La diputada Graciela Calderón presentó, desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, un proyecto en repudio al secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, que sostuvo públicamente que se deberían dejar sin efecto las acusaciones y juicios contra Isabel Perón, vinculadas a la represión y persecución de trabajadores y estudiantes en el período que gobernó, luego del fallecimiento de Perón.

Presentó este proyecto de declaración para que la legislatura provincial repudie tales dichos y accionar de Piumato, adjuntando en su totalidad el comunicado elaborado por la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata.
 
No sorprende que la burocracia sindical tenga este tipo de posturas, dejando en claro que no son representantes de las y los trabajadores, ya que buscan lavarle la cara al gobierno peronista de Isabel que posibilitó el accionar de la Triple A y la CNU, dejando un escenario represivo propicio para lo que se llevaría a cabo luego la dictadura militar del ´76.

La misma burocracia sindical que hace poco avaló el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, totalmente perjudicial para nuestro pueblo.

¡Justicia por lxs compañerxs que fueron víctimas de represión y persecución!
¡Condena a cada unx de los responsables!

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su repudio y rechazo el accionar de Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, que al pedir el regreso de Isabel Perón a la Argentina y solicitar que queden sin efecto las acusaciones en su contra, intenta encubrir la responsabilidad de la ex mandataria en los asesinatos y persecuciones de trabajadores y estudiantes durante los años 1974 a 1976

FUNDAMENTOS

El 3 de febrero del 2022 Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, expuso sus intenciones de presentarse ante la Justicia para dejar sin efecto las acusaciones en contra de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón y permitirle el regreso al país de forma completamente impune. Ante este hecho, citamos la declaración pública que emitió la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, repudiando de forma categórica el accionar y los dichos de Piumato, con la cual acordamos plenamente: .

“Desde la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, repudiamos el nuevo intento encubridor de Julio Piumato, Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, que negando el asesinato de estudiantes y trabajadores, entre ellos judiciales, durante los años 1974 a 1976, intenta desresponsabilizar nuevamente a la ex presidenta Isabel Martínez de Perón. Piumato, en un escrito laudatorio oculta que en su gobierno se violaron los derechos humanos, autorizando a las fuerzas armadas, policiales y parapoliciales a torturar, secuestrar y ejecutar sin juicio a quienes se sospechaba de subversivos. Su ministro de Bienestar Social, José López Rega, considerado virtual primer ministro, fue jefe de la organización criminal Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón, la Triple A fue incrementando su accionar mortífero. Se calcula que en dos años y medio estos grupos fascistas asesinaron alrededor de 3000 personas.
Llegar a procesar a miembros de la Triple A y de la CNU en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en La Plata, después de tantos años de impunidad ha sido consecuencia de la lucha de familiares y compañeras y compañeros de las víctimas y las abogadas y abogados que sostuvieron demandas de memoria y justicia. Encontrarnos que hoy alguien argumente el retorno y olvido de la comisión de crímenes aberrantes con el argumento encubridor de que es una pobre mujer de 91 años que no puede retornar a su país es una nueva afrenta a nuestras familias, compañeras y compañeros, asesinados por el Terrorismo de Estado.
Y finalmente repudiamos la reiteración de la complicidad desde ámbitos de la CGT, que en los años de plomo de la dictadura genocida señalaba y entregaba obreras y obreros que no aceptaban el poder mafioso de la CGT ni los planes de terror de los militares.

Por todxs y cada unx de las victimas de la Triple A y la CNU, NO DEJAREMOS DE LUCHAR POR LA JUSTICIA Y LA CONDENA A TODXS Y CADA UNX DE LXS RESPONSABLES DIRECTXS, ENTRE ELLOS ISABEL MARTINEZ DE PERÓN.

Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata”

Por lo antes dicho, desde nuestra bancada solicitamos a los demás bloques y diputados adherir a este proyecto de declaración.

Concentramos a partir de las 17 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar desde las 18 a Plaza de Mayo

Para repudiar el pacto del gobierno del Frente de Todos con el Fondo Monetario, el plenario realizado en Parque Lezama entre distintas organizaciones políticas sociales, de trabajadores, el sindicalismo combativo y organizaciones de derechos humanos resolvió convocar a una nueva movilización amplia y unitaria a Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. La marcha se hará este 8 de febrero y es parte de un plan de lucha nacional que le da continuidad a la multitudinaria marcha y acto en Plaza de Mayo del pasado 11 de diciembre convocada por más de cien organizaciones.

El acuerdo con el FMI y la salud

La falta crónica de personal, la ruina edilicia de los establecimientos y la pobreza de avances tecnológicos ya existían antes de que la pandemia los pusiera dramáticamente en evidencia y los multiplicara al infinito. Hoy se suma la sobre-exigencia laboral de los y las trabajadoras de salud causada no solo por la presión de la pandemia sino también por la sobredemanda hospitalaria originada por quienes abandonan sus prepagos por no poder afrontar las cuotas y por quienes se ven forzados a dejar las obras sociales por quedar en la calle. Finalmente, para completar el cuadro de la crisis estructural del sector salud, tenemos el empeoramiento de las condiciones de trabajo y, sobre todo, los bajísimos salarios que pierden cada día más frente a la inflación.

Para mejorar esta situación hace falta mayor presupuesto, y el acuerdo con el FMI es exactamente lo opuesto. Los organismos internacionales buscan recortar los "gastos sociales", es decir, salud, educación y jubilaciones. Va a haber menos plata para salud, menos fondos para completar los planteles, para arreglar los hospitales, para renovar la tecnología, para satisfacer la mayor demanda originada por los desocupados y cuentapropistas empobrecidos, para mejorar las condiciones de trabajo y para aumentar los sueldos. Va a haber más crisis sanitaria y más explotación de las y los trabajadores de salud.
Los dirigentes sindicales del sector como SUTECBA, ATE, UPCN, FATSA y otros, que debieran estar a la cabeza de esta lucha, miran para otro lado o emiten solo declaraciones como la CTA autónoma

Por esas razones te invitamos a que vengas a la movilización junto a Salud en Marcha y el Frente de Izquierda. Vamos a repudiar este acuerdo esclavizador y a luchar por todas las demandas del sector salud.

Te esperamos en Avda de Mayo y 9 de Julio a las 18hs

Salud En Marcha

Este martes desde Avenida de Mayo y 9 de Julio se marchará a Plaza de Mayo. Convocan el Frente de Izquierda Unidad junto a centenares de organizaciones, entre ellas el sindicalismo combativo.

El diputado nacional electo por Izquierda Socialista FIT-U, Juan Carlos Giordano, señaló: “El gobierno nacional acaba de pactar con el FMI el reconocimiento de la deuda de Macri a pesar de que esa plata fue a la bicicleta financiera. No se trata de ninguna deuda, es una usura fenomenal como toda la deuda externa. Por eso decimos 'las estafas no se pagan'. Todo se agravará con los nuevos tarifazos, el robo salarial y jubilatorio, más inflación, saqueo y contaminación, sometimiento y dependencia”.

Giordano, finalizó: “No es cierto que no había otro camino posible. Hay una salida. La que proponemos los luchadores y la izquierda. Hay que dejar de pagar esa deuda usurera para combatir el hambre y la pobreza, construyendo 500.000 viviendas populares para dar trabajo genuino. Y el camino para imponerlo es la lucha y la movilización. Para eso marchamos este martes junto a más de cien organizaciones y el sindicalismo combativo como parte de un plan de lucha nacional.”

Contactos:
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo
Prensa de Izquierda Socialista: 1160540129 @PrensaIzquierda

El 4 de febrero decenas de personas comenzaron a llegar a distintos hospitales de municipios del Gran Buenos Aires sin poder respirar, en estado de coma o ya fallecidos. Horas después los médicos descubrieron que estaban envenenados por cocaína adulterada.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, Izquierda Socialista/FIT Unidad

En menos de 24 horas habían fallecido por esta masacre narco más de 20 personas, casi 100 estaban internadas y muchas en terapia intensiva. Más allá de todas las operaciones mediáticas del gobierno, la policía, los ministros de seguridad de la nación (Aníbal Fernández) y de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni), para desviar y confundir sobre las verdaderas causas de esta masacre, se supo que se estaba vendiendo cocaína adulterada, causando una parálisis respiratoria y coronaria casi inmediata.

Aparentemente se habría hecho correr la voz de que se estaba vendiendo muy barato el sobre de dos (2) gramos de cocaína en un búnker de Puerta 8, Hurlingham, que se suele vender en Gran Buenos Aires a $6.000. La cocaína adulterada rápidamente llegó a más de 8 municipios, donde se registraron muertes e internados. No se sabe cuántas dosis de esta cocaína se repartieron ni hasta dónde llegó. Por eso no se pueden descartar nuevos casos.

Esta masacre, en sectores populares y pobres, ha desnudado de manera dramática la magnitud y la gravedad de las adicciones en nuestra sociedad y el impresionante negocio capitalista del narcotráfico en Argentina y en el mundo. Este negocio entrelaza las mafias integradas por funcionarios, policías, jueces, empresarios criminales; el abandono de los gobiernos patronales a los adictos y a sus familias, y la política cómplice de los gobernantes con el narcotráfico.

El propio Berni declaró que diariamente, sólo en el Gran Buenos Aires, se reparten 200.000 dosis de cocaína que, a 6 mil pesos cada una, generan 1.200 millones de pesos por día. Ese es el tremendo negocio narco del que son parte y defienden policías, funcionarios y jueces.

Estos números muestran que millones de personas de todos los niveles sociales consumen y que son los más pobres los que más riesgo corren, ya que mientras más adulterada y “cortada” está la cocaína, más barata se vende. Consumen una porquería que, en su máxima expresión, representa el “paco”, que se hace con los restos de toda la cocaína cocinada y adulterada y tiene un poder de destrucción física indescriptible.

Más allá de los verdaderos motivos por lo que se haya vendido esta cocaína adulterada, lo cierto es que unos asesinos han jugado con la vida de millones de consumidores, causando una masacre que debe ser investigada y castigados todos los responsables, de todos los niveles. Y en la investigación deben participar sectores independientes de los jueces y la policía (muchos sospechados de estar comprometidos con el narcotráfico), como los familiares de los muertos.

Berni y Aníbal Fernández tratan de tirar la pelota para otro lado, peleándose por si hay que aconsejar “tomar de la buena” (Fernández) o “legalizar el consumo” (Berni), tratando que la investigación de esta masacre pase al olvido y no haya clarificación ni castigos. O atrapando al tal “Paisa”, responsabilizándolo de todo y, encima, “expulsándolo a Paraguay”, como parte de un pacto de silencio. Mientras los dirigentes macristas de Juntos como Vidal o Bullrich, tratan de sacar rédito de esta masacre queriéndonos hacer creer que “ellos sí combatieron a los narcos” ¡Caraduras!

A ninguno de ellos les interesa desmantelar estas mafias de narcos que generan fabulosas ganancias, millones de consumidores y adictos, empujan a la marginalidad y a la delincuencia a jóvenes, muchos desesperados por volver a consumir. Ni les interesan las familias que destruyen sus vidas por las adicciones de algunos de sus integrantes.

Todos escuchamos a la madre que tenía su hijo internado denunciando que desde los 14 años era adicto, que ahora tiene 41 años y que nunca tuvo apoyo de los gobiernos para curarlo. Que no hay lugares para internar y tratar la adicción para superarla. Que la policía le decía que, si delinquía, robaba o agredía, ahí sí lo podían detener y ver si lo enviaban a algún sitio para delincuentes adictos. ¡Una barbaridad!

Hay lugares para internarse y superar las adicciones, pero son privados y carísimos. Palito Ortega le financió a Charly García su internación, de donde salió luego haber entrado casi muerto. O el músico Chano, que se trata en un centro de adictos privado y carísimo.

Las adicciones son enfermedades terribles, pero pueden ser superadas. Para eso hay que exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández que sean consideradas como enfermedades públicas. Por eso debe haber lugares de internación gratuitos en manos del Estado que sean parte del sistema de salud pública. Hay que hacer verdaderas campañas de prevención, de clarificación y ayuda para evitar entrar a las adicciones, sobre todo para los jóvenes y sectores populares, principal centro de captación de los narcos.

Con la ilegalidad de la venta y distribución de drogas, no hay estadísticas públicas y oficiales sobre las personas que consumen y adictos y no se puede hacer un plan de salud pública científico para curarlas. Dejando claro que combatimos que jóvenes o trabajadores caigan en cualquier tipo de adicciones, sostenemos que la legalización sería un paso muy importante para ayudar a superarlas y desmontar el negocio de las mafias de narcos, policías, funcionarios, jueces, que viven de la ilegalidad y la convierten en uno de los mayores negocios del capitalismo, a un enorme costo en muertes y penurias sociales.

Llamamos a todos a apoyar a las familias víctimas de esta nueva masacre narco y exigir la clarificación, investigación y castigo de todos los responsables.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Las escalofriantes muertes por consumir droga envenenada en el conurbano o los crímenes diarios en Rosario a manos del narcotráfico, reabrieron el debate sobre cómo combatir de fondo a este flagelo que hace estragos. Sabemos que cuando se habla de narcotráfico y drogas incluye varias aristas, desde el negocio capitalista que implica, la criminalización y el tema salud pública. Desde Izquierda Socialista lo abordamos globalmente. Por eso es que, además de repudiar la complicidad con los narcos de los gobiernos de turno como el peronista actual y el anterior macrista, las fuerzas represivas y los jueces; exigir que vayan a la cárcel los capos y no los perejiles, y que se aborden las adicciones desde el ángulo de la salud pública, decimos que la legalización de las drogas permitiría combatir el problema de fondo, terminar con las mafias y abrir el camino para tratar las adicciones desde el hospital y no desde la cárcel, algo que no ocurre.

Sabemos que la propuesta de legalización puede para ser rara o crear confusión de que podría “fomentar el consumo”. Pero busca lo opuesto. Lo único cierto es que lo que muestra tanto lo que pasa en Argentina como en el mundo, es que el prohibicionismo viene causando estragos, salvando a las mafias criminales y provocando masacres como la que estamos viendo.

La legalización de todas las drogas es para combatir a las mafias y a sus crímenes, en primer lugar, sacándoles el gran negocio capitalista que hacen con la ilegalidad, y a su vez reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por adicciones. La legalización y regulación por parte del Estado es lo que terminaría con la terrible red clandestina que produce sustancias sin controles y venenosas, genera violencia, inseguridad y muertes.

El hijo del capo del cartel de Medellín colombiano Pablo Escobar, asesinado en 1993, dijo recientemente que su padre pudo tener el poder que tuvo y hacer lo que hizo por los beneficios de la ilegalidad. Es que el prohibicionismo y la ilegalidad, además de asegurar grandes ganancias a las mafias y grandes empresarios que lucran con el narcotráfico, ha llevado a emprender políticas represivas que han sido un rotundo fracaso. Se persigue a los perejiles y consumidores, no a los capos narcos. Solo el 1% de las causas federales en Argentina apuntan contra algún narco.

Una prueba extrema de lo que apareja la prohibición ocurrió en Estados Unidos cuando en 1920 impusieron la “ley seca”, que prohibía las bebidas alcohólicas. Esto posibilitó el tráfico ilegal y las bandas criminales, como se ve en las películas de la época. El consumo de alcohol, por el contrario, ascendió, con el agravante de que las mafias lo fabricaban adulterado y altamente tóxico. El mercado negro creció, encareció su precio y se incrementó la demanda de drogas. Las mafias (como la del famoso Al Capone) se multiplicaron, dando paso a la violencia, crímenes y corrupción. Todo esto se ha reflejado en novelas y en el cine con recordadas películas como Los Intocables o El Padrino. Pero a pesar del fracaso de la Ley Seca (la cual se terminó anulando en 1933) se siguieron utilizando como hasta ahora los mismos argumentos para justificar la prohibición de las drogas. Precisamente porque muchos capitalistas sustentan sus descomunales ganancias con el “valor agregado” que otorga la clandestinidad, siendo el narcotráfico después del tráfico de armas el negocio capitalista más rentable del mundo, encabezado por Estados Unidos, los cuales usan sus enormes fondos además del lavado de dinero en paraísos fiscales para comprar gobiernos, jueces y policías. Porque cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de un negocio capitalista mundial muy lucrativo. Y la ilegalidad es la forma en que se cobija.

¿Qué sería legalizar las drogas? Que toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo pase a ser legal. Es decir, transformarla en una actividad más dentro de las reglas del mercado. Esto implica que paguen fuertes impuestos, su sometimiento a controles de salud pública, que tengan trabajadores en blanco y con derecho a sindicalizarse. Como se ve, no significa para nada fomentar el consumo de drogas (como tampoco los socialistas fomentamos el consumo de cocaína o cualquier otra droga, ni de tabaco o alcohol) como a veces se quiere hacer creer.

No solo lo decimos nosotros. Sectores conservadores del pensamiento económico que nada tienen que ver con la izquierda, han dado argumentos contundentes sobre los beneficios de la legalización. El Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006, afirmaba: “La única gente que puede sobrevivir en ese negocio declarado ilegal son las bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería.”

La legalización no sólo desplazaría a las mafias. También haría que las drogas pasen a ser un problema de salud pública. Exigiendo a los gobiernos que hagan campaña permanente educando sobre los riesgos de consumir y tratar plenamente las adicciones, poniendo plata y presupuesto suficiente a tal fin. A su vez, exigimos desarrollar políticas preventivas para evitar abusos, rehabilitar a los adictos, reducir los riesgos y daños en el uso de sustancias, generando consumos responsables. Las obras sociales deberían incluir el tratamiento contra las adicciones bajo un estricto control estatal.

La regulación de la producción y distribución por parte del Estado permitiría además determinar qué es lo que se consume y que no, y que aquellos que sufren adicciones reciban tratamiento adecuado en el sistema de salud pública, no dejar librado a que hoy la juventud caiga en manos de los narcos como consumidores o soldaditos del narcomenudeo.

Hoy millones son empujados a consumir compulsivamente, en especial jóvenes hundidos en la pobreza y marginalidad sin futuro, como si fuera la única manera de sobrellevar la tremenda frustración que les impone este sistema capitalista depredador. En vez de levantar una salida de fondo, los distintos gobiernos capitalistas y sus planes económicos de hambre y pobreza empujan a que miles sean víctimas del negocio de la droga, como dealer de los verdaderos narcos, a quienes les pagan miseria, los que terminan en la cárcel mientras los capos siguen en la impunidad. Cosa que si hubiera empleo y buenos salarios, esto no ocurriría, ya que se les sacaría esa mano de obra barata a los verdaderamente narcotraficantes.

La propuesta de legalización, en definitiva, la sostenemos en el marco de la lucha por terminar con todos los males capitalistas, peleando por una sociedad socialista donde no haya explotados ni oprimidos.