Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La Ley de Glaciares; la megaminería de cobre en Mendoza y de litio en el norte; la reprivatización del río Paraná y de las represas hidroeléctricas; la habilitación para contaminar aún más las napas con agrotóxicos; las petroleras mar adentro y la ampliación del fracking en Vaca Muerta; el anuncio de megacentrales de procesamiento de datos para la inteligencia artificial; y la entrega de una decena de provincias a la empresa israelí Mekorot. Más que nunca, la batalla por el agua está al orden del día de cara al 2026.

Se trata de un problema global. En el último año se registró el récord de 420 conflictos violentos relacionados con el acceso al agua, según el Water Conflict Chronology del Pacific Institute. Desde el ejército de Israel bombardeando grifos comunitarios y matando de sed e imposibilidad de higiene al pueblo de Gaza, hasta el estado mexicano de Veracruz, donde la policía asesinó a dos manifestantes que protestaban contra el acopio y la contaminación del agua por parte de una megafábrica de cerdos, en cada continente se expande la disputa en torno a los recursos hídricos. 

El agua cotiza en Wall Street en un marco en el que el proceso descontrolado de calentamiento global profundiza las sequías; la pérdida de agua dulce por contaminación avanza; y el fracking, la megaminería y las nuevas tecnologías, tanto las renovables como las vinculadas a la inteligencia artificial, consumen ingentes cantidades de agua. Por eso no sorprende lo que ocurre en nuestro país.

Milei, Trump, Netanyahu y los gobernadores peronistas y radicales

Mientras cerramos este anuario, el pueblo de Mendoza, como ya lo había hecho en 2019, se encuentra masivamente en las calles para frenar la megaminería. En el Senado provincial, el gobernador radical Alfredo Cornejo aprobó, con el apoyo libertario y con cinco de los nueve senadores peronistas, habilitar 28 explotaciones megamineras sin estudios de impacto ambiental válidos. Se habilita la actividad en zonas que amenazan el arroyo El Tigre, la ciénaga de Yalguaraz y el río Uspallata.

Cornejo es, además, según el propio Milei, quien le sugirió cómo modificar la Ley de Glaciares para favorecer nuevamente a las mineras. Su propuesta es que cada provincia defina en una mesa de negociación con las corporaciones qué es y qué no es un glaciar o una zona periglaciar. En ese punto coinciden todos los gobernadores de provincias cordilleranas (peronistas, radicales o de partidos provinciales).

Son las mismas provincias que aprovecharon las negociaciones impulsadas por Eduardo de Pedro, de La Cámpora, con el Estado criminal de Israel para que la empresa Mekorot gestione el agua bajo criterios mercantilistas. Y que aportaron los votos para aprobar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que dispone que ante situaciones de escasez (de agua, por ejemplo) las empresas tienen prioridad por sobre las personas.

Se trata de los mismos partidos patronales que impulsan la ampliación del fracking y la instalación de plataformas offshore, y que acuerdan con el nuevo proyecto que permite fumigar con venenos a 10 metros de escuelas y barrios. Los mismos que privatizaron en los ‘90 y ahora quieren reprivatizar el río Paraná y las hidroeléctricas.

El agua vale más que todo

Con el ejemplo de la lucha de Mendoza y el impulso de la campaña “La Ley de Glaciares no se toca”, y con la experiencia de las asambleas de todo el país que hace décadas sostienen que “el agua vale más que el oro”, tenemos que redoblar la pelea en defensa de este elemento esencial, no solo para la vida, sino también para actividades productivas centrales como la agricultura, la vitivinicultura y el turismo.

Junto a Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y toda la bancada del FIT Unidad presentamos un proyecto que, en el marco del rechazo a la privatización de AySA en el AMBA, plantea el rechazo a Mekorot y la necesidad de poner en pie una empresa estatal nacional de cuidado y gestión del agua, dirigida por las y los trabajadores y por las comunidades. El agua es vida, y por lo tanto, no puede ser una mercancía.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“La Ley de Glaciares no se toca”. Bajo esa consigna, casi un centenar de representantes de asambleas y organizaciones (desde Tierra del Fuego hasta Jujuy) acordamos impulsar una campaña unitaria para enfrentar la avanzada extractivista. La Asamblea surgió por impulso de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones como reacción al discurso de Javier Milei, quien, en paralelo al anuncio del tratado bilateral con los Estados Unidos, adelantó que presentará un proyecto para terminar con la protección legislativa de los glaciares. ¿Qué está en juego y por qué debería importarle a las y los trabajadores de todo el país?

Porque Donald Trump así lo demanda

Todas las provincias atravesadas por la Cordillera de los Andes tienen glaciares en sus territorios: son 16.968 glaciares, una de las principales fuentes de agua potable del país, ya que alimentan los ríos de los que se extrae para consumo humano. De por sí, los glaciares están hoy amenazados por el calentamiento global, que acelera los procesos de deshielo. Eso ya amerita preocupación, pero además se suman los intentos de empresas mineras por intervenir sobre los ecosistemas que les dan vida, ya sea extrayendo agua o desechando químicos contaminantes.

La existencia de la Ley de Glaciares sólo se explica por las luchas en defensa del agua, la vida y los territorios. En 2008, ante su primera aprobación, Cristina Fernández la vetó a pedido de multinacionales como Barrick Gold, interesada en avanzar con la megaminería sobre glaciares en San Juan. La insistencia de la movilización permitió que en 2010 se aprobara definitivamente en su redacción original, a pesar de las maniobras de funcionarios como Daniel Filmus, que buscaron en el Congreso una versión “intermedia”. Desde entonces, la Ley 26.639 estuvo siempre en la mira de las empresas mineras y de los gobiernos provinciales que buscan avanzar sobre el 1% del territorio nacional alcanzado por su redacción. Incluso su modificación integró el primer proyecto de “Ley Bases” de Milei.

Entonces, si los gobernadores (peronistas, radicales, del PRO o de partidos provinciales) siempre quisieron tirar abajo la Ley de Glaciares, ¿por qué ahora? ¿Por qué Milei habla de glaciares y periglaciares en sus discursos?

El anuncio del presidente se dio en simultáneo con la confirmación, por parte de Estados Unidos, del avance de un tratado comercial con nuestro país. En ese marco, el capítulo “ambiental” del acuerdo plantea “fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos”. Las palabras clave son eficiente y minerales críticos. No hay ninguna preocupación ambiental: se trata de garantizar recursos estratégicos para los Estados Unidos. Y ahí encaja el anuncio de modificar la Ley de Glaciares: necesitan “eficiencia” para reventar esas reservas de agua. Para despejar dudas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) ubicó la Ley de Glaciares entre sus principales “preocupaciones legislativas”, junto con la reforma laboral y el Presupuesto 2026 (Infobae, 11/11/2025).

Tenemos que frenarlos

El gobierno pretende que cada provincia determine su propia definición de “glaciar” y “periglaciar”, lo que permitiría favorecer a la multinacional de turno. Frente a eso, la Asamblea discutió defender la Ley de Glaciares tal como está y rechazar cualquier negociación posibilista que abra, por otra vía, la puerta a las mineras.

En estas horas, el pueblo de Mendoza está dando pelea contra el avance minero. En todo el país existe una enorme experiencia de luchas ambientales que debemos recuperar, coordinar y unificar para frenar esta ofensiva. Eso es lo que buscamos organizar con la campaña que acabamos de poner en pie.

Sumate, junto a Ambiente en Lucha, a defender los glaciares en todo el país. La Ley de Glaciares no se toca. El próximo 4 de diciembre salimos a las calles.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad

La Conferencia de las Partes (COP) es la principal instancia de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Reúne a 198 partes (197 países y la Unión Europea). Este año, se realizó en Belém, en el norte de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

A diez años del Acuerdo de París

La COP30 se convocó al cumplirse una década del Acuerdo de París, cuando los gobiernos del mundo se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para que la temperatura global no superara, durante el siglo, un aumento de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Superar ese límite supondría abrir un escenario incierto y de riesgos catastróficos para el conjunto de la especie humana.

La realidad es que la temperatura media de los últimos tres años ya superó ese umbral. En 2024 incluso alcanzó los 1,6 grados, lo que lo convierte en el año más caluroso de los últimos 125 mil del planeta.

El informe publicado por la Universidad de Oxford, El estado del clima en 2025: un planeta al borde del abismo, recopila investigaciones que señalan que de 34 signos vitales planetarios relevados, 22 se encuentran en estado de emergencia.

En ese marco, se destaca que en 2024 los incendios forestales aumentaron un 370%. La masa de hielo de Groenlandia y de la Antártida se encuentra en mínimos históricos de volumen, incluso pasando puntos de no retorno que amenazarían con provocar metros de aumento en el nivel de los mares.

Este escenario se expresa también en el huracán más potente de la historia, que azotó a Jamaica la última semana, y en los extremos climáticos que vivimos en la Argentina: por un lado, temporales e inundaciones; por otro, sequías e incendios cada vez más frecuentes.
De mantenerse el ritmo actual de aumento de la temperatura global, los costos asociados a los llamados “desastres naturales” derivados del calentamiento global implicarían, de acá a 2050, una pérdida del Producto Bruto Mundial de 18 billones de dólares, el equivalente a multiplicar por seis las pérdidas de los dos años de pandemia de Covid-19.

Más grave aún: esta dinámica expondría a la muerte a unos dos mil millones de personas y multiplicaría exponencialmente las migraciones forzadas provocadas por la crisis climática.

¿La COP “de la verdad”?

Tras tres años de conferencias en países petroleros (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán), la convocatoria de la COP30 en Brasil, país donde en 1992 se originó la Cmnucc, y bajo una presidencia autodefinida como “progresista”, se presentó como la oportunidad de marcar un giro hacia un mayor compromiso con el abandono de los combustibles fósiles.

Sin embargo, en la previa de la cumbre, el propio Lula autorizó la explotación petrolera en plena Amazonia, un territorio hoy amenazado de muerte por el avance de la frontera agropecuaria y las consecuencias del calentamiento global.

Las contradicciones no terminan ahí: al inaugurar la cumbre, Lula planteó que debía ser “la COP de la verdad”, una instancia de acciones climáticas más contundentes. A pesar de ello, al segundo día de la conferencia, la Marcha de los Pueblos (integrada por colectivos socioambientales y pueblos originarios), que se movilizó hasta la sede de Belém con esa misma exigencia, fue reprimida por la policía local.

La nota del evento, sin embargo, la dio la ausencia de Donald Trump, quien llevó hasta el extremo su negacionismo climático. El principal responsable histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero que están incendiando el planeta decidió abandonar las políticas de mitigación y adaptación, y duplicar los subsidios al fracking en Estados Unidos.

La movilización global contra el cambio climático logró instalar la problemática y forzar a los gobiernos a tomar medidas, aunque parciales, que apenas han ganado algo de tiempo frente al colapso.

Está claro que solo la clase trabajadora, junto con los movimientos socioambientales y los pueblos originarios, podrá avanzar en la articulación de una estrategia capaz de enfrentar no solo las consecuencias, sino las causas de la catástrofe: un sistema capitalista que destruye el planeta en nombre de la ganancia.

La única salida real pasa por gobiernos de las y los trabajadores que tomen medidas de fondo hacia una planificación socialista, única vía para evitar la catástrofe que nos amenaza.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El diputado radical Atilio Benedetti, de la UCR de Entre Ríos, presentó en el Congreso un proyecto redactado al servicio del agronegocio y apoyado por diputados libertarios, macristas y peronistas, con el respaldo de corporaciones como la Sociedad Rural (SRA), las bolsas cerealeras y Monsanto. El nombre del proyecto es engañoso: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios”. Lejos de proteger el ambiente, su verdadero objetivo es legalizar fumigaciones con agrotóxicos a solo diez metros de zonas pobladas.

El único bloque que rechazó de forma unificada este proyecto fue el Frente de Izquierda Unidad. Nuestro compañero Juan Carlos Giordano lo denunció en la comisión donde comenzó el debate parlamentario y exigió que se escuche a las víctimas, asambleas socioambientales y científicos que denuncian desde hace años el modelo de producción basado en agrotóxicos.

La periodista Anabel Pomar, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Exaltación de la Cruz, explica cómo se ocultan las consecuencias del agronegocio. Para eso cita una frase que se hizo popular: “Es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y nosotros acá podríamos extender la idea al conjunto de la realidad argentina: “Es imposible que los gobiernos reconozcan que están envenenando al pueblo si el pago de la deuda externa depende de eso”.

El modelo sojero transgénico que impulsó Monsanto comenzó hace 30 años. Desde entonces, las fumigaciones se transformaron, por un lado, en la principal fuente de ingreso de dólares para pagar la deuda externa, garantizando ganancias millonarias para las corporaciones del campo y la exportación, especialmente hacia China. Por otro lado, convirtieron al país en un Chernóbil silencioso, un desastre sanitario del que no se habla y que los gobiernos ocultan para proteger el negocio sojero.

En los primeros 22 años del paquete tecnológico Roundup (que incluye el glifosato, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), la superficie cultivada creció un 50% a costa de desmontes y destrucción ambiental. Pero el dato más grave es otro: el uso de agrotóxicos aumentó un 858%. Ningún gobierno quiso medir las consecuencias sanitarias. Sin embargo, distintos estudios demuestran un aumento alarmante de cáncer, problemas respiratorios, abortos espontáneos y malformaciones. Uno de los más conocidos es el trabajo del médico Medardo Ávila-Vázquez (2017) en Monte Maíz, Córdoba. Allí se concluyó que “la incidencia de cáncer, la prevalencia y la mortalidad fueron entre dos y tres veces mayores que el promedio nacional”.

El proyecto que hoy discute el Congreso legaliza el avance de las fumigaciones y elimina conquistas logradas en luchas locales que establecieron zonas de resguardo para escuelas y viviendas rurales. Propone fumigar con veneno a 10 metros con mochilas manuales, a 40 metros con drones y a 150 metros con aviones. Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario. El estudio encabezado por Natalí Bernardi (2015) en Marcos Juárez demostró que no hay diferencia en los daños genéticos y respiratorios en niños que viven a 500 metros o a 1.500 metros de las zonas de fumigación. Es decir: el veneno viaja y envenena igual.

Digamos las cosas por su nombre: el proyecto impulsado por Benedetti, la Sociedad Rural y el gobierno es una licencia para matar a la población rural, en especial a los niños y a las y los trabajadores del campo. Este proyecto no debe pasar. Tenemos que fortalecer la organización y la lucha para frenarlo en las calles y en el Congreso.

Escribe Nicolás Núñez, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En los últimos días se viralizaron imágenes de especies muy particulares, provenientes del fondo del mar argentino, a la altura de Mar del Plata. Batatita, la estrella de mar culona, la langosta drag y otros personajes similares llenaron las redes sociales acompañados de una reivindicación del Conicet y de la ciencia argentina.
Sin embargo, el nombre de la expedición revela un trasfondo más complejo: Talud Continental IV. Las tres exploraciones anteriores (I, II y III) se habían hecho con infraestructura nacional. Esta cuarta expedición sólo fue posible gracias al apoyo del Instituto Oceanográfico Schmidt, con base en Estados Unidos. A pesar de ello, los 27 científicos y científicas que integraron la tripulación del buque Falkor Too se formaron en la educación superior pública argentina y muchos hoy trabajan en universidades nacionales. Lejos está, entonces, de tratarse de un producto exclusivo de la “inversión privada”, como intentaron hacer creer algunos referentes libertarios.
La realidad es que la motosierra de Javier Milei, sumada a un ajuste prolongado sobre el sistema científico argentino durante los últimos gobiernos, destruyó la capacidad del país para recolectar soberanamente información sobre las profundidades de su propio territorio. Esto plantea un interrogante: ¿el Instituto Schmidt podría apropiarse de parte de las muestras recolectadas? ¿Tiene la capacidad de realizar un mapeo detallado de nuestro fondo marítimo? De ser así, podría incluso aportar información estratégica para avanzar con la explotación de combustibles fósiles.
Pese a esta situación, los libertarios salieron a instalar que se trataba de una campaña británica para generar empatía con las especies del fondo del mar y frenar la explotación offshore. Un argumento ridículo que incluso acusó al kirchnerismo de estar detrás de esa maniobra. Pero lo cierto es que fue el Frente de Todos, durante su gestión, quien promovió el desembarco de multinacionales en el Mar Argentino. El entonces ministro de Ambiente, Juan Cabandié, habilitó el ingreso de YPF, Equinor y Shell sin contar con estudios serios de impacto ambiental y desoyendo el masivo rechazo popular.
Tras analizar los resultados de la exploración sísmica autorizada por el gobierno peronista, la empresa Equinor decidió pausar el proyecto por considerar que la inversión no garantizaba rentabilidad. Hoy, tanto los libertarios como los kirchneristas insisten en que YPF retome la exploración, bajo la misma lógica que se aplica en Vaca Muerta: que el Estado subsidie las ganancias de las petroleras y de los accionistas privados. Con dinero público, buscan avanzar sobre el conjunto de la biodiversidad que habita el mar Argentino y sobre los servicios ecosistémicos que este brinda.
No se trata solo de batatita y sus compañeros submarinos. Está en juego el futuro de las actuales fuentes laborales e ingresos de la costa argentina (como la pesca y el turismo), el derecho del pueblo a disfrutar del mar, y la necesidad de evitar una catástrofe ambiental en nombre de un negocio ruinoso. También está en juego la defensa de la ciencia: necesitamos derrotar la motosierra de Milei sobre el sistema científico nacional. Solo así nuestras investigadoras e investigadores podrán contar con salarios dignos y con los recursos necesarios para trabajar al servicio del interés colectivo.