A fines del año pasado, la minera transnacional Barrick Gold produjo un derrame que contaminó varios ríos de la provincia de San Juan. Profundizando su accionar criminal, ni siquiera avisó de lo sucedido, poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de pobladores de la provincia.
El accionar de la empresa fue “cubierto” escandalosamente tanto por el entonces gobernador de la provincia, José Luis Gioja, como por la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Ya en 2016, la empresa fue premiada por el nuevo presidente Mauricio Macri, al quitar las retenciones (impuestos) a las exportaciones mineras.
Ahora, ante el procesamiento por parte de un juez de nueve ejecutivos de la minera canadiense acusados de negligencia y de transgredir la ley nacional de residuos peligrosos, el gobierno de San Juan busca “cubrirse” e impone a la minera una multa de 145 millones de pesos, un “vuelto” para las millonadas que gana en nuestro país ese pulpo. Una auténtica vergüenza, cuando la única salida pasa por expropiar a la Barrick por su política saqueadora, negrera y contaminante contra el pueblo argentino.
J.C.
