Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Un DNU que amplía de forma inédita las facultades de la SIDE, legalizando el espionaje interno, la persecución política y la represión encubierta. 

Ingresó al Congreso el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia y amplía de manera extraordinaria las facultades de la SIDE, habilitando un esquema de espionaje interno, persecución política y represión encubierta contra quienes se oponen a las políticas del gobierno. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para expedirse. Si no lo hace, ambas cámaras, Diputados y Senado, podrán tratar y rechazar el decreto en el recinto. Está en juego nada menos que la defensa de las libertades democráticas.

Milei legaliza el espionaje y le da impunidad

Con este decreto, el gobierno blanquea y refuerza el accionar clandestino de los servicios de inteligencia, otorgándole un marco “legal” a prácticas históricamente ligadas a la persecución política y la impunidad estatal. El DNU define las actividades de la SIDE como “actividad reservada”, lo que implica la ausencia de control público y judicial.

Entre los puntos más graves, el DNU habilita a la SIDE a detener personas ante supuestos casos de “flagrancia”, una facultad inédita en democracia para un organismo de inteligencia y que abre la puerta a una policía secreta paraestatal. La redacción ambigua permite incluir bajo vigilancia a opositores políticos, manifestantes, periodistas, militantes sociales e incluso a usuarios de redes.

A su vez, autoriza la coordinación con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y las policías, bajo el pretexto de “optimizar recursos” en tareas de contrainteligencia y “ciberseguridad”. De esta manera, se rehabilita la doctrina del enemigo interno, un concepto propio de los períodos más represivos de la historia argentina.

Rechazo de organismos de derechos humanos

El DNU generó un repudio inmediato. Decenas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Huésped y Greenpeace, denunciaron el decreto como un ataque a las libertades democráticas. Además, realizaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de la ONU.

En su texto, advierten que el DNU obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, habilitando la vigilancia masiva; no prevé controles ciudadanos ni institucionales efectivos; establece que todas las actividades sean encubiertas, garantizando la impunidad; otorga facultades de detención a agentes de inteligencia; y permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, entre otros señalamientos.

Un cheque en blanco al aparato represivo

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda denunciamos este decreto como un cheque en blanco para fortalecer el aparato represivo del Estado. La SIDE ha sido históricamente responsable de espionaje ilegal, operaciones mafiosas, encubrimientos y crímenes contra luchadores populares, al servicio de los gobiernos de turno y del poder económico.

Mientras el Presupuesto 2026 otorgó aumentos millonarios a la SIDE (ver "Para espiar y vigilar sí hay plata"), el gobierno profundizó la motosierra sobre salud, educación, jubilaciones y políticas sociales. El DNU 941/25 marca un salto represivo del gobierno ultraderechista de Milei, que combina un brutal ajuste con represión. Por eso llamamos a rechazar este decreto y a movilizarse en defensa de las libertades democráticas. Decimos con claridad: abajo el DNU 941/25. Disolución de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia y espionaje.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

De acuerdo con el informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina sobre la ejecución del Presupuesto 2025, se registra una contracción real del gasto público del 29% interanual en relación con 2023. Salud y Educación son las áreas más afectadas por el ajuste, mientras que Seguridad aparece entre las más beneficiadas. De este modo, quedan en evidencia las prioridades de un gobierno que, mientras ajusta y reprime al pueblo trabajador, recauda fondos para pagar la deuda externa.

Del informe se desprende que, mientras los hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la Anmat registran caídas que superan el 20%, organismos como el Conicet, el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA pierden entre un 25% y un 40% de sus recursos. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia, incrementó sus fondos en un 52%.

Esta drástica reasignación de partidas, que aplica la motosierra en salud y educación pero potencia las capacidades de control e inteligencia, deja en claro la orientación elegida por el gobierno de ultraderecha. La estrategia económica de Javier Milei, subordinada al pago de la deuda externa, confirma que para espiar y vigilar sí hay plata.

Escribe Agustín Blanco

En plena ola de calor, con sensaciones térmicas que superaron los 40 grados, el AMBA volvió a quedar a oscuras. En los últimos días, entre 800 mil y casi un millón de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron apagones masivos que se extendieron durante horas. Barrios enteros sin luz, semáforos apagados, subtes con demoras y hogares sin ventilación en el momento de mayor demanda eléctrica del año.

Las distribuidoras privadas, como Edenor y Edesur, operan una red degradada, con falta de inversión estructural y sin capacidad para absorber picos de consumo previsibles. La infraestructura eléctrica del AMBA muestra señales claras de colapso cuando el calor aprieta.

La paradoja es evidente: mientras el servicio falla, las tarifas no paran de subir. Durante 2025, los usuarios acumularon aumentos muy fuertes en las boletas de luz, con subas interanuales que en algunos casos superaron el 100% y que, desde la quita de subsidios, implicaron incrementos acumulados de varios cientos por ciento. Lejos de frenarse, esa dinámica se profundiza en 2026.

En medio de los apagones, el Gobierno confirmó nuevos aumentos desde enero de 2026, con subas oficiales de alrededor del 2,3% para Edenor y 2,2% para Edesur. Aunque presentados como ajustes “moderados”, estos incrementos se suman a boletas ya infladas y se combinan con un nuevo recorte de subsidios, que reduce los topes de consumo subsidiado y empuja a miles de hogares a pagar tarifa plena. En la práctica, el impacto final en las facturas es muy superior al porcentaje anunciado.

Según relevamientos recientes, el gasto mensual en servicios públicos para un hogar promedio del AMBA ya supera ampliamente niveles que resultan difíciles de sostener para la mayoría de los ingresos familiares.

El resultado es un esquema donde los usuarios pagan cada vez más por un servicio cada vez peor, mientras las empresas garantizan su rentabilidad sin realizar las inversiones necesarias. La lógica de la privatización muestra su límite.

Si la energía es un servicio esencial, no puede seguir funcionando como un negocio privado. La reestatización integral del sistema eléctrico, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, permitiría orientar la planificación, las inversiones y el mantenimiento de la red a garantizar el derecho a la energía y no la rentabilidad empresarial.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y nuestra corriente sindical A Luchar nos hicimos presentes con una delegación de docentes, ferroviarios y parte de la directiva del sindicato de municipales de Vicente López en el festival realizado el pasado sábado 17, en apoyo a la lucha por la reincorporación de las y los despedidos de Lustramax. Junto a nuestra diputada provincial y dirigente ferroviaria Mónica Schlotthauer, aportamos al fondo de lucha 500 mil pesos y llevamos nuestra solidaridad a esta lucha testigo contra la reforma laboral que las patronales negreras y chupasangre, como Lustramax, buscan aplicar de hecho, amparadas en figuras repudiables como la senadora libertaria Florencia Arietto.

Seguiremos apoyando las luchas para que triunfen, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo, reclamando a la CGT y a la CTA un paro general y plan de lucha para frenar los despidos y derrotar la reforma laboral esclavista de Milei y el FMI.
¡Si gana Lustramax, gana la clase trabajadora!

Corresponsal

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista

A un año de la primera gran marcha del orgullo antifascista y antiracista ante los nefastos dichos de Javier Milei en Davos, el movimiento feminista de mujeres y disidencias, está convocando a volver a salir a las calles el sábado 7 de febrero en todo el país.

Recordemos que el #1F en el 2025 fue la primera movilización masiva autoconvocada que marcó el camino para muchas de las luchas que se dieron contra el gobierno ultraderechista. Pero esta movilización no solo tiene que ser una conmemoración ante el aniversario de la fecha, sino tiene que volver a ser un puntapié fundamental para todas las peleas que tenemos que dar, por nuestros derechos y a pocos días del tratamiento de la reforma laboral esclavista en el Senado que, de aprobarse, sobre todo, afectará con más brutalidad a mujeres y disidencias.

Solo en el 2025 hubo un aumento de los crímenes de odio del 70% al colectivo de las disidencias. El gobierno ha recortado y eliminado presupuestos para la prevención y tratamiento del HIV. Hay una política constante de ataque brutal contra el movimiento que ha resistido en las calles y que tenemos que seguir impulsando. Por eso, esta convocatoria tiene que ir creciendo en unidad con todas las luchas en curso. Es importante sumarle a la convocatoria el aspecto antiimperialista y antisionista, ante la invasión de Donald Trump en Venezuela y el crecimiento de las luchas en apoyo a Palestina a nivel mundial. En el AMBA se está preparando una semana de lucha, que empiece el 7F con una movilización del Congreso a Plaza de Mayo y movilizando de manera masiva también el día que se trate la reforma laboral esclavista. Exigiendo a las burocracias sindicales que convoquen a un paro general y plan de lucha. Sigamos construyendo en todo el país asambleas para preparar la convocatoria del 7F.