Escribe Camila Urquiza

Aunque el Gobierno tuvo que retirar los apartados sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mantuvo uno de sus capítulos más graves: el que acelera los desalojos de viviendas que recorta las posibilidades de defensa de millones de familias inquilinas. 

El proyecto establece que los juicios de desalojo se tramiten de forma sumarísima. Ante una deuda, el propietario puede intimar al inquilino y darle al menos diez días para pagar. Pero durante el juicio el proyecto permite que un juez ordene la restitución del inmueble antes de una sentencia definitiva. El violento operativo de desalojo este lunes 10 de una comunidad originaria de Santa Rosa, en Humahuaca, con varios heridos por las fuerzas represivas, prueba que no se necesita endurecer la ley cuando ya se cuenta con una justicia patronal.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, lo resumió así: “primero se desaloja, después te defendés”. La organización denuncia que, en determinadas situaciones, una declaración del propietario podría terminar en una orden de restitución en 72 horas, antes de resolverse el fondo del conflicto. 

La ley llega en medio de una crisis habitacional enorme. La Encuesta Nacional Inquilina de junio, realizada sobre 808 hogares de 16 provincias, muestra que más del 70% de los hogares que alquilan arrastra deudas. Entre los endeudados, un 55% recurrió a créditos para comprar alimentos y un 37% para pagar el alquiler. Cerca del 30% se encuentra en emergencia habitacional.

Es sobre esas familias que el Gobierno pretende acelerar los desalojos. Trabajadoras y trabajadores que pierden poder adquisitivo, se endeudan para comer o llegan con dificultad a fin de mes pueden quedar expuestos a mecanismos cada vez más rápidos para perder su vivienda. La ley transforma una crisis social provocada por los bajos salarios, el ajuste y los alquileres impagables en un problema que se resuelve expulsando al inquilino.

Hay que seguir peleando para impedir que Diputados convierta este proyecto en ley. Desde Izquierda Socialista planteamos un plan nacional de viviendas populares, créditos accesibles, impuestos progresivos a las grandes propiedades ociosas y el uso de tierras públicas para resolver las necesidades habitacionales. Los recursos tienen que salir de dejar de pagar la deuda externa y de afectar los grandes negocios inmobiliarios, garantizando el derecho a una vivienda digna para el pueblo trabajador.