas de PRO con Néstor Roulet, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, y volvió a ser diputada.

Estos tres espadachines están listos para aplicar todas las maniobras necesarias y poder evitar que en el Senado se apruebe el dictamen obtenido por el triunfo de la lucha de las mujeres en Diputados. Solo reforzando la movilización y nuestra lucha les arrancaremos a estos falsos representantes el aborto legal, seguro y gratuito.

Luego de la vigilia del 13J y 14J que logró la media sanción en Diputados a favor del derecho al aborto, Cristina Fernández anunció a través de su cuenta de Twitter que el bloque completo de senadores del Frente para la Victoria votaría a favor del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, la misma Cristina que durante los ocho años que duró su mandato fue la responsable de miles de muertes de mujeres por aborto clandestino y que mientras se debatía el proyecto de ley en la Cámara baja se manifestó siempre en contra. El cambio de posición en palabras de la propia Cristina fue por su hija Florencia y por la movilización de miles y miles de mujeres a favor del aborto.

Este giro de 180 grados fue bien recibido sobre todo porque siendo una figura de tanto peso le daría un fuerte empuje al debate en el Senado. Sin embargo, eso no sucedió y durante estos dos meses Cristina se guardó al silencio y no colaboró para que más senadores voten a favor de un derecho fundamental para las mujeres como es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Esta actitud es criminal porque a días del 8A, aún tenemos un final abierto sobre cómo terminará la votación. A su vez, ni siquiera salió a denunciar la reaccionaria campaña persecutoria llena de amenazas de los sectores antiderechos impulsada por la cúpula de la Iglesia Católica que a través del papa Francisco comparó el derecho al aborto con el genocidio nazi.

Desde Isadora e Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, llamamos a ser nuevamente miles y miles en las calles de todo el país y fundamentalmente frente al Congreso para que una vez más logremos dar vuelta la voluntad del gobierno y de los partidos patronales, que están en contra de los derechos de las mujeres.

La repudiada presentación del médico Abel Albino en el plenario de comisiones de la Cámara de Senadores en que se debate el derecho al aborto fue, sin dudas, una clara muestra de lo que la Iglesia y los sectores antiderechos pretenden hacer con esta discusión: mentir y desinformar para seguir implantando su dogma. Además de comparar erróneamente una interrupción del desarrollo de un embrión con el asesinato de un niño, Albino enfatizó contra el uso de métodos anticonceptivos, en especial el preservativo. A pesar de la vasta evidencia científica que demuestra que el uso de preservativos en las relaciones sexuales es el mejor método para prevenir embarazos y evitar infecciones de transmisión sexual, Albino mintió descaradamente al decir que el virus del VIH traspasa la porcelana y exhortó a no usar preservativos.

Más allá de la burda y repudiada declaración, el hecho de que Albino hablara en el Senado da cuenta del tipo de educación sexual que la Iglesia Católica intenta imponer: una formación religiosa, sexista y desarrollada sobre premisas totalmente falsas. Pero más grave aún es que Albino preside la fundación Conin que se dedica al tratamiento de la desnutrición infantil sin cuestionar las políticas de pobreza y desigualdad que reproduce el gobierno actual junto con los anteriores y recibe subsidios millonarios del propio Estado argentino. Por ejemplo, entre 2016 y 2018, a instancias del ex ministro de Educación Esteban Bullrich, la fundación firmó un convenio por 108 millones de pesos para financiar su iniciativa. Por eso decimos ¡basta de financiar a ONG para privatizar las políticas públicas! Que la plata vaya a programas del sistema público de salud para la prevención y promoción de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, y no para la Iglesia y sus amigos.

El sindicato Cicop, que nuclea a profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, resolvió participar activamente de la vigilia del 8A convocando a un paro para que trabajadoras y trabajadores de la salud puedan concurrir a la histórica jornada de lucha. Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas del Consejo Directivo Provincial, declaró: “El apoyo a la legalización del aborto es una pelea en la que nos hemos puesto de acuerdo desde hace mucho tiempo. Es una postura oficial del sindicato. Por eso, desde hace años, venimos impulsando capacitaciones sobre el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE). Y este año sumamos nuestra fuerza a los pañuelazos generales y a otros que realizamos en hospitales y centros de salud”. Además, agregó: “El derecho al aborto es una cuestión de salud pública. Es una gran pelea. Por eso vamos el 8 de agosto al paro en apoyo a la ley. Y sabemos que, si se aprueba, tendremos que seguir en la pelea para que el gobierno de turno se haga cargo de garantizar el presupuesto y los profesionales para su implementación”.