Escribe Isis Reis e Rosi Messias (Corriente Socialista de las y los Trabajadores-CST-UIT-CI)

1/11/2024. El 31 de octubre fueron condenados Ronnie Lessa y Élcio de Queiroz, ex agentes de la policía militar y acusados confesos de los homicidios de Marielle Franco y Anderson Gomes en 2018. Sus penas fueron de 78 años y 9 meses y 59 años y 8 meses, respectivamente. Después de seis años de espera, la sentencia dictada contra los asesinos fue un paso importante en la búsqueda de justicia, pero la lucha debe continuar. El resultado se celebró en una movilización frente a la estatua de Marielle, en el centro de Río de Janeiro, a la que asistieron familiares de víctimas de la violencia.

El juicio duró dos días y se celebró en el Tribunal de Justicia del estado de Río de Janeiro, mediante un jurado popular. El primer día, miércoles por la mañana, se celebró la «Madrugada por la Justicia para Marielle y Anderson» frente al Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, con la presencia del colectivo de madres de víctimas de violencia del estado, movimientos sociales, feministas y familiares de Marielle y Anderson. La marcha continuó por las calles hasta Buraco do Lume, donde se celebraron discursos frente a la estatua de Marielle. Durante la manifestación, gritamos pidiendo justicia para que estos acusados confesos recibieran la pena máxima.

No cabe duda de que el juicio y las condenas impuestas a estos criminales fueron el resultado de las movilizaciones de los movimientos sociales y de la enorme repercusión del caso a nivel nacional e internacional. Y ahora, más que nunca, ¡hay que investigar todo y a todos! Los que ordenaron los asesinatos de Marielle y Anderson deben ser juzgados y encarcelados. Los presuntos autores intelectuales de estos crímenes bárbaros son: Rivaldo Barbosa ex-delegado y ex-jefe de la Policía Civil, Domingos Brasão ex-consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y su hermano Chiquinho Brasão ex-diputado federal y ex-secretario de gobierno del alcalde Eduardo Paes. La implicación de estos personajes es un ejemplo de cómo el crimen organizado está incrustado en las instituciones de este régimen político podrido, al servicio de los ricos y de la policia. En un Estado donde todos los días hay operaciones policiales en las favelas que matan a pobres y negros.

En 2018, cuando Marielle fue asesinada, el estado de Río de Janeiro estaba bajo intervención federal en seguridad pública, con el general Braga Neto (ex ministro de Bolsonaro) como interventor. Braga Neto era el jefe de seguridad pública en ese momento, por lo que también debe ser investigado, al igual que el entonces gobernador del estado, Luiz Fernando Pezão, que siempre ha tenido una relación con la familia Brazão. Pocos días antes de su asesinato, Marielle había asumido el papel de relatora de una comisión creada para supervisar la intervención federal en la seguridad pública de Río de Janeiro. Por último, también debe investigarse el papel de la familia Bolsonaro y su relación con la llamada «oficina del crimen».

Por una comisión de investigación independiente y una jornada de lucha hasta que todos los implicados sean detenidos.

Desde la CST consideramos imprescindible la creación de una comisión de investigación independiente formada por las familias de Marielle y Anderson, los movimientos negros y de favelas, el movimiento de madres de víctimas de la violencia policial, Amnistía Internacional, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, para que investigue si hay otros agentes públicos implicados en estos asesinatos. Por último, debemos seguir movilizándonos en las calles para exigir justicia. Por eso proponemos que la CUT, la CTB, la UNE y el MTST convoquen una jornada de lucha hasta que todos los implicados, sean políticos, miembros de la justicia o de la policía, ¡sean detenidos!

Escribe Socialist Core (simpatizantes de la UIT-CI en EEUU)

31/10/2024. El 5 de noviembre se realiza la votación para elegir al jefe político de la principal potencia imperialista del mundo, precisamente mientras EEUU perpetra un genocidio contra el pueblo palestino de la mano de su satélite Israel. Nos solidarizamos con los activistas obreros, juveniles y de la comunidad musulmana en EEUU que se han movilizado contra el genocidio en Gaza y han expresado que no votarán por los candidatos del genocidio, Donald Trump y Kamala Harris. El antidemocrático sistema electoral estadounidense encadena las elecciones a un bipartidismo reaccionario y millones de personas intentarán escoger el mal menor optando entre dos candidatos comprometidos con la destrucción ambiental, la dominación imperialista y el genocidio palestino. Por nuestra parte, creemos que es necesario fortalecer el polo activista que usará las elecciones para protestar contra la política imperialista que representan Trump y Harris. Podemos hacerlo con un voto crítico a las candidaturas alternativas, a la izquierda de los demócratas, como es el caso de Jill Stein, Cornel West y otros candidatos independientes, en la perspectiva de construir un partido independiente de izquierda, de la clase trabajadora y la juventud para luchar contra este podrido sistema de explotación y opresión.

Harris y Trump representan la continuidad de una política imperialista y genocida, si bien se diferencian en sus estrategias. Trump es un ultraderechista, racista fanático, xenófobo, misógino condenado por abuso sexual, con ideas abiertamente fascistoides, mientras que Harris es una liberal que viene de hacer carrera en la criminalización de la pobreza de la mano de la industria carcelaria privada, además de ser parte del gobierno genocida de Biden. Ambos expresan un proceso de largo alcance de derechización del régimen político estadounidense, un fenómeno del que participan demócratas y republicanos, si bien los republicanos representan el ala ultraconservadora y con más elementos fascistizantes.

Revertir esa tendencia derechizante en EEUU no se logrará votando por los demócratas cada dos años, sino fortaleciendo las organizaciones obreras, populares y estudiantiles, construyendo su autonomía, hasta lograr la construcción de una organización política de izquierda independiente que canalice los intereses de las mayorías trabajadoras, como contrapeso a los aparatos políticos de la burguesía, que incluyen no solo los partidos demócrata y republicano sino también la burocracia sindical y un archipiélago de ONGs que generalmente tributan al partido demócrata.

En política internacional Trump y Harris responden de formas diferentes a la crisis y debilitamiento relativo del imperialismo estadounidense: Trump apuesta por la unilateralidad y el proteccionismo económico, Harris se inclina más por la concertación con sus socios imperialistas europeos. Para los pueblos que reciben bombas y sanciones económicas o que padecen bajo dictaduras aliadas a EEUU, estas diferencias en la mayoría de los casos no implican cambios significativos. En política ambiental, Trump es descarado en su apuesta por la mayor cuota de destrucción posible, mientras que Harris prefiere una destrucción encubierta por discursos hipócritas y medidas cosméticas que no implican cambios de fondo ni nos desvían del rumbo hacia el colapso climático. Ambos apuestan por la persecución de los inmigrantes, si bien Trump es más agresivo en el discurso e incluso propone la desnacionalización de los estadounidenses descendientes de inmigrantes.

Al igual que otros ultraderechistas como Bolsonaro, Milei o Meloni, Trump quisiera imponer una dictadura pero la correlación de fuerzas no se lo permite. No hay sectores importantes de la burguesía o de las fuerzas armadas que apuesten a la destrucción de la limitada democracia burguesa en EEUU, que tan bien les ha servido para oprimir y explotar durante siglos a la clase trabajadora. Sin embargo, Trump cuenta con el apoyo de grupos paramilitares de ultraderecha. Ante el previsible escenario de una elección decidida por pequeño margen en pocos estados pivote, las acciones legales para desconocer una derrota pueden combinarse con acciones de turbas ultraderechistas, como ocurrió en 2020. La clase trabajadora y la juventud debe prepararse para enfrentar a los fascistas ante cualquier intentona de desconocer las elecciones. Esta movilización antifascista puede desarrollarse en mejores condiciones si no está amarrada al apoyo político o electoral a los demócratas, ya que los demócratas se oponen a la movilización obrera, estudiantil y popular contra los fascistas.

Algunos sectores liberales y socialdemócratas que defienden el voto a Harris alegan que por no haber diferencias sustanciales en la política genocida de Harris y Trump, el tema palestino pasa a ser irrelevante a la hora de definir cómo votar. Creemos que este razonamiento es equivocado. Dar por descontado el genocidio en Palestina significa una posición conformista e incluso racista. Debemos profundizar la lucha contra el imperialismo estadounidense y el colonialismo sionista. Un voto de protesta contra Harris y Trump por sus políticas genocidas sirve para fortalecer esa lucha de apoyo al pueblo palestino, aunque no logre impedir que alguno de ellos ocupe la presidencia. Es importante que millones envíen un claro mensaje al mundo: ninguna complicidad con los genocidas. Y después de las elecciones, profundizar las huelgas, las tomas universitarias, los boicots, las movilizaciones, por cualquier medio que sea necesario para apoyar a la heroica resistencia palestina y derrotar al imperialismo y su satélite sionista. Ante el chantaje de los partidarios de Harris, que alegan que votar por candidaturas independientes facilita el triunfo de Trump, les respondemos que los únicos culpables de un eventual triunfo republicano son los genocidas demócratas, no quienes nos rehusamos a ser cómplices suyos.

Así como no tenemos que escoger entre los dos candidatos del imperialismo estadounidense, tampoco tenemos que caer en la trampa del campismo, de tomar partido en las disputas entre potencias imperialistas. Podemos oponernos al mismo tiempo a la agresión genocida de EEUU, Reino Unido, Alemania e Israel contra el pueblo palestino, y también confrontar la invasión imperialista rusa contra Ucrania, la opresión imperialista francesa en Kanaky y Martinica, y la opresión imperialista china contra el pueblo uigur y el pueblo tibetano, o la ocupación militar de Haití bajo las órdenes estadounidenses. Apoyar en cada uno de estos casos a la resistencia al imperialismo y el colonialismo es la única posición consecuentemente internacionalista.

El régimen capitalista e imperialista estadounidense fue diseñado a fines del siglo XVIII por la clase esclavista para garantizar una sobrerrepresentación rural reaccionaria y la supremacía de los grandes propietarios. Se mantiene hasta hoy en sus características fundamentales. Conquistas tan modestas como el principio democrático de una persona-un voto, que requeriría la eliminación del colegio electoral y la eliminación del reaccionario Senado, son imposibles de alcanzar por la vía de las reformas constitucionales, pues se requeriría una mayoría parlamentaria inalcanzable. Como parte de la lucha por la superación de ese sistema antidemocrático, podemos ejercer un voto de protesta contra los candidatos imperialistas y genocidas, otorgando un voto crítico a Jill Stein del centro-izquierdista Partido Verde, o el candidato independiente Cornel West, o cualquiera de las otras candidaturas independientes a la izquierda del partido demócrata. Tenemos diferencias políticas importantes con todas ellas. Por ejemplo la candidata Claudia De la Cruz, del Partido Socialismo y Liberación, con mucha presencia en las redes sociales, critica al imperialismo estadounidense pero al mismo tiempo apoya a dictaduras capitalistas como la de Assad en Siria, e incluso al imperialismo ruso y chino, desde una ideología que embellece la competencia interimperialista a nombre de la “multipolaridad”. En cuanto a Stein y West, no apuestan a construir un partido o movimiento anticapitalista independiente, socialista e internacionalista y basado en la clase trabajadora y la juventud, para luchar en la perspectiva de un gobierno de las y los trabajadores y un socialismo con democracia para el pueblo trabajador. Si bien tenemos esas diferencias de fondo, consideramos que sus candidaturas independientes pueden canalizar ese voto de protesta. 

Coincidimos con Stein y West en algunas de sus propuestas, como la disolución de la OTAN, detener el apoyo al Estado genocida de Israel, el levantamiento de las sanciones a Cuba y el cierre de Guantánamo, y la cancelación de las deudas de los países semicoloniales. También coincidimos en la necesidad de aumentar el salario mínimo a 25 dólares la hora en base a un impuesto a las grandes fortunas, garantizar la vivienda digna y terminar con la feroz especulación inmobiliaria, eliminar las deudas estudiantiles, la nacionalización de las empresas de la energía, entre otras medidas.

Este voto crítico puede ayudar a fortalecer el polo de las y los luchadores, quienes se expresaron en las crecientes huelgas, en el apoyo a Palestina y la lucha de la comunidad negra contra el racismo y la violencia policial, de cara a los desafíos que enfrentaremos luego de las elecciones. Gane quien gane, la grave crisis socioambiental y la enorme desigualdad, así como el propio desarrollo de las luchas populares, plantean el desafío de la construcción de un partido de izquierda y de la clase trabajadora donde confluya la nueva vanguardia sindical, juvenil, antirracista y antifascista, ambientalista y feminista.

Escribe Rainier Ríos, dirigente del Movimiento Socialista de les, las y los Trabajadores (MST) sección chilena de la UIT-CI

23/10/2024. Este sábado 26 y domingo 27 de octubre, se llevarán a cabo elecciones municipales en todo el país. El telón de fondo es el creciente descontento popular en contra de la corrupción, el encarecimiento del costo de vida para millones de familias trabajadoras, y los profundos acuerdos políticos y económicos del gobierno de Boric y la derecha a favor del empresariado y las multinacionales.

En este marco, distintas organizaciones sociales y políticas hemos levantado alternativas electorales a los grandes bloques partidarios del oficialismo y la oposición, algunos de ellos con candidaturas y programas que buscamos retomar las demandas de la rebelión popular de 2019, la necesidad de retomar el camino de movilizaciones, pero, sobre todo, de construir una alternativa política para expresar las verdaderas necesidades de las familias trabajadoras y el pueblo.

La inestable “estabilidad” que buscan imponer el gobierno de Boric y la derecha en el país

Hace 5 años el país fue sacudido por históricas movilizaciones, que durante meses se tomaron las calles por parte de millones de personas, que rabiosamente luchamos en contra de décadas de abusos empresariales, desigualdad social, corrupción y otros males que aún nos aquejan. La respuesta del régimen político, los partidos del oficialismo y la oposición de derecha, fue imponer un camino institucional, con tintes constituyentes, para desviar las movilizaciones a derroteros que dejaran incólume la herencia de Pinochet. Y así fue.

La creciente frustración popular creció como una espesa niebla, que envuelve la actual situación política. Ninguna de las más sentidas demandas populares fue resuelta. En cambio, la impunidad de la mayoría de los policías y militares represores se impuso. Los pilares fundamentales, económicos, políticos y sociales dejados por Pinochet siguen intactos, y con ello se viene profundizando la desigualdad social y el saqueo empresarial de los sueldos y las riquezas naturales. A primera vista, y como ellos quieren hacernos creer, han ganado la partida contra las movilizaciones, a las que hoy las culpan de todos los males, y celebran que al final ganó “la estabilidad y el orden social”. Nada más equivocado.

Lo que viene creciendo en estos cinco años, también, es el profundo rechazo a los partidos del gobierno de Boric, la derecha y la ultraderecha. Todas las encuestas muestran esta tendencia. Dinámica que se sostiene no sólo en la frustración popular porque estos administradores del capitalismo chileno no escucharon ninguna demanda de las calles, sino además porque los casos de corrupción de todas las instituciones del Estado crecen sin parar, semana a semana, con nuevos casos de robos de recursos públicos y abuso de poder. Sensación que se suma a la dificultad, cada vez mayor, de poder llegar a fin de mes con el alto costo de la vida y los bajos sueldos.

Las próximas elecciones municipales se dan con la contradicción que muestra este telón de fondo. Esto no quiere decir, sin embargo, que los dos grandes bloques políticos tendrán problemas para encausar los votos a sus partidos, porque estamos seguros que así será. La ausencia de una alternativa política que realmente exprese el descontento popular, orquestada en gran parte por estos mismos partidos, será decisiva para que las y los votantes voten a la centroizquierda en el gobierno contra la derecha, y viceversa, con “la nariz tapada” y sin ninguna expectativa de cambios importantes en beneficio del pueblo.

Los sectores que apuestan por la derecha lo hacen pensando, principalmente, en que resuelva la denominada “crisis de seguridad u ola de delincuencia”, relato impuesto por los sectores más reaccionarios que tratan de hacer eje en que este es el gran problema del país. Por su parte, quienes votan contra la derecha lo hacen no por defender al actual gobierno y sus partidos, sino por rechazo a este sector social que es al que más identifican con la corrupción y los abusos empresariales. En ningún caso, mayoritariamente, serán entusiastas votos de apoyos a sectores políticos.

Alternativas a los dos bloques políticos: entre las grandes posibilidades para construir nuevas direcciones, y las viejas y fracasadas formulas reformistas de siempre

Entre las organizaciones políticas que nos declaramos por fuera, y en contra, de los partidos del gobierno de Boric y las derechas, no logramos llegar a acuerdos para actuar en un solo frente. Una verdadera tragedia. El fondo de estas diferencias estriba en una cuestión que ha sido crucial los últimos años, y fundamental durante la rebelión popular de 2019.

Un importante número de organizaciones políticas y activistas sociales ha sido presa de una orientación empujada por el Partido Comunista, la burocracia sindical y estudiantil, y otros sectores de gobierno, que se basa en la tesis de que “atacar al gobierno es fortalecer a la derecha, incluso a la ultraderecha”, y por lo tanto o hace como si el gobierno no existiera, lo ataca muy esporádicamente y sólo de vez en cuando, o directamente lo apoya “críticamente”.

Por otro lado, estamos quienes intervenimos día a día denunciando que el gobierno de Boric es el principal enemigo de la clase trabajadora en este momento, y que para su rol de agente del capital cuenta con gran apoyo de la derecha. Por eso las diferencias entre ambos bloques, como siempre, son sobre cuestiones secundarias, porque ambos están contra el pueblo.

No es una diferencia superficial que sólo provoca divisiones para fechas electorales. Estamos convencidos que es imposible crear una nueva alternativa política, que levante las banderas de la rebelión popular, y ayude a que miles de luchadores y luchadoras sociales rompa totalmente con los viejos partidos y sus referentes, si no les oponemos programas que tomen las demandas populares y obreras más sentidas, y las pongan en coalición directa con el gobierno y la oposición, por medio de la movilización y la organización desde abajo.

La tarea sigue abierta, y confiamos plenamente que la actual experiencia de millones con el gobierno del Frente Amplio, la ex Concertación y el Partido Comunista, ayudará en el sentido correcto, si estamos dispuestos a levantar candidaturas con programas anticapitalistas claros, contra los gobiernos capitalistas de turnos y las oposiciones patronales, que propongan una salida socialista e internacionalista a la crisis económica, política y social que enfrentamos.

Con esta tarea como horizonte, el MST (UIT-CI) ha presentado candidaturas en dos comunas de la capital del país, para alcalde, concejales, y Cores, tanto en Independencia como en Paine. Lo hacemos en una lista ecologista y animalista, pero con un claro perfil anticapitalista y reivindicando las luchas y las demandas de la lucha que removió a Chile hace 5 años.

Escribe Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La noche del 17 de octubre, una patrulla de la Policía Nacional atacó el barrio Mata Mosquito, en el distrito municipal Verón-Punta Cana, asesinando brutalmente al obrero haitiano Jems Joacin. Testimonios de los trabajadores que residen en el lugar indican que la pandilla policial, aprovechando la persecución racial desatada por el presidente Abinader y la ministra Faride Raful, se dedicaba a extorsionar, realizando detenciones arbitrarias para exigir pagos por las liberaciones, amenazando con entregar a las víctimas a la DGM. Estas operaciones de extorsión se han intensificado sacando provecho del estado de excepción de facto, así como la definición de una cuota de 10 mil personas expulsadas semanalmente, anunciada por el gobierno el 2 de octubre. Al tratarse de la tercera operación extorsiva en apenas una semana, algunos trabajadores intentaron defenderse, y fue en ese marco que los agentes policiales procedieron a ejecutar con disparos en el pecho a Joacin, quien se encontraba totalmente desarmado y ajeno a la confrontación, realizando una compra en un colmado.

De acuerdo con medios locales, la pandilla policial estaba encabezada por el segundo teniente Berto Marcelo Louis. Medios afines al gobierno han descrito la ejecución como resultado de un “enfrentamiento”, sin embargo es obvio que la acción de los trabajadores de defenderse con piedras de la agresión de los agentes extorsionadores no podía habilitar a los esbirros a ejecutar a balazos a un hombre desarmado. Aún en el caso de que los esbirros hubieran disparado hacia personas que se defendían con piedras no se podría describir como un «enfrentamiento», ya que se evidenciaría un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza letal. Tal sería el caso de la ejecución el 22 de octubre en el municipio Enriquillo, en Barahona, del trabajador Yoel Charles, a quien esbirros policiales tirotearon mortalmente cuando presuntamente portaba un machete.

Estas ejecuciones ocurren no solo en el marco del fracaso total de la mal llamada “reforma policial”, que supuestamente debía poner fin a esta práctica ilegal pero institucionalizada, sino también en el contexto de una ofensiva racista oficial con el objetivo de lograr la expulsión de más de 500 mil personas de la comunidad inmigrante haitiana en el próximo año. Según los estimados oficiales más recientes publicados por el Instituto Nacional de Migración, la comunidad inmigrante haitiana está conformada por 553 mil personas. Si bien las deportaciones no lograrán su propósito de expulsar a la totalidad de esta comunidad, pues muchas personas expulsadas retornan, el solo hecho de que la meta de expulsiones coincida con el tamaño oficialmente estimado de la comunidad perseguida es un indicador de la intención de perpetrar una limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad. Es muy grave que partidos y organizaciones sociales que se autodenominan democráticas no condenen esta política oficial ni se movilicen para derrotarla.

La lista de crímenes es interminable. El 9 de octubre, militares atacaron a un trabajador haitiano en la comunidad de Las Palmas, en el municipio Oviedo, disparándole por la espalda con una escopeta y propinándole una brutal golpiza. Fue rescatado por miembros de la comunidad y llevado a una clínica. El director local de la DGM, Nibelin Nova Cuevas, afirmó que los militares no estaban actuando en un operativo formal de la DGM. Sin embargo, lo característico de la actual campaña de persecución es el despliegue descoordinado de hordas policiales y militares por todo el territorio nacional a la caza de personas negras, incluso llevando a cabo allanamientos sin orden judicial. Cuando las personas detenidas presentan sus documentos en regla, son enviadas a cuarteles y destacamentos o al tenebroso «Centro Vacacional de Haina» para la revisión de sus documentos, un protocolo abiertamente inconstitucional y discriminatorio.

Es tal el hacinamiento, el hambre y la insalubridad en ese campo de concentración mal llamado «Centro Vacacional» que el 17 de octubre decenas de personas arbitrariamente detenidas se amotinaron, exigiendo agua, comida y una rápida definición de su situación, ya que sufren detenciones indefinidas sin acceso a asistencia legal. Las autoridades negaron que hubiera ocurrido ningún hecho de violencia, pese a las denuncias de que se reprimió violentamente e imágenes en las que aparentemente militares disparan armas de guerra en el interior del campo de concentración. Otros crímenes recientes que han conmocionado al pueblo dominicano y a la comunidad inmigrante han sido el lanzamiento del obrero haitiano Mikelson Germain el 11 de septiembre desde un techo por parte de un agente migratorio, en Verón-Punta Cana, y la detención arbitraria y las amenazas en contra del dirigente domínico-haitiano Franklin Dinol, del Movimiento Reconocido, el 12 de octubre.

Las movilizaciones neofascistas, estimuladas por el gobierno, también se han incrementado. El 27 de septiembre y el 5 de octubre, ondeando banderas estadounidenses e israelíes, agrupaciones neonazis se movilizaron en Santo Domingo por una aceleración de las deportaciones. Una turba de extrema derecha también sitió la sede de MOSCTHA el 8 de octubre, sin que la Policía Nacional interviniera para garantizar su seguridad. El 10 de septiembre una protesta de trabajadores cañeros retirados exigiendo el pago de sus pensiones y el fin del trabajo forzoso, fue hostigada por el sindicato pro-empresarial de Central Romana, afiliado a la central oficialista CNUS.

Exigimos justicia para Jems Joacin y Yoel Charles, llamamos a todas las organizaciones que se reclamen democráticas o de izquierda, las organizaciones sociales y de derechos humanos, a pronunciarse contra la política del presidente Abinader y la ministra Faride Raful que pretende sembrar el terror entre los trabajadores de origen haitiano para lograr su desplazamiento forzoso. Basta de impunidad brindada por la PGR a agentes represivos y paramilitares neofascistas. Basta de apartheid. Es urgente avanzar hacia la organización de una gran movilización nacional contra la violencia racista del gobierno y la ultraderecha.

Escribe Prensa UIT-CI

22/10/2024. Compartimos la declaración del colectivo marxista Socialistas en Lucha ante el apagón masivo que se vive hace días de forma intermitente en Cuba.

Declaración del colectivo marxista Socialistas en Lucha (SeL) ante crisis del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba

20 de octubre de 2024, La Habana, Cuba

El sistema electro-energético nacional (SEN) de Cuba ha sufrido récords históricos de déficit de generación eléctrica. El primer colapso a nivel nacional tuvo lugar el viernes 18, en horas de la mañana; con reiterados episodios a lo largo del fin de semana. A día de hoy (21 de octubre a las 20:06, hora Cuba) el servicio ha sido restituido en gran parte de La Habana, no así, en todo el país. Un panorama que se ha agravado en la zona oriental con la llegada del huracán Óscar.

Hasta el momento, se reportan seis fallecimientos en San Antonio del Sur, provincia de Guantánamo, producto del huracán. Comunidades completas en apagón y sin comunicación alguna, pudieron influir en que algunos de sus miembros no estuvieran al tanto de la existencia del fenómeno atmosférico y, por tanto, no tomar las medidas necesarias para afrontar su llegada.

La nueva crisis energética ha estado acompañada de la toma del espacio público por parte de la ciudadanía, quienes exigen una respuesta rápida a la dirigencia del Partido Comunista de Cuba (PCC). Desde el sábado 19 de octubre, se han reportado «cacerolazos» en disímiles áreas de la capital; entre ellas Centro Habana, Cerro, 20 de Mayo y Guanabacoa. Algunos de estos despliegues han sido reprimidos por parte de las llamadas «boinas negras» o Brigadas Especiales Nacionales (BEN), del Ministerio del Interior.

Mientras el estado de los alimentos en la Isla peligra estrepitosamente, el aparato oligárquico del PCC, en conjunto con los medios oficialistas, ha optado por desmentir la existencia de un problema de combustible. Hablan de «máximos esfuerzos» por el abastecimiento del crudo que no es tangible.

A su vez, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha optado por la suspensión de «servicios no vitales»;  entre ellos, las actividades docentes y culturales. Y, tal como sucedió con las protestas masivas del 11 de julio de 2021 (11J), el presidente ha vuelto a desacreditar los reclamos populares; calificando de borrachos o personas en «estado de embriaguez» a quienes ejercieron su derecho constitucional a la protesta.

El gobierno estalinista cubano ha vuelto a obviar los reclamos de un pueblo en estado de indefensión, represión y precariedad. Una población envejecida en más de un 20% de su total número de habitantes; con una pensión que no alcanza para cubrir la canasta básica; con un sistema de salud pública depauperado, que obliga a la población a acudir a un mercado informal dolarizado; y con un sistema de educación en estado de alarma. Una población que carece de servicios hidráulicos, transporte, higiene y demás.

Un grupo de variables que, como efecto dominó, ha terminado derivando en otros graves problemas como la pobreza, el racismo, los feminicidios, la desnutrición, el trabajo infantil, el crimen y la corrupción. Por eso, el colapso del cual hoy somos testigos, no se limita al sistema energético nacional.

El colectivo de Socialistas en Lucha denuncia todas estas vicisitudes y exige al Gobierno de Miguel Díaz-Canel su más inmediata dimisión. Entendemos el actual contexto cubano como un colapso sistémico-estructural no reformable. Nos solidarizamos con las víctimas del huracán Óscar y hacemos responsable al oficialismo. Denunciamos las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que termina perjudicando a trabajadores y trabajadoras, y no a la alta burguesía militar cubana. Pero también denunciamos el uso indiscriminado de estas sanciones por parte del PCC para justificar la traición a la clase obrera, el autoritarismo y la represión.

Y, por último, desmentimos la existencia de un Estado Socialista de Derecho en Cuba.

Una burguesía militar estalinista en Cuba jamás trazará un camino viable hacia el socialismo y el empoderamiento popular. Cuba es una revolución traicionada.

Firma,

Socialistas en Lucha, colectivo marxista, anticapitalista, antiautoritario e internacionalista.