Escribe José Castillo

El presidente ultraderechista Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, mienten descaradamente al decir una y otra vez que “los salarios se han recuperado y están creciendo”. Es una mentira tan obvia que la puede refutar cualquiera con ver cómo se esfuma el ingreso al tener que pagar las cuentas e ir al supermercado.

En los lugares de trabajo, la opinión es unánime: “la plata no alcanza”. Las compañeras y compañeros hacen malabares. Todos están endeudados, con las tarjetas de crédito al tope de tanto usarlas para comprar artículos de primera necesidad. Crece el pluriempleo: ya es común que, luego de terminar su jornada laboral, el compañero o la compañera complete ingresos haciendo algunas horas de UBER u otra aplicación, o con otra changa.

Para las patronales (sobre todo las extranjeras) es una fiesta: el costo salarial en dólares es el más bajo de los últimos quince años y uno de los más bajos de América Latina. Encima, en un país que se ha transformado en el más caro en dólares de toda la región.
El salario mínimo es un escándalo. Desde noviembre de 2023, su poder de compra se redujo un 33,5%. Está incluso más bajo que durante el menemismo: se encuentra en 296.832 pesos.

Hay trabajadoras y trabajadores del Estado que no llegan a 500 mil pesos. Un chófer de colectivos cobra 900 mil de bolsillo. Son salarios de hambre, rozando la indigencia.

Es absolutamente necesario y urgente un aumento salarial de emergencia, para que ningún trabajador o trabajadora del país gane menos que el valor de la canasta familiar calculado por las y los trabajadores de ATE Indec en 1.768.976 pesos. Además, que ese valor se actualice automáticamente mes a mes por la inflación. Es necesario reabrir todas las paritarias, sin techo, para que las distintas categorías de trabajadoras y trabajadores recuperen lo perdido.

Venimos de la movilización del 9 y del paro del 10 de abril. Luego estuvo la multitudinaria convocatoria del 30 de ese mes. Esta semana se dio el paro de la UTA y está abierto un fuerte conflicto en la UOM. Sobra bronca y ganas de luchar. Por eso, desde la corriente sindical nacional A Luchar y desde el sindicalismo combativo insistimos en que la CGT tiene que darle continuidad. La salida no puede ser una “reunión con los gobernadores” o ponerse al servicio de la campaña de Axel Kicillof. Se impone un nuevo paro nacional, ahora de 36 horas, y un plan de lucha, como herramientas indispensables para poder frenar el plan motosierra de Milei y el FMI.

*Foto de portada: En vez de reunirse con Kicillof, la CGT debe convocar a las y los trabajadores para organizar un paro de 36 horas

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hubo paro nacional de UTA, la UOM anunció el suyo para este miércoles, pero fue levantado por el dictado de la conciliación obligatoria. Se multiplican los reclamos por aumento de salario. Las y los jubilados siguen movilizándose los miércoles, siendo un ejemplo. Esto no se banca más. La CGT, después del fuerte paro general del 10 de abril y la marcha del 30 se reunió con Axel Kicillof, espera que el gobierno convoque a una “mesa de diálogo” y no fijó ninguna medida de continuidad. Un camino completamente equivocado. Hace falta un nuevo paro de 36 horas.
 
La miseria salarial y jubilatoria crece. Millones ven que sus ingresos pierden todos los días ante el aumento de los precios, las tarifas, el transporte y los alquileres. Los colectivos y el subte volvieron a aumentar en CABA. También lo hicieron la luz y el gas. La inflación en marzo saltó al 3,7% y se espera que en abril ronde el 3%. ¡Mientras las patronales y el gobierno quieren imponer paritarias al 1% mensual! Una locura. El salario mínimo, vital y móvil, por ejemplo, no llega a 300 mil pesos y la jubilación mínima con el bono está en 366 mil, montos directamente de indigencia.

A esto hay que sumarle los despidos que se anuncian en el Estado y los que se están dando por la recesión. Esto ha llevado a que 2.5 millones de personas tengan que laburar en varios lugares y con changas con jornadas esclavizantes de 16 horas diarias. Encima hay que escuchar a Javier Milei decir que los salarios le vienen ganando a la inflación o que hay 10 millones menos de pobres.

¿No hay plata para aumentar a la docencia, jubiladas y jubilados, al personal de salud o para reactivar la economía? Claro que sí. Pero Milei se la sigue entregando al FMI. Este lunes se acaban de pagar otros 620 millones de dólares por intereses de la deuda mafiosa (ver nota en esta página).
Esta situación de extrema desesperación ha generado una bronca enorme que se manifestó en el fuerte paro general que la CGT estuvo obligada a convocar el 10 de abril, luego de casi un año de pacto con el gobierno. El paro demostró que, a pesar de la bronca que hay contra la burocracia sindical, cuando a la clase trabajadora se la convoca, responde.

El paro de la UTA de este martes salió desde abajo y la firme postura de delegados de distintas líneas que lo exigían. La UOM estuvo obligada a convocar a un paro nacional para este miércoles. Los judiciales autoconvocados de Córdoba están en plan de lucha. La insatisfacción por los salarios miserables crece en los distintos lugares de trabajo, pero si no hay convocatorias de los dirigentes para salir a pelear, es difícil enfrentar a las patronales y a los gobiernos ante el miedo a quedar despedido o a los descuentos. Esto lo sabe la CGT. Por eso muchos dirigentes creerán que el paro del 10 fue para “descomprimir” y que ahora les llegó el momento de volver a una mesa de diálogo. La CGT tras la marcha del 30 se reunió con Kicillof, mostrando una política funcional al peronismo, repudiable.

Esta política fue duramente cuestionada por el referente nacional del sindicalismo combativo y de nuestro partido Rubén “Pollo” Sobrero. Tras la marcha del 30 dijo: “La CGT pide aumento de salario y jubilaciones, paritarias libres y contra los despidos. Pero para eso hay que darle continuidad a la pelea con un plan de lucha nacional, no reunirse con Kicillof y los gobernadores peronistas que aplican el ajuste o pedir una mesa de diálogo con este gobierno ultraderechista. Hace falta un nuevo paro de 36 horas si se quiere derrotar la embestida anti obrera de este gobierno hambreador entregado al FMI. ¡Basta de Milei! Que la plata vaya a salario y jubilaciones, no al Fondo Monetario”. En el mismo sentido se expresó la delegada del Sarmiento y diputada nacional (mc) de Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer en el día del paro de la UTA: “La CGT debe tomar nota de esta medida contra la miseria salarial. Junto a las CTA tiene que convocar a un nuevo paro de 36 horas y a un plan de lucha nacional como se lo exigimos desde el sindicalismo combativo, por un inmediato aumento de salarios y jubilaciones, paritarias libres, contra los despidos y contra todo el plan motosierra”.

Exigimos a la CGT, y en cada gremio, que los dirigentes convoquen a asambleas y plenarios de delegados de manera urgente para decidir cómo seguir la pelea para lograr un aumento inmediato de salarios y jubilaciones y poder torcerle el brazo a Milei, a las patronales, los gobernadores y el FMI. ¡Es la gran tarea del momento!

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los pagos de la denominada deuda externa y los pactos con el FMI fueron, son y serán un desastre para el país. El que acaba de firmar el gobierno, nos endeudó por otros 20 mil millones de dólares, los que se van a sumar a la deuda que viene desde el gobierno de Macri-Caputo 2018, totalizando un endeudamiento con el FMI por 57 mil millones de dólares. “La mayor exposición crediticia en la historia del FMI”, dijo el staff de ese organismo imperialista.   

Este lunes se pagaron 620 millones de dólares sólo en concepto de intereses por esa deuda, que se suman a los 593 pagados en febrero; 861 que se pagarán en agosto y 883 en noviembre, llegando en lo que va del año a 2.857 (Clarín, 5/5). Para tener una idea, ese monto representa 9 millones de jubilaciones mínimas.

Pero esto es solo una parte. Para el año 2030 Argentina va a terminar pagando la friolera de 30 mil millones de dólares. Volvemos a repetir, solo de intereses, de los cuales ya se pagaron durante los gobiernos de Macri, Alberto y ahora Milei 11.416 millones de dólares. Queda todavía todo el capital, que se mantendrá intacto, por 57 mil millones de dólares.

Vale aclarar que esta deuda es con el FMI. Hay otra “deuda” con los usureros internacionales privados, por la cual se van a pagar a mediados de este año 4 mil millones de dólares. Todo como parte de una deuda global, que en la era Milei asciende a 520 mil millones de dólares.

Se trata de una tremenda estafa ya que esa plata fue para aceitar la bicicleta financiera y porque es el cuento de nunca acabar, ya que se van generando intereses sobre intereses, una bola de nieve que crece y crece aunque se pague constantemente.

¿Qué tiene que ver el peronismo con todo esto? Muchísimo. Primero, porque el peronismo reconoció la usura de la deuda externa que viene de la dictadura militar y la pagó religiosamente bajo todos sus gobiernos. Segundo, porque si ahora Milei nos vuelve a endeudar, es para pagar el pacto que firmó Macri con el FMI en el año 2018, el cual fue avalado por el Congreso en pleno gobierno de Alberto y Cristina Fernández en el año 2022. Leandro Santoro, por ejemplo, el candidato peronista en CABA y actual diputado nacional, fue uno de los que votó a favor de ese pacto que reconoció la deuda de Macri. Además, Milei se valió de un DNU para volvernos a endeudar, que contó para que salga con el voto favorable de diputadas y diputados del peronismo.

El PJ le había enviado una carta al FMI diciendo que no iba a avalar el nuevo acuerdo de Milei. Pero el cuestionamiento central es que no salió por ley. ¿Acaso Cristina, Kicillof, los gobernadores peronistas y las y los diputados y senadores llamaron a una gran marcha nacional para desconocer el acuerdo Milei-FMI? Nada de eso ocurrió. Es pura pirotecnia electoralista.

En este año es bueno recordar que solo el Frente de Izquierda Unidad propone romper con el FMI, desconocer y dejar de pagar esta deuda ilegítima, usurera y fraudulenta, destinando esos fondos para aumentar los salarios, las jubilaciones, en salud, educación y vivienda. El único proyecto de ley que propone esa salida fue presentado por el FIT Unidad a instancias de nuestra diputada nacional (mc) de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer.
                                                       

Escribe Atilio Salusso

Adornado
Adorni fue con Milei a un acto en Lugano. Dicen que el vocero-ñoqui-candidato preguntó ¿por qué me llevan al conurbano? (sic). El evento contó con 300 militantes de las “fuerzas del cielo”, de los que hay que descontar decenas de guardaespaldas. Como dato de color mencionemos que el tándem ultraderechista, incluida Karina, fue custodiado por francotiradores del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF-Polícia Federal Argentina) con binoculares y fusiles de precisión y agentes antidisturbios. Milei estuvo sólo diez minutos, donde al final hubo repudio con chillosos silbidos.

Cocaína
Otra de Bullrich. Hizo un gran despliegue mediático viajando a Santa Fe para atribuirse el hallazgo de 470 kilos de cocaína en un buque de Vicentin. La ministra gendarme dio la orden: “Es un año de elecciones, digan que la incautamos nosotros”. Simuló que el operativo, llamado Cereales Blancos, lo habría logrado, cuando se descubrió que fue el capitán de la embarcación quien encontró la droga en las cámaras frigoríficas de la nave. Hecho que nos da la razón: por los puertos privatizados y la Hidrovía del Paraná viaja la droga, con la complicidad de los gobiernos de turno.

$LIBRAnos
El cuestionado Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue a Diputados para dar la cara ante la interpelación por la estafa cripto. Venía golpeado, desautorizado por el propio Milei diciendo que por encima de él está el monotributista Santiago Caputo. Lo abandonaron Caputo y Cúneo Libarona, que tenían que acompañarlo. Francos la pasó mal. Quiso justificar semejante delito presidencial diciendo que fue “un negocio entre privados para beneficiar al país”. Pero ante las repreguntas a Martín Menem no le quedó otra que llamar a varios cuartos intermedios. ¿Y los cien palos verdes? ¿No eran para fomentar a las pymes?

Cónclave
Después de la bruma por el fallecimiento del denominado “papa de los pobres”, el Vaticano volvió a la normalidad. Las peleas intestinas por la continuidad llenan las páginas de los diarios. Tuvieron que frenar al cardenal Angelo Becciu. Quería votar a pesar de ser condenado por fraude fiscal, abuso de poder y malversación de fondos por un millón de euros a través de Cáritas. Al que mencionan como principal sucesor, el segundo de Francisco, Pietro Parolin, fue denunciado por encubrir la pedofilia eclesial. Y por si faltara algo se sumó Donald Trump, publicando una foto por inteligencia artificial vestido de papa. 

Escribe Adolfo Santos

Bajo la denominación “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, el gobierno ultraderechista de Javier Milei publicó la resolución 347/2025 que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones en zonas fronterizas. La medida, de flagrante ilegalidad, busca involucrar a los militares en actos represivos a trabajadoras y trabajadores, pueblos originarios e inmigrantes de países vecinos.

En una imitación burda de las medidas adoptadas en Estados Unidos por Donald Trump, desde el gobierno señalan que la “Operación Roca” servirá para planificar y prevenir la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y las redes de trata en la frontera norte y noreste. Además de ilegal, la justificación de la medida es falsa. Recientemente, el gobierno implementó un blanqueo que permitió a los grandes capos narcos legalizar el dinero proveniente del crimen y la comercialización de drogas. Además, mantiene en manos privadas los puertos que controlan el tráfico de la Hidrovía Paraná-Paraguay por donde sale el mayor contrabando de granos, armas y hasta el tráfico de personas.

La medida tiene otros objetivos. Este gobierno negacionista intenta, por un lado, rehabilitar a las Fuerzas Armadas asignándole tareas de seguridad interna. Pretende profundizar la política represiva contra los movimientos sociales, para impedir la protesta y frenar el aumento del descontento popular frente a la crisis económica. Para eso, van corriendo los límites. Así como cada miércoles utilizan todas las Fuerzas de Seguridad que dispone el Estado, (Policía Federal, Gendarmería, Policía de la Ciudad y PSA), contra las y los jubilados, ahora quieren habilitar a las Fuerzas Armadas para la represión.

En este operativo, el gobierno quiere enviar hasta 10 mil militares a las provincias de Salta, Jujuy y la Triple Frontera, que se sumarían a la Gendarmería. La Operación Roca, se integraría al Plan Güemes, apoyado por el gobernador “massista” Gustavo Sáenz, que no atrapó a ningún gran narcotraficante, ni tratante de personas. Su único resultado fue el asesinato del trabajador informal Fernando Gómez en la frontera, en Orán, Salta. En vez de asistir a las regiones alejadas reforzando gastos para salud o educación, mandan militares, municiones y alambre de púas para cercar la frontera. Mientras tanto las drogas y el contrabando, en gran escala, viajan de avión o pasan tranquilamente mediante jugosas coimas a los operativos de control.

Frenar el intento de militarización del gobierno

El nombre con que el gobierno ha designado el operativo es otra provocación. Julio Argentino Roca está relacionado a la usurpación, saqueo y muerte de pueblos originarios que habitaron nuestro país. Justamente, este operativo actuará en zonas que coinciden con los espacios que a diario transitan estas comunidades a ambos lados de la frontera y que, frecuentemente, son criminalizados, (una práctica habitual de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que ha realizado una persecución feroz contra el pueblo mapuche). En esos lugares, el gobierno ordena la intervención militar en tareas de vigilancia y control y lo hace bajo normas secretas, incompatibles con las tareas de control ciudadano. La seguridad interior no está alcanzada por estándares secretos como si  se tratara de un conflicto bélico contra una potencia extranjera.

No hay motivos que justifiquen la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. La militarización de las fronteras es un primer paso para continuar corriendo los límites y ampliar la represión interna contra los que luchan. Además, la resolución mantiene en secreto las Reglas de Empeñamiento del Ejército (RDE) que, entre otras cosas, dispone las restricciones de esa fuerza para el uso de armas contra ciudadanos o la detención de los mismos. Si pueden mantener el secreto de sus operaciones, tendrán carta blanca para actuar en la ilegalidad.

Repudiamos la política represiva y reaccionaria del gobierno de criminalizar la protesta y perseguir a los inmigrantes. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, llamamos a la más amplia unidad de acción para impedir que las Fuerzas Armadas actúen en la represión interna y a exigir la revocación de la resolución Operación Roca.