Escribe Adolfo Santos

El jueves 6, el Frente de Izquierda se movilizó frente al Congreso junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, el Observatorio de Tierras, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Plenario del Sindicalismo Combativo, organizaciones de jubiladas y jubilados y una importante presencia de la juventud representada por sus centros de estudiantes. 

En horas de la tarde realizó un acto unitario para manifestar el repudio al megaproyecto del gobierno que, originalmente, contenía un capítulo sobre la extranjerización de la tierra. Hablaron Celeste Fierro por el MST, Romina del Plá en nombre del PO, Juan Carlos “Gringo” Giordano por Izquierda Socialista y Myriam Bregman del PTS fue la última oradora por parte de los partidos del Frente de Izquierda. Giordano, quien estuvo acompañado por la diputada bonaerense y delegada ferroviaria Mónica Schlotthauer y la secretaria general de Ademys Soledad Mosquera resaltó que la caída del capítulo de extranjerización de la tierra fue gracias a la gran movilización realizada en todo el país. Llamó a continuar la lucha hasta derrotar el conjunto de la ley y exigió a la CGT que convoque un paro y plan de lucha para derrotar al gobierno. “Para defender a la patria hay que romper con el FMI, con Donald Trump y dejar de pagar la deuda externa” finalizó. , para dar lugar a un festival y demás referentes de las organizaciones convocantes.

Antes de que el acto y el festival preparado por las organizaciones convocantes fuera interrumpido por la brutal represión, fue el turno de las organizaciones ambientalistas. Nicolás Núñez, dirigente de Izquierda Socialista y de Ambiente en Lucha dijo: “La fuerza construida a través de la unidad produjo la caída de una parte de esta ley”. Denunció la violenta represión y pidió “mantener la unidad en la lucha para resistir e impedir que este proyecto sea aprobado en Diputados” [...] “Vamos a pelear por un futuro distinto, donde la tierra no sea de los oligarcas de la Sociedad Rural que apoyan esta ley, sino de los que la trabajan y donde las riquezas que se generan en nuestro país, no se la lleve el FMI ni los pagos de una deuda externa fraudulenta”.

Foto de portada: Senador Joaquín Benegas Lynch

Escribe Camila Urquiza

Los Benegas Lynch no llegaron a la política con Javier Milei. La familia arrastra más de un siglo de vínculos con el poder económico, el conservadurismo y la gran propiedad. Entre sus antepasados aparecen Tiburcio Benegas Ortiz, gobernador de Mendoza y fundador de Trapiche, y Robustiano Patrón Costas, empresario azucarero, senador conservador y candidato presidencial en 1943. Alberto Benegas Lynch, abuelo de los actuales legisladores, fue empresario vitivinícola y difusor de las ideas liberales en la Argentina.

La tradición continuó con su hijo, Alberto Benegas Lynch (h), economista al que Milei reivindica como referente intelectual. Dos de sus hijos ocupan bancas por La Libertad Avanza. Alberto “Bertie” Benegas Lynch es diputado nacional y Joaquín Benegas Lynch, senador por Entre Ríos. En el caso de Joaquín, el vínculo con la tierra es también su negocio.

Joaquín es fundador y director de Glocal Terra, empresa dedicada a captar inversiones, intermediar en operaciones inmobiliarias rurales, valuar propiedades y administrar campos. La compañía asegura haber participado en transacciones por más de tres millones de hectáreas en América Latina y valuado más de 400 mil hectáreas. Su cartera incluye campos agrícolas, ganaderos y forestales, extensiones destinadas a conservación y propiedades de lujo.

Glocal Terra trabaja en Argentina y otros países de la región con propietarios e inversores. Benegas Lynch defendió su intervención en el debate parlamentario pese a las acusaciones de conflicto de intereses y comparó su situación con la de un médico que vota una ley sanitaria.

Ahí aparece el punto central. Joaquín Benegas Lynch ocupa una banca en el Senado mientras dirige una empresa cuyo negocio gira alrededor de la compraventa y administración de grandes extensiones rurales. La discusión sobre la extranjerización de la tierra toca intereses mucho más cercanos de lo que el discurso libertario pretende mostrar.

Escribe Camila Urquiza

Aunque el Gobierno tuvo que retirar los apartados sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mantuvo uno de sus capítulos más graves: el que acelera los desalojos de viviendas que recorta las posibilidades de defensa de millones de familias inquilinas. 

El proyecto establece que los juicios de desalojo se tramiten de forma sumarísima. Ante una deuda, el propietario puede intimar al inquilino y darle al menos diez días para pagar. Pero durante el juicio el proyecto permite que un juez ordene la restitución del inmueble antes de una sentencia definitiva. El violento operativo de desalojo este lunes 10 de una comunidad originaria de Santa Rosa, en Humahuaca, con varios heridos por las fuerzas represivas, prueba que no se necesita endurecer la ley cuando ya se cuenta con una justicia patronal.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, lo resumió así: “primero se desaloja, después te defendés”. La organización denuncia que, en determinadas situaciones, una declaración del propietario podría terminar en una orden de restitución en 72 horas, antes de resolverse el fondo del conflicto. 

La ley llega en medio de una crisis habitacional enorme. La Encuesta Nacional Inquilina de junio, realizada sobre 808 hogares de 16 provincias, muestra que más del 70% de los hogares que alquilan arrastra deudas. Entre los endeudados, un 55% recurrió a créditos para comprar alimentos y un 37% para pagar el alquiler. Cerca del 30% se encuentra en emergencia habitacional.

Es sobre esas familias que el Gobierno pretende acelerar los desalojos. Trabajadoras y trabajadores que pierden poder adquisitivo, se endeudan para comer o llegan con dificultad a fin de mes pueden quedar expuestos a mecanismos cada vez más rápidos para perder su vivienda. La ley transforma una crisis social provocada por los bajos salarios, el ajuste y los alquileres impagables en un problema que se resuelve expulsando al inquilino.

Hay que seguir peleando para impedir que Diputados convierta este proyecto en ley. Desde Izquierda Socialista planteamos un plan nacional de viviendas populares, créditos accesibles, impuestos progresivos a las grandes propiedades ociosas y el uso de tierras públicas para resolver las necesidades habitacionales. Los recursos tienen que salir de dejar de pagar la deuda externa y de afectar los grandes negocios inmobiliarios, garantizando el derecho a una vivienda digna para el pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Uno de los capítulos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada aprobados en el Senado fue el relativo al cambio del régimen sobre expropiaciones. 

Ya la legislación vigente es tremendamente pro-patronal: plantea que sólo se puede expropiar previa declaración de “utilidad pública” y pagando el valor correspondiente de la empresa o propiedad en cuestión. Así, patronales que han realizado las mil y un tropelías, como echar trabajadores, vaciar la planta, no pagar impuestos o cargas patronales, destruir el ambiente y que además se han embolsado superganancias, luego cuando entregan la empresa todavía exigen el pago por el “valor” de la compañía. E incluso llevan esto a juicio a tribunales internacionales. Tales fueron los casos de YPF o Aerolíneas Argentinas.

Sturzenegger a favor de las grandes empresas 

La definición de “utilidad pública” se hace más restrictiva, se exige una definición específica y concreta, incluyendo el fin perseguido luego de la expropiación, demostrando, se dice textualmente  “que la medida es idónea, necesaria y proporcional”. Todo servido en bandeja para que la empresa sujeta a expropiación pueda ir a juicio y, seguramente, que le dé la razón la justicia patronal.

Se modifica el cálculo del valor del bien a expropiar, incorporando ya no sólo el monto contable sino también “los daños directos” y, peor aún, el “lucro cesante”. ¡Habrá que pagar lo que supuestamente ganaría la empresa en el futuro!

Del mismo modo, el valor del bien se fija tomando como referencia el período previo al anuncio de expropiación. Explicamos: la empresa sujeta a expropiación obviamente ya vale menos, pero se considera su valor “anterior”, obviamente superior.
Por último, se determina que el Estado no podrá tomar posesión del bien antes de haber pagado efectivamente la expropiación. Un “vía libre” para que las patronales vacíen la empresa. 

En síntesis, una legislación desvergonzadamente pro patronal y pro-imperialista, a la medida de lo que se puede esperar de este gobierno entreguista.

Foto de portada: A la izquierda, Comisario Gustavo Gauna


Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Muchos medios dijeron que el jueves 6 hubo “violencia”. No. Lo que hubo fue una despiadada represión policial (violencia estatal) contra una marcha pacífica, en la que participaron hasta niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. El objetivo, como siempre, fue desalojar la Plaza Congreso con carros hidrantes, gases y balas de goma para evitar que hubiera más masividad de gente que se iba sumando tras la salida de sus trabajos.

A tal punto llegó la salvajada e impunidad policial que el comisario inspector de la Federal, Gustavo Gauna, fue fotografiado disparando con una escopeta vestido de civil y sin identificación.

Más de 1.500 personas fueron heridas, una fotorreportera quedó internada con traumatismo de cráneo y hubo 29 detenidos (ya liberados). Se vio a policías con gomeras, itacas tirando a la cara y levantando luego los casquillos del suelo para limpiar la escena del crimen.
La cacería duró cinco horas, hasta la noche. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad pidió investigar los hechos como atentado al orden constitucional y que se aplique la Ley Antiterrorista que viene del gobierno de Cristina Kirchner.

Las y los manifestantes no son violentos, golpistas, ni terroristas (lo mismo dijeron contra los que se movilizaron contra la Ley Bases). Esa sucia campaña es para confundir e intentar tapar la única realidad, que son este gobierno y sus fuerzas represivas los responsables de atentar contra el pueblo trabajador votando leyes de saqueo y entrega, maniobra que en este caso les fracasó. ¡Basta de represión! ¡Castigo a los culpables!