Al día siguiente de la reciente masacre, una orden judicial permitió secuestrar 15.000 dosis de cocaína. ¿Desde cuándo existía esta información? No caben dudas que los políticos patronales, las fuerzas policiales y la Justicia participan del dinero sucio que el narcotráfico recauda.

Recordemos cuando, en las elecciones de 2015, entre los candidatos peronistas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández y Julián Domínguez (hoy ministros de Alberto Fernández), se acusaban sobre quién era más encubridor. “Hablan de cómo combatir el narcotráfico, que empiecen por no comprarle droga a los transas”, decía Fernández, implicado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez por comercio ilegal de efedrina.

El ex intendente radical de Paraná entre 2015 y 2019, Sergio Varisco, fue condenado en diciembre de 2019 a seis años y medio de prisión como “partícipe necesario” de comercialización de estupefacientes, 317 kilos de marihuana, traídos en avioneta desde Paraguay, dinero con el cual se hacía financiar su campaña electoral.  “La intendencia era un bunker narco”, se decía.

Danna Báez, dirigente de Cambiemos de Misiones, fue presa en el estado brasileño de Paraná por “tráfico ilegal de estupefacientes” al encontrarse cinco kilos de cocaína en su poder.

En el año 2016, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quedó salpicado con una causa vinculada al narcotráfico luego de que cinco funcionarios de la Ciudad fueran procesados por la muerte de 5 personas en la fiesta Time Warp, de Costa Salguero, por consumo de estupefacientes.

Otros antecedentes datan de 2018. Altos mandos de la Policía Bonaerense plantearon que las ratas se habían comido media tonelada de marihuana para explicar la desaparición durante la custodia. En tanto, en la provincia de Salta, se descubrió que 50 kilos de cocaína se habían convertido en 60 kilos de yeso, cargamento había sido secuestrado previamente por gendarmería.

Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, se encuentra procesado como líder de una asociación ilícita que exigía dinero a cambio de favores judiciales para los narcos. Bento no es la excepción. El fiscal Claudio Scapolan (estuvo a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro) fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a robar cargamentos de estupefacientes y de extorsionar a familiares de narcotraficantes. Se calcula que se apropió de 500 kilos de cocaína. Y así sigue la lista.

Claudio Funes

Escribe Pili Barbás, dirigenta de Ambiente en Lucha

El 4 de febrero se realizó a nivel plurinacional el tercer atlánticazo, organizado por la Asamblea de Mar del Plata (Mar libre de Petroleras) e impulsado en todo el país por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones contra la instalación de la off shore Equinor en nuestro mar.

Esta jornada tuvo un salto en la organización socioambiental que fue su reflejo a nivel internacional: el  #Oceanazo. Después de varias noticias en las últimas semanas sobre derrames de miles de litros de petróleo en otros varios puntos del planeta, como en Perú, en un yacimiento de Repsol, o en Ecuador, que dejó daños incalculables al ecosistema, se volvió urgente la necesidad de ponerle un freno a estas políticas extractivistas a nivel mundial. Es así que esta jornada tuvo el nombre de #Oceanazo, una iniciativa que se promueve en más de treinta países del mundo, como Perú, Ecuador, Tailandia, Brasil, México, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, Egipto, España, Portugal, Serbia, Ucrania, Países Bajos, Alemania, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y otros.

Esta jornada de lucha internacional deja en claro, por una lado, que la instalación del proyecto de exploración sísmica en el mar argentino es parte un proyecto global de extractivismo por los países imperialistas para el saqueo de nuestro recursos, y por otro lado, que no hay ninguna posibilidad de que la instalación de petroleras en nuestro mar argentino sea sin contaminación y riesgos , como quiere hacer creer el gobierno nacional de Alberto Fernandez, junto a Cabandie y Kulfas en varias declaraciones.

Este plan extractivista está totalmente enmarcado en un plan sistemático del gobierno nacional por la explotación de nuestro recursos, para conseguir los dólares para seguir pagando la deuda externa, y mostrarle un visto bueno al FMI.
Seguiremos impulsando la movilización del #Oceanazo en nuestro país junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y, a nivel internacional,  contra todo plan extractivista de los gobiernos.
    

Desde hace varios días hay múltiples focos de incendio en diferentes localidades de la provincia de Misiones. Avanzan descontroladamente en Oberá, Salto Encantado, Leandro N. Alem, Montecarlo, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Campo Ramón, Garuhapé, San Pedro, El Alcázar y Andresito. “En líneas generales, toda la provincia está en llamas”, afirmaron desde la  Federación de Bomberos Voluntarios.

El origen del desastre se encuentra en la sequía y las altas temperaturas que afectan la provincia, que suele tener uno de los promedios de lluvias más altos del país. Los expertos destacan que no se veía una situación así desde 1945. De hecho, los primeros focos de incendio aparecieron en noviembre y se empezaron a generalizar a partir del 20 de diciembre, llegando a su máxima extensión esta semana. Anteriormente no había sucedido que se dieran incendios de esta magnitud, mucho menos que llegaran a afectar a los bosques nativos.

Una de las claves del porqué de los incendios es el interminable desmonte del bosque nativo para la industria forestal: el “hotel verde” como lo vende la provincia, se ha transformado en interminables plantaciones de pinos, eucaliptos, kiris y cedros australianos, todas especies exóticas. Los incendios suelen comenzar en estas explotaciones forestales y se esparcen hacia los cada vez más escasos bosques nativos misioneros.

La sequía, las temperaturas récord y los fenómenos de este tipo no son una casualidad ni un mero accidente. Son una demostración más de que el capitalismo imperialista está destrozando el planeta. En nuestro país, el saqueo de los recursos, en particular el agua, y la desertificación, nos van llevando a este desastre. Mientras tanto, nuestros máximos reservorios de aguas, los humedales, siguen bajo amenaza, mientras el gobierno de Fernández dejó caer en el Congreso la ley que se planteaba protegerlos.

Incendios como el de Misiones son un  motivo más para seguir movilizados y que continúe creciendo el gran movimiento que se está gestando en defensa del ambiente.

Escribe Mercedes Trimarchi Legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La cifra de femicidios y trans-travesticidios registrada por el Observatorio Ahora que sí nos ven desde el 1 al 31 de enero de este año da cuenta de unos 28. Es decir, uno cada 27 horas, de los cuales el 60% se dieron en la vivienda de la víctima. Al menos unas 22 niñas y niños perdieron a sus mamás como consecuencia de la violencia machista más extrema en el primer mes de 2022. Esta cifra se mantiene “estable” desde el 2015, demostrando el fracaso de las políticas de todos los gobiernos en relación a la violencia de género. Alberto Fernández no es la excepción, ya que lejos del relato oficial y su doble discurso, los números hablan por sí mismos y dan cuenta de que el patriarcado no terminó.

Actualmente las políticas destinadas a las mujeres, trans y travestis que sufren violencia de género son centralmente dos, el programa Acompañar, y los dispositivos habitacionales conocidos como refugios para los casos más extremos y judicializados. El primero consiste en otorgar un subsidio a las víctimas solo por seis meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil (actualmente calculado en $33.000). En relación a los refugios, hogares y casas de medio camino, actualmente hay alrededor de 150 estatales y 50 de la sociedad civil, según lo confirmó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en una entrevista al diario Página/12 el 25 de noviembre de 2021. Ninguna de las dos medidas es suficiente para dar una respuesta acorde a las necesidades de las víctimas de violencia de género.

El acuerdo con el FMI va en contra de las demandas de las mujeres y disidencias.

El presupuesto destinado para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en 2021 fue subejecutado. Y el proyectado para 2022 conlleva un recorte en términos nominales, que el propio Martín Guzmán y la especialista en temas de género del Ministerio de Economía, Mercedes D’alessandro no pudieron ocultar cuando fueron al Congreso en diciembre pasado a explicar los números. Es evidente que, como ahora, en aquel momento la prioridad del gobierno peronista fue pagar la deuda externa a costa de las demandas de las mujeres y disidencias, principales víctimas de la violencia machista de esta sociedad capitalista y patriarcal.

El acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI es un nuevo ajuste al conjunto de la clase trabajadora, y en especial para las mujeres y disidencias, que ya somos las más pobres entre los pobres. Desde Isadora y como parte del movimiento feminista nos pronunciamos por el no pago de la deuda externa, y decimos que las estafas no se pagan. Exigimos que todo ese dinero (y estamos hablando de millones de dólares) se destine a combatir la violencia de género y otras demandas de las mujeres y disidencias, porque la deuda es con nosotras y nosotres.

Escribe Pili Barbás, dirigenta de la Juventud Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se plantea la vuelta a la presencialidad, pero sin ninguna de las condiciones para garantizar la infraestructura que requiere la actual situación sanitaria, ni los medios para revertir la deserción que se produjo este año. Por el contrario, el presupuesto universitario se redujo para cumplir con las exigencias del FMI.

Desde la semana pasada empezaron a volver paulatinamente las clases presenciales en las universidades. Las mismas se dan en el marco de los cursos intensivos de verano, como también los cursos de ingreso. En algunas universidades todavía la modalidad es cursada mixta, entre presencial y virtual, hasta marzo.

En estos dos años de pandemia, en su mayoría las universidades permanecieron cerradas, y la modalidad de cursada fueron las clases virtuales, lo que provocó que miles de jóvenes se quedaran sin poder cursar por la falta de conectividad.

Ahora, ante nuestro inminente regreso a las aulas, nos parece sumamente necesario discutir en qué condiciones volvemos a la presencialidad para que todes podamos cursar. En medio de un acuerdo con el FMI, que irremediablemente representa un ajuste a nivel educativo para 2022, para nosotres como estudiantes es de vital importancia discutir que es necesario un plan integral con presupuesto para acceder a la educación pública.

A nuestros derechos postergados como movimiento estudiantil por todos los gobiernos, como las becas irrestrictas, el boleto educativo nacional, los comedores y las guarderías parentales en las unidades académicas, se le suma este año la necesidad de exigir una beca de alquileres para que les estudiantes que tienen que retornar a sus lugares de estudio puedan hacerlo.

Esto, sin dudas, tiene que ser acompañado de una partida presupuestaria acorde, que también contemple los salarios de nuestros docentes y no docentes, que fueron pulverizados en la pandemia, y profundizada su precarización laboral por la bimodalidad.

En el medio de una pandemia que no terminó, más allá de declaraciones nefastas, como la realizada por la   ministra Acuña promovimiento que no existan más protocolos en las escuelas, sabemos que para volver a una presencialidad segura es necesario que se sigan cumpliendo con los protocolos y las instalaciones estén en condiciones sanitarias para poder cursar. Además de la importancia de que se impulse una campaña de vacunación y concientización de les estudiantes para que todes lo hagan, lo que es de vital importancia para poder cursar.

Como estudiantes tenemos la importante tarea de volver a luchar por todo nuestro pliego de derechos y de pelear contra las burocracias estudiantiles. Tanto de las federaciones universitarias como de los centros de estudiantes, en mano de la Franja Morada y el peronismo en todas sus variantes, en estos dos años dejaron pasar todo el ajuste en nuestros lugares de estudio.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista nos seguiremos organizando ante la vuelta a clases presenciales, para conquistar todos nuestros derechos, exigiendo que se deje de pagar la deuda externa y que esa plata vaya para que todes podamos acceder a la educación pública.