Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El acuerdo con el FMI es malo, muy malo para el pueblo trabajador. Significará un mayor ajuste ya desde este año y en los siguientes. Y se sumará un monitoreo trimestral permanente del Fondo, que exigirá el cumplimiento de las exigencias, aprobará o no cada una de las políticas económicas y amenazará constantemente con que “si no se cumple lo acordado” se cae el acuerdo.

Finalmente se terminaron los “jueguitos” retóricos donde algunos sectores del gobierno hablaban de una posible “ruptura” con el FMI. Tal como era de esperar, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI. Muy lejos, lejísimo, de cualquier idea de que fuera un plan con “inclusión social” o que “garantizara el crecimiento económico”. A pesar de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su breve mensaje, este acuerdo con el Fondo es leonino, como todos los que el organismo les ha impuesto a los diversos países a lo largo de su historia. Como cada uno de los 22 acuerdos anteriores con la Argentina. Esto se desprende tanto de la información que dio el propio ministro Martín Guzmán en su conferencia de prensa, como del comunicado de prensa dado a conocer por el propio FMI.

Los términos del ajuste

Recordemos que, tiempo atrás, desde el gobierno, y en particular desde el kirchnerismo, se hablaba de un acuerdo con el Fondo para pagar la deuda de los 45.000 millones de dólares tomados por Macri “a 20 años”, empezando recién a abonar el capital al cabo de 10 años. Eran puras fantasías. No existe tales plazos en los diversos programas del FMI.

Luego se dijo que, al menos, a la Argentina se la liberara de pagar la sobretasa de 4,5% anual en los intereses generada por la excepcionalidad en el monto del préstamo otorgado en 2018. Se decía que así, por lo menos, el país se ahorraría 1.000 millones de dólares por año de intereses. Tampoco esto llegó nunca siquiera a la mesa de negociación entre el gobierno y el Fondo.

En los últimos días trascendió que el FMI exigía un ajuste durísimo, que llevara a nuestro país a un déficit cero en 2024. Desde el gobierno se decía que eso era “inaceptable”, y que sólo se firmaría si el Fondo se avenía a que dicho déficit se alcanzara recién en 2027. Visto los datos dados a conocer, la trayectoria del ajuste (aunque el gobierno se niegue a usar esta palabra) está mucho más cerca de lo que exigía el Fondo de lo que aceptaba a priori el gobierno en sus dichos.

Según el acuerdo, habrá que llegar al déficit cero en 2025. Para ver lo durísimo que será alcanzar este valor, miremos la trayectoria de lo acordado. El gobierno argentino se compromete a alcanzar un déficit de 2,5% del PBI este año. Para entenderlo: el año pasado se terminó con un déficit de 3%, alcanzado en condiciones excepcionales (récord de exportaciones tanto por las toneladas cosechadas como por el valor de la soja y el maíz, y por lo tanto un monto excepcional de ingresos por retenciones; cobro del impuesto a las grandes fortunas “por única vez”). Es un hecho de que ese número (3% de déficit) era irrepetible para este año. Sin ajustar partidas, ya se arrancaba de una proyección de déficit de 4%. El gobierno aceptaba avanzar a un mayor ajuste, así estaba en el presupuesto y luego fue dado a conocer a los gobernadores en la reunión de enero: 3,3% del PBI). ¡Pero ahora se aviene a ajustar mucho más, hasta un 2,5%! Es imposible sin achicar partidas, con sus consecuencias sociales. El propio ministro no se atuvo a la verdad cuando dijo que este año “no subirán las tarifas” cuando el propio comunicado del Fondo dice lo contrario, al enunciar que en el acuerdo está la reducción de los subsidios a las privatizadas.

Pero lo peor es que, luego del muy fuerte ajuste que se exige para este año, luego se plantea profundizarlo en 2023, llevando el déficit fiscal a 1,9% del PBI; y después al 0,9% en 2024; para arribar al famoso “déficit cero” en 2025.

Para peor, el gobierno se compromete a alcanzar dicho sendero de ajuste con límites muy estrictos de emisión monetaria. Así se compromete a no emitir más allá de 1% del PBI este año (para comparar, la financiación del tesoro nacional con emisión de 2021 fue de 3,7% de PBI). ¿Cómo va a cubrir el resto? La exigencia del Fondo es clara: con mayor endeudamiento en pesos, para lo que requiere además una suba de la tasa de interés hasta llevarla a términos positivos (por arriba de la inflación). Con lo que se encarecerá a niveles astronómicos el crédito popular.
Nuevamente, la exigencia de achicar el financiamiento con emisión continúa y se profundiza en 2023 (apenas se permitirá un 0,6% del PBI), para llegar a directamente la prohibición de financiarse con emisión para 2024.

Como se ve, alcanzar estos resultados sólo es posible por medio de un muy fuerte y, sobre todo, persistente ajuste que empieza ya y continúa los próximos años.

El gobierno plantea que podrá llevar adelante todo esto “creciendo”. No es viable. El programa del FMI es fuertemente recesivo, dadas semejantes limitaciones fiscales (déficit a alcanzar) pero también monetarias (suba de tasa de interés y reducción de la capacidad soberana de emitir moneda).

El monitoreo permanente

El acuerdo consiste en que, ante cada vencimiento a pagar, el FMI contablemente “desembolsa” el monto, en vez de hacerlo la Argentina. O sea, no entra un centavo de plata fresca. Solo el Fondo se paga a sí mismo y le endosa una nueva deuda por ese mismo monto a nuestro país. Así se irían “pagando” los vencimientos de los 45.000 millones de dólares de capital que se adeudan hasta cumplir la totalidad del cronograma en 2024. Claro que, esos “desembolsos” y esa trayectoria estaría atada a revisiones trimestrales que haría el propio Fondo. O sea, a misiones que vendrían al país cada tres meses a inspeccionar si se está cumpliendo con el acuerdo. Por lo que, trimestralmente, estaríamos bajo la espada de Damocles de que al Fondo “no le guste” alguna medida de política económica y entonces amenace con que se cae todo el acuerdo. Así se hará durante dos años y medio, por un total de 10 revisiones (misiones) del FMI. Una virtual intervención sobre la política económica de nuestro país, ya que pasaríamos a tener un “virrey” que definiría que se puede hacer y que no.

¿Y después? El debate sobre las reformas “estructurales”

El gobierno se jacta de que el acuerdo no exige las llamadas reformas estructurales, tales como la flexibilización laboral o modificaciones en el sistema jubilatorio. Todo eso está por verse. Porque al tratarse un programa conocido como “de facilidades extendidas”, la pregunta es que pasa luego de estos dos años y medio que se acaban de anunciar. Al cabo de los cuales, la Argentina sigue debiéndole al FMI los mismos 45.000 millones de dólares que les debe hoy, y, ahora sí, debe comenzar a desembolsar el capital, a razón de casi 10.000 millones de dólares por año (entre 2026 y 2031, porque, como hemos dicho, lo máximo que se estiran los acuerdos del FMI es a 10 años). ¿Cómo se harán esos pagos? ¿Se refinanciarán? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Se seguirán pagando o también se refinancian? Todas dudas que se irán despejando en las próximas semanas, cuando se conozca la “letra chica” del acuerdo (en particular la Carta de Intención que debe firmar nuestro país). Pero, como vemos, todas dudas que ”empeoran” la situación de ajuste en curso. Y donde, una de las formas de resolverlas será que aparezcan, más o menos escondidas, las famosas demandas de “reformas estructurales”.

En síntesis, este acuerdo nos hipoteca el presente y el futuro. Y no resuelve para nada el problema ya histórico del endeudamiento externo de la Argentina, que seguirá creciendo cual bola de nieve. Y que enfrentará, ya en 2025, al final de este sendero de ajuste, la imposibilidad de cumplir con los millonarios vencimientos a los acreedores privados y junto a ello, la de las devoluciones de capital al propio FMI. Es un camino de hambre, decadencia nacional, sometimiento, semicolonización y saqueo de nuestras riquezas. Que terminará en una nueva crisis.

Por eso volvemos a insistir en lo que venimos planteando desde el Frente de Izquierda: la única salida es romper con el FMI, con este siniestro acuerdo que llega después que ya le pagamos 6.500 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos. Al mismo tiempo hay que suspender todos los pagos en concepto de deuda externa y volcar todos esos recursos a resolver las más urgentes necesidades populares.

Alberto Fernández acaba de anunciar un acuerdo con el FMI. También dispuso el pago de los 720 millones de dólares que vencían hoy. Aunque no se dio a conocer el contenido, el gobierno se adelantó en decir que el acuerdo con el Fondo Monetario es “razonable”, que representa una “solución” para el país y que no habrá exigencias de reforma laboral, devaluaciones, déficit cero y no afectará a las jubilaciones y a la obra pública, entre otras supuestas “bondades”. El gobierno apela a esas lindas frases ante millones que esperan alguna buena noticia en medio de la tremenda pandemia y miseria social, diciendo que de ahora en más el país va a salir adelante. Lamentamos tener que decir lo contrario.

Queremos ser claros. No hay, ni habrá nada bueno con el FMI. Ningún problema se va a solucionar, sino que se van a agravar. ¿O acaso con el acuerdo se va a parar la inflación, la pobreza o la pérdida salarial y jubilatoria?

Con este acuerdo no habrá nada “razonable” y no es cierto que no habrá más exigencias y ajuste. De ser así, sería la primera vez en la historia que el FMI firma un acuerdo favorable para un país.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que el acuerdo es un nuevo salto en el sometimiento, el saqueo y la dependencia del país y un mayor ajuste contra el pueblo trabajador. Reconocer y pagar los 45.000 millones de dólares que contrajo Macri para financiar la bicicleta financiera con este acuerdo, además del pago de la deuda anterior de los otros gobiernos, es una aberración absoluta en medio de la pandemia, el crecimiento de la pobreza y la indigencia y la actual pérdida en los ingresos populares.

El acuerdo es una nueva hipoteca para las actuales y nuevas generaciones. Es lo que pasó en todos los pactos que Argentina firmó con el FMI a lo largo de todos estos años bajo distintos gobiernos.

El gobierno dice que no hay compromisos de un mayor ajuste y que están a salvo las jubilaciones. ¿Pero acaso ya no hay un ajuste con la enorme pérdida jubilatoria? ¿Con la quita del IFE y los fondos que se destinaron para la pandemia? En estos años el gobierno peronista del Frente de Todos destinó más plata para pagar la deuda externa que a Salud, Educación o Vivienda. Hasta lo reconoció la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.

Macri nos volvió a endeudar y el gobierno peronista paga. Esa es la pura realidad. Si alguien tenía la esperanza de que este gobierno iba a combatir la herencia macrista, este acuerdo lo vuelve a desmentir.

¿Había otro camino posible? Claro que sí.  Ese camino pasaba por no seguir pagando una deuda usurera y haber usado esos enormes fondos en combatir el hambre, la pobreza, aumentar las jubilaciones y construir 500.000 viviendas populares para dar trabajo genuino. Una medida soberana en defensa del país y de los trabajadores y sectores populares. El gobierno hizo todo lo contrario. 

Por eso el acuerdo tiene el beneplácito del macrismo de Juntos, Milei y Espert, la CGT, la CTA, los movimientos sociales afines al gobierno, los grandes empresarios, bonistas, banqueros y las principales potencias que se van a beneficiar con el mismo.

Con este acuerdo se acabó el doble discurso del gobierno y de todos sus sectores. Fue Cristina Kirchner quien dio el aval y consentimiento para acordar, como lo acaba de reconocer el ministro Guzmán.

Alberto Fernández dijo que ahora hay que “crecer para pagar las obligaciones”. Esto significará una mayor super explotación del movimiento obrero y de la juventud para poder cumplir con los próximos pagos. Con el argumento de que Argentina tiene que “crecer”, el gobierno ha enviado al Congreso leyes donde se le perdonan por décadas impuestos y se le dan enormes beneficios a las petroleras, gasíferas, automotrices y al agronegocio. Un “crecimiento” que de darse, va a ir a parar al bolsillo de esas patronales y multinacionales, no a mayores jubilaciones o a reactivar la economía.

Llamamos a los trabajadores, al sindicalismo combativo y a las organizaciones sociales con quienes nos venimos movilizando y hemos protagonizado la gran marcha y acto el 11D llenando Plaza de Mayo contra el FMI, a repudiar este acuerdo y a seguir haciendo acciones unitarias como parte de impulsar un movimiento nacional unitario que luche para que la plata vaya a salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para el FMI y los usureros internacionales.

El Frente de Izquierda Unidad convoca a todas esas organizaciones a una reunión el próximo lunes 31 a las 18 horas en Parque Lezama para coordinar una marcha y plan de lucha nacional a tal fin.

Izquierda Socialista en el FIT Unidad
28 de enero 2022

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Nos movilizamos el Jueves 27 del Obelisco al Ministerio de Economía a las 10hs

En los próximos días están previstos vencimientos con el FMI que rondan los 1.100 millones de dólares. Es parte del pago del préstamo tomado por Macri por 44.000 millones de dólares, usado en gran medida para financiar fuga de capitales, y que incrementó la deuda tomada por los gobiernos previos.

El gobierno, que desde su asunción ha pagado puntualmente al Fondo y otros acreedores internacionales unos 6.000 millones de dólares mientras aplicó un fuerte ajuste en medio de la pandemia, está negociando contra reloj para llegar a un nuevo acuerdo que le permita sobrellevar esos vencimientos. Dicho acuerdo, según confesó el propio presidente y su ministro de Economía, implicaría un ajuste aún más fuerte que el que se aplicó hasta el momento y el tutelaje colonial del FMI sobre la economía nacional.

Ante esta situación el Frente de Izquierda Unidad plantea con claridad: rechazamos tanto el pago de los vencimientos próximos como todo acuerdo con el FMI que, más allá de cualquier disfraz o disimulo, traerá aparejado más ajuste y un alineamiento político y económico con el imperialismo y el gran capital internacional.

El sometimiento al FMI y el ajuste aplicado ha agravado la crisis en todos los planos. Ahora incluso un sector del gobierno hace correr la versión de que Argentina podría no pagar el próximo vencimiento. Pero esto a lo sumo implicaría una forma de presionar para acelerar el acuerdo con el Fondo, no un planteo para terminar con las ataduras a las que el país está sometido.

Si el gobierno decidiera postergar los pagos lo haría bajo el objetivo de arribar a un pacto con el Fondo lo más rápido posible. Fue lo que hicieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el 2020 con la deuda privada, cuando la postergación unilateral de los pagos fue el preludio de un acuerdo que le entregó a los bonistas un monto adicional de casi 20.000 millones de dólares.

El Frente de Izquierda Unidad denuncia que ninguna fracción del gobierno es partidaria de una ruptura con el FMI y el repudio a la deuda. Sus peleas fraccionales se limitan a formas de ese acuerdo, mientras todos avalan el ajuste en marcha.

Los 1.100 millones de dólares que vencen en los próximos días son solo una parte del saqueo económico y financiero del país. Ya que, como si eso fuera poco y en un contexto de exiguas reservas en el Banco Central, a este dineral hay que sumarle los 692 millones de dólares que el gobierno ya pagó en los primeros días de mes. Además de los 130 millones de dólares que piensan pagar con U$S 68 millones al BID (Banco Interamericano de Desarrollo), más U$S 17 millones al BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), más U$S 45 millones por otras deudas. Así, solo en enero, se evaporan 1.553 millones de dólares que son cruciales para las necesidades sociales, para la salud, el trabajo, los salarios y jubilaciones.

En febrero además, a lo que va para el FMI, hay que sumarle otros US$ 50 millones más para el BID, U$S 4 millones más al BIRF, U$S 195 millones para el Club de París y otros U$S 107 millones para “otros pagos”. Eso totaliza, entre enero y febrero, pagos en dólares por 2.281 millones, los que en pesos equivalen a más de $ 250.000 millones.

Para tener idea de la plata que eso implica, sobraría para multiplicar por cinco las viviendas que el gobierno anuncia construir en la provincia de Buenos Aires, la mayor del país. Con eso se podrían construir 50.000 viviendas populares y generar 250.000 puestos genuinos de trabajo. Así de sencillo: es la deuda o el trabajo, los ingresos y la vida del pueblo trabajador. Desde el Frente de Izquierda Unidad seguimos optando por lo segundo.

Con un Banco Central quebrado y sin reservas para hacer frente a los vencimientos próximos, el pago de la deuda está en la base del saqueo financiero y económico que destruye la moneda y acelera la inflación que opera como un recurso de ajuste para los trabajadores, los jubilados y el gasto social del Estado.

De esta manera y más allá de los discursos, de la supuesta “firmeza” y “valentía” de Fernández y su ministro Guzmán ante el Fondo Monetario, lo cierto es que en este primer trimestre los vencimientos a pagar alcanzan un total de U$S 4.838 millones. Los que se suman a los más de 6.000 millones de dólares de deuda que el gobierno pagó entre 2020 y 2021. Lo reconoció Cristina en su carta, diciendo que este gobierno pagó más de la deuda de Macri que lo que pusieron para combatir la pandemia. Y se paga con ajuste, antes, ahora y hacia adelante. Desde que asumieron vienen haciendo un fuerte ajuste en las jubilaciones con el cambio de movilidad llevándolas a la indigencia,  en los salarios, con sueldos y jubilaciones que “cayeron un 6 por ciento en términos reales en 2021” por la inflación. Y se anuncian nuevos tarifazos con una inflación de más del 50% que es un robo a todos los ingresos populares.

Por otra parte, como ya denunciáramos, la profundización de la histórica caída de los salarios en su conjunto y de los empleados públicos en particular no fue obra de la pandemia, sino una decisión política de este gobierno, avalado por la burocracia de UPCN y ATE al igual que de la CGT y la CTA. Lo mismo que un salario mínimo de indigencia, aprobado por el conjunto de las alas de la burocracia sindical.

Se paga además recortando fuertemente las partidas sociales, al pasar del 6,8% al 4,8% en Salud del total del presupuesto entre el 2021 y el 2022. Con Educación al bajar del 6,7% en 2021 al 6,1% este año, Promoción y Asistencia Social del 5% al 4,7% o Trabajo que pasó del 1,2% en 2021 al 0,8% proyectado para este año, mientras que para Mujer, Género y Diversidad apenas destinan un mísero 0,08% del Presupuesto total (Fuente: Min. Economía, Presupuesto 2022, pág. 138).

A pesar de esto, mientras más pagamos, más debemos. Y así lo reconoció la Secretaría de Finanzas al difundir que la deuda pública bruta total del Estado nacional ascendió, a diciembre del año pasado a U$S 363.362 millones. Por eso lo que la Argentina debería pagar solo al FMI es inadmisible desde todo punto de vista: entre capital e intereses 19.020 millones de dólares este año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024. El acuerdo contemplaría nuevos fondos del FMI para cubrir estos vencimientos a partir de revisiones trimestrales de sus enviados, los que tienen que dar el acuerdo para que se liberen los desembolsos.

Además, entran en vigencia nuevos pagos de la deuda con los bonistas privados renegociada por este gobierno. El crecimiento de la deuda a niveles que superan ya el PBI anual del país es el resultado de la política seguida por todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, que comenzó con el reconocimiento de la deuda tomada por la dictadura y que siguió con un aumento exponencial que abarcó a todos los gobiernos, sin excepción.

Desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio, hasta Milei y Espert, con el aval de los grandes empresarios, las multinacionales y la burocracia sindical, bregan por un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que implicará más ajuste, miseria, dependencia y atraso para el país durante las próximas décadas. Lo mismo pasa con las leyes que se apresta a votar el Congreso en beneficio de las petroleras, el agronegocio y las automotrices.

Como sostuvimos en la crisis abierta en setiembre y en el programa constitutivo del FIT Unidad, decimos claramente que no hay que pagar la deuda externa y desconocer el acuerdo Macri-FMI, volcando esos enormes fondos a salarios, jubilaciones, trabajo, salud y educación. Ni un dólar más al FMI, los bonistas y fondos buitres. Desde el FIT Unidad llamamos al pueblo trabajador y sus organizaciones a rechazar estos pagos previste en enero, febrero, marzo y todo el año. La única deuda a pagar es con la clase trabajadora y los sectores populares.

Junto a este planteo señalamos que es necesaria la nacionalización del sistema bancario para evitar la fuga de capitales y poner el ahorro nacional al servicio de los sectores obreros y populares. Acabar con el oligopolio privado y establecer el monopolio estatal del comercio exterior, como parte de un plan político y económico social dirigido por los trabajadores.

Llamamos a continuar la movilización después de la extraordinaria jornada nacional unitaria convocada desde la izquierda junto a alrededor de 200 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, de la lucha socio ambiental y políticas, contra el pago de la deuda y el FMI del 11 de diciembre que colmó la Plaza de Mayo y demás plazas del país, levantando un programa para terminar con el sometimiento nacional y de defensa de los intereses de la clase trabajadora como el que señalamos anteriormente.

Esto en el camino de impulsar un plan de lucha nacional para imponer una salida obrera y popular y que esta vez la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas, grandes empresarios, los banqueros y terratenientes. Sobre la base de estas consideraciones, el Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad, participará el jueves de la movilización en repudio al pago de la deuda y el acuerdo con el FMI.

FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
Buenos Aires, 26 de enero de 2022

Entre este viernes y la próxima semana el gobierno de Alberto Fernández se dispone a pagar 1.100 millones de dólares al FMI. Es otro pago como parte de la deuda usurera y fraudulenta contraída por Macri.

Distintas organizaciones de la Autoconvocatoria de la Deuda marchan mañana, desde las 10 am, de Obelisco al Ministerio de Economía en repudio al acuerdo y los pagos. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seremos parte de la misma.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-U, quien participará de la marcha, señaló: “Es inconcebible que en medio del crecimiento de la pobreza, los bajos salarios y la pandemia el gobierno siga pagando una deuda usurera y fraudulenta. Esa plata debe ir a salario, trabajo, al personal de salud, educación y vivienda, no al FMI y a los usureros internacionales”.

Giordano agregó: “El gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner critican el endeudamiento de Macri pero vienen pagando religiosamente esa deuda que contra el gobierno anterior a pesar de que los 45.000 millones de dólares se fueron a la bicicleta financiera. Cristina hasta reconoció que el año pasado el gobierno pagó más por la deuda de Macri de lo que puso para la pandemia”.

Juan Carlos Giordano finalizó: “Mañana nos movilizamos. Decimos que ni un dólar más se tiene que destinar a pagar una deuda usurera y fraudulenta. La deuda es con el pueblo trabajador. No al acuerdo con el FMI. Llamamos a impulsar un movimiento nacional unitario por esas consignas como lo hicimos el pasado 11D llenando la Plaza de Mayo entre el FIT Unidad y más de 100 organizaciones sindicales y sociales”.

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Escriben: Jorge Ávila y José “Pepe” Rusconi. Ex trabajadores y delegados gremiales de Propulsora, militantes del PST y de Izquierda Socialista/FIT Unidad

La noche del 13 de enero de año 1976, poco antes del golpe militar del 24 de marzo, fue secuestrado en Ensenada Carlos Scafide, trabajador de Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar/Techint) y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Las bandas fascistas, que nacieron en el gobierno de Juan Perón y luego apañadas por Isabel, fueron los autores de ese terrible hecho. En la madrugada siguiente, ya 14 de enero, el cuerpo de Carlitos apareció habiendo sido salvajemente asesinado.

Carlitos trabajaba en Propulsora Siderúrgica, era un querido compañero y reconocido activista de la camada de luchadores que había echado a la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa fábrica, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente por el sindicato.

Quienes lo conocimos militando en el PST rápidamente nos encariñamos con él porque era un gran tipo, muy querible y popular, no solo para los compañeros del partido y la fábrica, sino también en la comunidad ensenadense.

Cuando lo asesinaron, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como la Masacre de Pacheco y la Masacre de La Plata, convirtiéndose, Carlitos, en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Perón e Isabel.

Bandas fascistas de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y de la Triple A, que se identificaron como personal del Ejército, secuestraron de la casa de su madre a Carlitos. También secuestraron al “Pampa” Delaturi, otro obrero y reconocido activista de Propulsora y a Peláez, un activista del Astillero Rio Santiago.

Su cadáver apareció dinamitado y acribillado. Como respuesta, exigiendo justicia, los trabajadores de Propulsora resolvieron en asamblea parar desde ese miércoles 14 por la mañana hasta el sábado siguiente por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Hubo trabajadores de otras fábricas que se solidarizaron con las medidas de fuerza como Petroquímica Sudamericana de Olmos y Metalúrgica OFA de Villa Elisa. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron 600 trabajadores de Propulsora (aproximadamente la mitad del personal de la fábrica).

En ese acto estuvo José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo” que habló en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

A 46 años del asesinato de Carlitos Scafide, desde Izquierda Socialista, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. La vida y la militancia de Carlitos, truncadas a sus 29 años, son un ejemplo para las nuevas y viejas generaciones de militantes revolucionarios que día a día dedican sus vidas en defensa de la clase obrera y en la lucha por el socialismo.

Carlos Scafide, compañeros asesinados y detenidos-desaparecidos del PST, ¡Presentes! ¡Hasta el socialismo, siempre!